El primer movimiento que realizó el Banco de Santander tras hacerse con el Popular fue la venta del 51% del patrimonio inmobiliario de la entidad intervenida para, de este modo, poder tener una rentabilidad rápida. La operación se cerró incluso antes de que la Comisión Europea autorizara la resolución del Popular y su venta por un euro al Santander. Tan seguros estaban de que no se iba a producir una respuesta diferente a la afirmativa que el banco cántabro inició las negociaciones con diferentes fondos para ir capitalizando el patrimonio del Popular. Se barajaron varios nombres y, en principio, parecía que la mejor oferta procedía del fondo buitre Lone Star. Sin embargo, quien cerró la operación fue BlackStone.

Este hecho ha convertido a este fondo buitre estadounidense en la mayor inmobiliaria privada de España y, principalmente, en el mayor inversor extranjero del sector del ladrillo.

Sin embargo, la operación se cerró a través de uno de los fondos de BlackStone que están radicados en las Islas Caimán, un territorio en el que estas grandes corporaciones utilizan de manera habitual para grandes movimientos económicos y, sobre todo, para canalizar sus inversiones. En concreto, la operación se cerró con Blackstone Real Estate Partners Europe V, que, aunque tiene sus oficinas en Nueva York, tiene su domicilio social en George Town, capital de uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Según el GLEIF, un organismo internacional que controla y hace recomendaciones sobre el sistema financiero mundial, BlackStone Real Estate Partners Europe V tiene su sede en un inmueble de cinco plantas que fue definido por Barack Obama del siguiente modo: «O es el edificio más grande del mundo, o es la mayor estructura de evasión fiscal existente».

En el mismo edificio se encuentra radicado The Children’s Investment Fund (TCI). Este fondo fue el elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy para ser el socio de Aena antes de salir a bolsa. A día de hoy es el accionista mayoritario de la empresa que fue semiprivatizada hace dos años a un precio muy inferior al que esa participación tenía en el mercado, algo que se corrobora día a día con su valor actual.

Volvamos a la operación que cerró el Santander con BlackStone Real Estate Partners Europe V para vender el patrimonio inmobiliario del Banco Popular. Esta venta incluye viviendas, locales, suelos y créditos por un valor contable bruto de unos 30.000 millones de euros que, tras diversos ajustes realizados primero por Popular y luego por el Santander, cayó a 10.000 millones, lo que supone un descuento del 66%. En el acuerdo también está incluida Aliseda y un ahorro fiscal de 300 millones de euros.

La operación, cerrada en tiempo récord (40 días después de que esos activos salieran a la venta) se hizo pública una hora después de que la Comisión Europea aprobase la compra de Popular por parte de Santander por un euro tras la intervención de la entidad. Por tanto, el banco cántabro estuvo negociando con activos del Popular aún sin tener la aprobación definitiva de Europa de la operación por la que se hizo por un euro con la entonces sexta entidad financiera de España. Tan seguros estaban de que no iba a haber ningún problema.

Con la venta, Santander logrará ahorrarse pérdidas adicionales y sacar esos activos de su balance con el consiguiente efecto positivo sobre sus ratios de capital y su morosidad, tras llevar a cabo en julio una ampliación de capital de 7.000 millones para digerir la integración del Popular y sanear parte de su ladrillo tóxico. Todo ello, sin renunciar del todo a esos activos, ya que conservará un 49%, aunque la gestión queda en manos de Blackstone, experto en este tipo de operaciones.

BlackStone se ha consolidado como el principal fondo del sector inmobiliario español, un mercado en el que ya contaba con más de 100.000 inmuebles y en el que irrumpió en 2.014 con la compra de 1.860 viviendas sociales, trasteros y plazas de garaje del Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella, esposa de José María Aznar, con la polémica que generó con el desahucio continuado de los inquilinos de esas viviendas al cambiarles las condiciones del alquiler social al que habían accedido porque tenían derecho a causa de las condiciones económicas en que se hallaban. Esta operación fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas de Madrid pero que ha sido un negocio tan redondo para BlackStone como el de los activos inmobiliarios del Popular y que Manuela Carmena ha intentando revertirla sin, de momento, éxito.

Tanto la operación de Aena como la de las viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid muestran las buenas relaciones entre BlackStone y el Partido Popular ya que, en el caso de la primera, se vendió una participación por los que se obtuvo un beneficio del 300% respecto del capital invertido inicialmente. Con las viviendas sociales vendidas por el gobierno de Ana Botella no tardó en rentabilizar la inversión gracias a unas estrategias especulativas muy agresivas.

Tras la operación en Madrid, BlackStone adquirió 40.000 hipotecas morosas de Catalunya Banc por 3.600 millones de euros a pesar de que estaban valoradas en 6.400 millones. Posteriormente, se hizo con otros activos inmobiliarios procedentes de CaixaBank y del Sabadell. Todo ello, sumado a la operación cerrada con el Santander, lleva a que BlackStone ha dado un paso cualitativo que coloca al fondo buitre en un punto de privilegio en el sector inmobiliario española precisamente en un momento en que está cambiando el ciclo. La entidad es una de las mayores firmas de inversión del mundo y está especializada en comprar activos en “situaciones especiales”. Dicho de otra forma, es un fondo buitre con 370.000 millones en activos gestionados en todo el mundo, de los que casi un tercio son inmobiliarios, lo que le convierte en el mayor propietario de ladrillo del planeta.

Precisamente penetró con fuerza en el mercado español, además de porque era uno de los mercados inmobiliarios más atractivos para la especulación, porque hubo un partido político que tenía prácticamente el poder absoluto, gobernando casi todas las Comunidades Autónomas, con un gobierno con mayoría absoluta, con un ministro de Economía, el señor Luis de Guindos, muy proclive a permitir operaciones de las grandes corporaciones financieras internacionales y un sector bancario que aún se estaba recuperando de la burbuja inmobiliaria.