El Santander está aplicando todo su poder, y es mucho, para intentar desviar la atención sobre otros actores secundarios en el Caso Banco Popular. Hay varias razones por las que el círculo se va cerrando más sobre la entidad presidida por Ana Patricia Botín y, sintiéndose acorralados, intentan, precisamente, que la atención mediática y de los afectados se centre en aspectos que tienen una importancia muy relativa respecto a centrarse en los verdaderos responsables de la presunta estafa que fue la operación del Banco Popular.

A medida que Diario16 va publicando más documentación sobre cómo se realizó la operación que terminó con la declaración de inviabilidad, con la resolución del banco y con su venta por un euro al Santander, el círculo se va cerrando más sobre el Santander como el principal urdidor de toda la operación. El banco cántabro necesitaba del Popular para salvarse.

El hecho de que la Audiencia Nacional haya aceptado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la documentación presentada por este medio y la incorpore a todas las causas presentadas, y por presentar, demuestra con claridad que esos documentos revelan actos presuntamente delictivos que se produjeron en España, no en Europa, y en unas fechas muy concretas, es decir, inmediatamente después del nombramiento de Emilio Saracho como presidente del Popular. Esto ha sido un revés para el Santander. Por otro lado, este medio presentará en breve otra remesa documental para que sea analizada e incorporada al resto de causas.

Además, en estos días el juez Fernando Andreu ha dado un giro muy importante al requerir a todos los actores implicados en el Caso Banco Popular, Santander incluido, toda la documentación que tenga relación directa o indirecta con las causas. Este movimiento fue inesperado incluso para el propio banco presidido por Ana Patricia Botín.

Un gigante acorralado como el Santander es muy peligroso. Por esta razón han puesto en marcha «el ventilador», del mismo modo que los políticos cuando se sienten acuciados por distintos escándalos y tiran del «y tú más» para protegerse o magnifican asuntos con el fin de llenar los telediarios de noticias que, en realidad, no tienen tanta importancia como la que se le quiere dar. Por esta razón se dan argumentos para que la atención de los afectados se vaya hacia las instituciones europeas o que se intente una dispersión de culpas hacia quienes pudieran (o no) tener responsabilidad en la gestión del banco no la tienen en absoluto en la ruina de más de 305.000 familias.

La realidad es muy otra. La realidad es la que está contando Diario16 desde hace un año con información y documentación absolutamente contrastada que no tienen otra finalidad que la de lograr que esos arruinados recuperen lo que se les quitó en la madrugada del 7 de junio y el único que tiene la obligación y capacidad para pagar esas cantidades es el Santander dado que suya es la responsabilidad de todo lo ocurrido y porque ha sido quien ha sacado beneficio de la operación.

Tal y como hemos venido publicando en Diario16, a través del despacho de referencia del Santander, Uría y Menéndez, se diseñó todo el plan que era transmitido a Emilio Saracho para que lo fuera ejecutando. Para ello se firmó el día 17 de febrero, tres días antes de que fuese nombrado presidente y sin tener aún poderes, un contrato con el que se inició lo que denominaron «Proyecto Noya», que no era otra cosa que la ejecución de todas las estrategias que encaminaran al Popular a una situación límite, tanto en el mercado como en el cumplimiento de las ratios de liquidez.

El «Proyecto Noya» finalizó el día 7 de junio, pero ya el día 2 Uría envió al Popular todas las instrucciones, tanto para declarar la inviabilidad, como el plan de acción para el día siguiente a la intervención, el «Día R», incluyendo un plan de comunicación a nivel interno y externo. Por esos trabajos, Uría y Menéndez facturó una cantidad cercana a los 1,5 millones de euros que fueron abonados por el Grupo Santander.

Esas instrucciones se llevaron a efecto con precisión de cirujano por parte de Saracho. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en la comparativa entre el acta del Consejo de Administración del Popular celebrado el día 6 de junio. En ese Consejo Saracho sigue al pie de la letra las instrucciones recibidas de Uría y Menéndez para la declaración de la inviabilidad, una declaración que se realiza en base a unas previsiones de incumplimientos de ratios y no de la realidad del banco, tal y como se reconoce en el documento.

