Como venimos diciendo en Diario16, el día 2 de junio de 2.017 se decidió el futuro del Banco Popular. Ocurrieron muchas cosas ese viernes caluroso de finales de primavera. Por la mañana, Juan Miguel Goenechea, socio de Uría y Menéndez, envió al secretario del Consejo, Joaquín Hervada, las instrucciones sobre cómo había que anunciar la inviabilidad de la entidad. El despacho de referencia del Santander, además, remitió los planes a aplicar en el «Día R», entre los que, incluso, se encontraba el plan de comunicación tras resolución, intervención y venta al Santander. Por la noche, se produjo un cruce de correos entre Elke König, Jaime Ponce y Emilio Saracho en los que se preparaba la reunión que tendría lugar al día siguiente y de la que salió el plan por el que se iniciaba la intervención y la subasta del Popular, el Proyecto Hipócrates.

Sin embargo, aconteció otra cosa fundamental: Deutsche Bank se ponía en contacto con el Banco Popular para indicarle, entre otras cosas, que tras sus análisis y varias reuniones previas que el banco alemán había mantenido con grandes inversores e inversores institucionales, habían llegado a la conclusión de que estaban muy interesados en una ampliación de capital. Tal y como ya contamos en Diario16, esa ampliación garantizaba 2.000 millones de euros más otros 2.000 en base al nivel de captación. En concreto, el correo enviado por Israel Fernández del Sol a Miguel Escrig el día 2 de junio de 2.017 a las 19.45, dice, entre otras cosas, lo siguiente:

Es importante la frase «los inversores están positivos en relación a las probabilidades de ejecutar con éxito una ampliación de capital que disipe toda duda sobre la solvencia del banco y hacerlo rápido». No sólo había interés sino la ampliación que se podía haber realizado de manera inmediata. El día 5 de junio Emilio Saracho recibió la siguiente comunicación firmada por Antonio Rodríguez-Pina, presidente y consejero delegado de Deutsche Bank:

En esa misma comunicación, el presidente de Deutsche Bank indicaba a Saracho que el viernes 9 de junio, tendrían una reunión con «John Cryan que tiene dilatada experiencia de gestión de crisis y lleva años de conversaciones continuas con el regulador. Ojalá nuestros esfuerzos os sirvan a ti y al Popular para superar los retos actuales». Es decir, que Deutsche Bank no sólo garantizaba una ampliación de 4.000 millones, sino que ponía a disposición de Saracho a expertos externos que podrían haber solucionado el problema en que los que estaban implicados en la operación lo habían metido.

Volvamos al correo del día 2 de junio. Miguel Escrig lo reenvió a Saracho a las 21.06 realizando una afirmación inquietante: «BD está positivo sobre la ampliación… lógicamente sin saber la situación». ¿Qué quería decir con esta afirmación? Esa mañana ya se habían recibido en el Popular las instrucciones de Uría y Menéndez para anunciar la inviabilidad y el Plan del «Día R» que ponía fin al «Proyecto Noya» que Saracho contrató con el bufete de referencia del Santander en el mes de febrero de 2.017 cuando aún no tenía poderes para ello y por el que el despacho de abogados facturó al Popular más de 1,5 millones de euros, un pago que fue aprobado una vez que el Santander ya se había hecho con la sexta entidad financiera de España por un euro. ¿Estaba Escrig afirmando a las claras que la situación del Popular ya estaba predeterminada y en espera de que se produjeran las retiradas masivas de depósitos del mismo lunes 5 de junio? Todo indica que así pudo ser. El calendario y los hechos lo demuestran.

Esta comunicación de Deutsche Bank y este interés no fue trasladado al Consejo de Administración del Popular, al igual que el de Barclays. De haber hecho su trabajo, Saracho hubiera provocado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiese suspendido la cotización de Banco Popular, lo que habría generado un repunte una vez se reanudara, además de que el interés por ampliar capital por parte de dos bancos como Deutsche Bank y Barclays hubiese frenado la salida de depósitos y, por consiguiente, la crisis de liquidez provocada a partir del día 5 de junio se habría frenado.

Sin embargo, nada de esto sucedió porque Emilio Saracho no hizo su trabajo para el Banco Popular y ocultó toda la información que habría podido cambiar la situación de la entidad, provocando la ruina de más de 305.000 familias y el rescate del Banco de Santander.