Documentos de la Junta Única de Resolución determinan que la decisión sobre el futuro del Banco Popular estaba tomada antes del día 7 de junio. Así queda demostrado en el siguiente extracto de la documentación a la que ha tenido acceso Diario16:

Como podemos comprobar, se da por hecho, en primer lugar, que Saracho declararía inviable al Popular y, en segundo lugar, que la licencia bancaria de la entidad iba a ser revocada. El concepto de impunidad en el que se movieron los actores principales de la operación se demuestra en este párrafo, sobre todo teniendo en cuenta todas las opciones que surgieron en los últimos días, principalmente a partir del día 2 de junio en que comenzaron a recibirse ofertas tanto de ampliación de capital como de venta de activos no estratégicos.

Recordemos que el mismo día 3 de junio el FROB, tras una reunión con Elke König, ya anunció a CaixaBank, Bankia, Sabadell, BBVA y Santander que el Popular iba a ser intervenido y que se abría un proceso de subasta para que las principales entidades financieras españolas pujaran para comprar el banco. Aún no se había producido la fuga masiva de depósitos que provocó la crisis de liquidez que llevó a Saracho a declarar la inviabilidad en base a las instrucciones recibidas desde Uría y Menéndez.

Sólo había una solución y no era otra que resolver la entidad, tal y como decidieron en esa reunión del 3 de junio a las 9 de la mañana a la que Jaime Ponce, presidente del FROB, convocó a Saracho en el correo electrónico que hemos publicado en este medio, un mail que venía precedido de otro de Elke König que tenía adjunto un documento cifrado que, posiblemente, sea del que estamos extrayendo estos fragmentos.

¿Cómo que liquidar la entidad en un procedimiento de insolvencia daría lugar a que los acreedores (accionistas y bonistas) sufrieran pérdidas mayores que en la resolución cuando la venta por un euro al Santander supuso la ruina de más de 305.000 familias?

Sin embargo, en ese documento hay más hechos que demuestran que la decisión estaba tomada desde muchos meses antes y que sólo había un procedimiento para salvar al Popular: la venta.

Por tanto, tenían claro que la resolución debía realizarse por medio de un procedimiento de venta excluyendo descaradamente cualquier otra opción, incluida la del concurso de acreedores porque, tal y como se ve en el documento de la JUR indican claramente que el concurso no va a favorecer a los acreedores (accionistas y bonistas).

La última frase es demoledora y muestra cómo, en realidad, se estafó a las más de 305.000 familias arruinadas: «los accionistas no incurrirán en mayores pérdidas de acuerdo con este dispositivo de resolución». ¿Mayores pérdidas? ¡Si lo han perdido todo y se les ha generado una situación de emergencia que con la indefensión que están sufriendo no tienen esperanzas de recuperar el patrimonio que se les hurtó una madrugada salvo que la Justicia actúe de manera implacable, justa, ética, digna e independiente!

Este documento de la JUR, que iremos desgranando en próximos artículos, es una demostración más de que el Santander necesitaba ser rescatado porque la situación real de sus cuentas era deficitaria, tal y como demuestran las auditorías de 2.017 y los resultados del primer trimestre de 2.018 en los que, entre otras cosas, podemos comprobar cómo en ese periodo el Santander hubiese perdido más de 26.000 millones de euros en activos sin el Popular.

¿Hasta dónde llega el poder de la entidad presidida por Ana Patricia Botín para que una institución cuyo objetivo máximo es la defensa del sistema financiero europeo se ponga a su servicio y, junto con la complicidad de los actores españoles (Luis de Guindos, FROB, CNMV, BdE, Saracho, Ministerio de Economía, etc.), permitan la ruina de más de 305.000 familias? Algún día se le terminará la impunidad y, en aras de la salud de nuestras instituciones, el Caso Banco Popular puede ser ese final.