Todo este proceso se produjo con la presión de las ofertas recibidas tanto para ampliar capital (Barclays, Deutsche Bank) como para la venta de activos (WiZink, TotalBank), ofertas que fueron ocultadas tanto al Consejo como a las autoridades reguladoras. Esta presión fue la que hizo que se cometiera un error que, de por sí, ya invalida toda la operación: la firma presuntamente falsa de Saracho en su carta de comunicación de inviabilidad al BCE.

En estos días el Santander está reclamando una cantidad de varios millones de euros a Ángel Ron por su pensión de prejubilación contratada con Mapfre aplicando cláusulas de ajuste, reducción y recuperación del 100% de esa cantidad, sin tener claro si esa cantidad está abonada o no.

Ayer el Santander publicó el informe anual y sus terminales mediáticos han dado bombo a su demanda por la que reclaman los derechos económicos del presidente Ron mientras ellos aumentan como Santander la póliza de responsabilidad civil de Saracho lo que deja bien claro para quién trabajaba Saracho y por qué a el no le reclama los 4 millones más otros 22 que se le pagaron en los días siguientes al 7 de junio, vía una presunta trasferencia, o varias, a su cuenta en Suiza.

A Ron se le reclama un total de 12 millones de euros, de los que, según ha sabido Diario16, ha cobrado lo correspondiente a un año, o sea, la undécima parte. Es decir, utilizan falsariamente la comunicación para hablar de cantidades elevadas que recogen lo que cobraría a lo largo de los años si sobrevive lo suficiente.

En fin, de lo que se trata realmente es de desviar la atención.

Diario16 ha sabido sobre un posible escrito que Ángel Ron ha presentado ante la Audiencia Nacional dando cuenta de lo que ha alegado el Santander ante la CNMV confirmando la legalidad absoluta de esas retribuciones.

No entramos en si es lícito o no que se le reclamen estas cantidades a Ron. En caso de que lo fuera —cosa que dudamos porque no se le puede demandar a alguien lo que no ha cobrado— sería normal que el Santander lo reclame. No obstante, lo lícito sería que pagara a las 305.000 familias afectadas un justiprecio por lo que se les arrebató el 7 de junio, que le reclamara los millones que cobró Saracho o que explicara el pago del millón y medio que cobró Uría y Menéndez por el Proyecto Noya. Sin embargo, ¿qué le aporta esta noticia, publicada en todos los medios, a los afectados del Popular? ¿Pretenden que se haga un paralelismo entre Ron y los consejeros de, por ejemplo, las cajas gallegas o la CAM y, de este modo, crear un estado de opinión que evite que se centren las miradas hacia el Santander? La intención está clara.

Sin embargo, como decíamos anteriormente, el comportamiento del Santander fue muy otro cuando permitió que Saracho ampliara su seguro de responsabilidad y no le importó multiplicar la prima para que el último presidente del Popular elegido por sus accionistas se pudiese acoger a ese seguro para pagar sus gastos judiciales. Esa ampliación se produjo cuando Saracho ya había sido cesado de la presidencia del Popular, tal y como publicamos en Diario16.

Una vez intervenido el Popular, aprobada la operación por la Comisión Europea e iniciado el proceso de rentabilización rápida por el patrimonio del Popular para que el Santander incluyera en sus cuentas importantes activos, la entidad cántabra lanzó los bonos de fidelización como otra fórmula de distracción de los afectados, unos bonos que por las características que reconoce el propio folleto informativo presentando ante la CNMV no son aptos para quien van dirigidos por la enorme complejidad del producto. Algo similar a lo que ocurrió con las preferentes, unos bonos que, además de ser discriminatorios porque sólo se ofrecieron a los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de 2.016, sólo los contrataron aquellos que tenían necesidad porque lo que se les había arrebatado no era una inversión sino sus ahorros, que tenían algún tipo de filiación con el Santander o los trabajadores por miedo a perder su trabajo.

Cualquier excusa es buena para generar una cortina de humo que Diario16 disipará con más documentos que iremos publicando en breve porque, como ya hemos indicado anteriormente, la intención de este medio no es otra que los 305.000 afectados cobren lo que se les arrebató y toda la documentación que estamos publicando y presentando ante las instituciones judiciales sólo tiene un fin: que nuestra Justicia haga Justicia y que, como instó el Defensor del Pueblo, el Santander llegue a un acuerdo extrajudicial con los afectados y les pague el precio justo.