Tendencioso, cruel, inhumano, podrían ser algunos calificativos con los que se podría definir el titular publicado en la noche de ayer por un medio de comunicación: «Ángel Ron, a la cárcel». No era el verdadero titular de la noticia sino lo que aparecía en redes sociales o en aplicaciones de mensajería. Una vez que se pinchaba en el enlace, aparecía el verdadero.

Captura de pantalla de cómo se compartía la nota en redes y aplicaciones de mensajería

Desde luego es impactante, pero, tras la lectura de la noticia, está claro que lo que se pretendía era buscar la atención del lector ya que se gestiona una información en la que se habla de las presiones de la JUR, del error de aplicar el MUR en el Caso Banco Popular y de la necesidad de encontrar un culpable y se afirma que la pretensión es que fuera Ángel Ron quien fuera condenado para que el resto de protagonistas de la operación quedara libre de cualquier tipo de pecado, mortal o venial. ¿Qué tienen que decir ahora los despachos de abogados con conflicto de interés con el Santander, algunos tras crear plataformas o tras haber tenido la confianza del propio Ron (confianza que perdieron hace tiempo), que indicaban que la única solución para recuperar el dinero estaba en ir contra la JUR?

Tal vez tendrían que ser otros los que pasaran unas horas en el lugar que indica el titular de esta nota, posiblemente algunos de los que forman parte del sponsor con el que se cierra la noticia. El mero hecho de que la publicidad que acompaña a la nota, indica demasiadas cosas.

Lo peor es el daño personal y el sufrimiento que pueden generar este tipo de titulares tendenciosos. En España hay mucha gente que se ha acostumbrado a leer sólo los titulares cuando les llegan a través de redes sociales o de aplicaciones de mensajería y encontrarte con algo así. Además de que nos afecta a todos en los medios de comunicación porque da la sensación de que hay barra libre y que todos hacemos uso de ella. Ese es el problema del amarillismo.

El ex presidente del Banco Popular habrá podido cometer errores en su gestión, como todos los seres humanos, pero han sido todos los organismos públicos y el propio Santander los que han dicho públicamente que, en primer lugar, las cuentas del Popular estaban bien y, en segundo término, que la caída de la entonces sexta entidad financiera de España fue provocada por una grave crisis de liquidez originada en el segundo trimestre de 2.017, es decir, durante el mandato de Emilio Saracho.

No estamos calificando de errónea la información dada por ese medio. Dios nos libre de pensar así. Se citan fuentes del Santander, fuentes que, según ha podido saber Diario16, podrían haber sido el hilo conductor entre Ausbanc y la entidad cántabra, con posibles lazos familiares con altos cargos de la Justicia.

Una información de ese calado debería haber ido acompañada de un soporte documental, tal y como realizamos en este medio cuando nos referimos a aspectos relacionados con el Banco Popular y las instituciones que tuvieron una participación directa o indirecta en la operación diabólica. Unas veces publicamos el documento y otras no, pero obra en nuestro poder.

Esos documentos ya han sido entregados a la Audiencia Nacional y, gran parte de ellos, aceptados por indicación de Antonio Romeral, Fiscal Anticorrupción, tal y como podemos comprobar:

Documento de Fiscalía Anticorrupción instando al juez a aceptar la documentación aportada por Diario16

Entonces, ¿por qué tiene que ser Ron el que vaya a la cárcel cuando hay otros responsables?

No es Ron quien debiera entrar en prisión, tendrían que ser otros los que fueran condenados por el Caso Banco Popular y es significativo el hecho de que, después de casi un año y medio de la intervención y la posterior venta por un euro al Santander, con la consiguiente ruina de más de 305.000 familias, la Audiencia Nacional no haya llamado aún a nadie a declarar. Todo parece indicar que el juez Andreu lo hará cuando haya analizado la documentación recibida, algo que tardará muchos meses después de que el Santander entregara 100.000 folios tras un requerimiento de la Audiencia.

Nuestros lectores saben ya, en base a los miles de folios de documentación que manejamos del Caso Banco Popular, quiénes podrían ser los posibles culpables. Sin embargo, ni siquiera habiendo sido atacados directamente por alguno de ellos, se nos ha ocurrido titular así precisamente por nuestra ética y por el daño que podríamos causar. En estas páginas hemos visto cómo las firmas de Emilio Saracho no coinciden y que precisan de un peritaje que la Audiencia aún no ha ordenado; cómo el FROB inició el proceso de resolución varios días antes de la intervención; cómo se realizó la venta fuera del plazo marcado por el propio FROB; cómo la JUR ha cometido multitud de irregularidades; cómo el Banco de España negó un ELA; cómo el equipo de Emilio Saracho ocultó al Consejo de Administración y a las autoridades supervisoras la existencia de ofertas tanto de ampliación de capital de, al menos, cuatro grandes bancos internacionales como de venta de activos no estratégicos; cómo el despacho de cabecera del Santander daba las instrucciones para declarar la inviabilidad o el plan de comunicación para el Día R; cómo Emilio Saracho firmó un contrato con Uría y Menéndez cuando aún no ostentaba ningún tipo de poder para cerrar un acuerdo de este tipo en nombre del Popular. Son muchas cosas más, pero, a pesar de poseer toda esta documentación no se nos ocurriría entrar en el amarillismo que, con algunas informaciones que tenemos, podríamos aplicar. Todo ello por una razón: por ética y por conocer los daños personales que se le pueden causar a un ser humano y a su familia. Precisamente porque este autor cree, desde la Teología de la Liberación, que Jesucristo era dios, se puede expresar la humanidad y la ética escribiendo de este modo.