En estos días los afectados del Caso Banco Popular están confundidos ante la repentina aparición de dos sentencias, una de ellas «firme», en la que se ha condenado al Grupo Santander a devolver el dinero invertido en la ampliación de capital del año 2.016 soportando estas decisiones en que en el folleto informativo no se dio, presuntamente, la información veraz de la situación real del Banco Popular. Esta argumentación es la misma que se utilizó en el caso de la salida a Bolsa de Bankia y, tal y como hemos analizado y afirmado en Diario16, el Caso Popular no es lo mismo que el Caso Bankia porque, en primer lugar, y esto es fundamental para entenderlo, los afectados no perdieron su dinero por la ampliación de capital sino por la gestión de Emilio Saracho y de todos los actores que estuvieron implicados en una operación diabólica que tenía como objetivo principal rescatar al Banco de Santander. En segundo lugar, estas sentencias, por mucho que sean firmes, son una vía que tiene caducidad porque los recursos por parte del Grupo Santander en la jurisdicción española o en la jurisdicción europea provocarán que se alarguen los plazos. En tercer lugar, ¿es casual que cuando las informaciones y la documentación publicadas por Diario16 van acorralando aún más al Santander y a todos los implicados en la operación comiencen a surgir sentencias en primera instancia favorables a los afectados que compraron sus acciones en la ampliación de 2.016? ¿Es casual que, en comparación con la lentitud del juez Fernando Andreu o con los plazos dilatados de nuestra Justicia, comiencen a surgir sentencias que favorecen claramente la estrategia del Santander? Ante las revelaciones documentales de Diario16 resulta muy extraño cómo la Audiencia Nacional no haya ordenado de inmediato la adopción de medidas cautelares o que no se haya citado a declarar a las personas citadas en la documentación que demuestra cómo la caída del Popular fue el resultado de una operación para rescatar al Santander.

Por otro lado, la pasividad de la clase política y sindical ante la ruina de más de 305.000 familias de pensionistas, de trabajadores o de pequeños empresarios ya es demasiado dolorosa, no sólo para los afectados sino para la propia democracia española. ¿Para qué sirven entonces nuestros políticos o nuestros sindicatos si no defienden al pueblo y se pliegan, con su pasividad, ante las élites financieras nacionales e internacionales?

Los lectores de Diario16 y los afectados asisten a esta situación con preocupación y con resignación, y nos lo hacen saber a través de sus comunicaciones y sus comentarios a las noticias sobre el tema.

En estos once meses que han pasado desde la intervención hemos sido testigos de cómo la estrategia judicial del Santander se ha querido imponer. Por un lado, el banco cántabro, a través de sus servicios jurídicos, entre los que se encuentra el despacho Uría y Menéndez, ya afirmó en un juzgado de Barcelona que los recursos y querellas debían dirimirse en Europa y no en España porque fue la JUR la que tomó la decisión. No funcionó con las querellas, pero sí que funcionó con los recursos contencioso-administrativos que están en espera a que los tribunales europeos dictaminen. Por otro lado, la estrategia del Santander y de sus servicios jurídicos se basa en que las querellas y demandas no vayan encaminadas hacia la entidad cántabra.

Una parte de este segundo punto tiene mucho que ver con los despachos de abogados que están representando a los afectados. Algunos de estos bufetes crearon rápidamente plataformas que hacían ver a sus representados que la vía de reclamación más rápida era la civil utilizando los mismos argumentos que con Bankia. Para hacerlo efectivo afirmaron que la presunta manipulación de las cuentas venía desde la década de los años 90 del siglo XX y así captar a la gran mayoría de afectados. Lo que no afirmaron muchos de estos despachos era que tenían conflicto de interés con el Santander. En el momento en que lo confesaron, tal y como publicamos en Diario16 en el caso concreto de un prestigioso bufete, los afectados salieron huyendo.

Otros despachos intentaron convencer de que la mejor vía era la europea olvidando exponer lo complicada que es la estructura jurídica de la Unión Europea y los largos plazos procesales.

En esa orden de desviación también utilizaron la estrategia de centrarlo todo en los Consejos de Administración de Ron y Saracho cuando, en realidad, esa fórmula no garantizaba el cobro del dinero presuntamente estafado el día 7 de junio.

Ante esto, ¿por qué el Santander actúa siempre con una especie de Patente de Corso respecto a la Justicia? ¿El Estado está presuntamente utilizando a la Justicia para favorecer al Santander?