Tal y como informamos en Diario16, la semana previa a la intervención del Banco Popular se intensificaron los contactos entre el Consejo de Administración de la entidad y el despacho de abogados Uría y Menéndez, el bufete de referencia del Santander. En estas comunicaciones se mantuvieron conversaciones entre Joaquín Hervada, secretario del Consejo y Juan Miguel Goenechea, socio del bufete desde el año 1990 y experto en derecho bancario, fusiones, adquisiciones y capital riesgo.

Esas conversaciones se tradujeron en dos documentos. El que ya publicamos en Diario16, el que se incluían las instrucciones acerca de cómo comunicar la inviabilidad y la posterior resolución de la entidad, instrucciones que fueron llevadas a efecto al pie de la letra de lo indicado por Uría y Menéndez, tal y como se demuestra con la carta presuntamente falsa enviada a la JUR y en el contenido del acta de la última reunión del Consejo en la que se declaró al Popular como entidad «likely to fail». Esa comunicación se recibió en el Popular el día 2 de junio.

Sin embargo, ese mismo día se recibió en el Popular una segunda comunicación, mucho más importante que la anterior y que indica que ya se llevaba varios días preparando la operación. Hay varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, aún no se habían recibido las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank para ampliar capital por un valor conjunto de 8.000 millones de euros. En segundo lugar, ya se conocía que Isidre Fainé, presidente de Criteria Caixa, iba a destinar 4.000 millones de euros para la subasta del Popular. En tercer lugar, aún no se habían producido las fugas masivas de depósitos que comenzaron el lunes día 5 de junio y que llegaron a alcanzar los 14.000 millones de euros. En cuarto lugar, ese mismo día 2 de junio se produjo en un hotel del Estado de Virginia, en el marco del encuentro anual del Club Bildelberg, la reunión entre Luis de Guindos y Ana Patricia Botín en la que se posiblemente se gestó y diseñó el último paso a dar para cerrar la «Operación Washington».

El documento, tratado como «Estrictamente privado y Confidencial», se titula «Día “R”. Protocolo de Actuación» y en él se indica que el objeto de la nota es recoger «por un lado (i) los efectos inmediatos que una eventual declaración de la resolución tendría sobre el Consejo de Administración y altos directivos de la entidad y, por otro, (ii) el protocolo de actuación a activar por Noya (entendemos que se refiere a Elena Noya Vinagre, apoderada mancomunada solidaria del Banco Popular) en las 24 horas siguientes al momento de que el Single Resolution Board (SRB) comunique la eventual puesta en resolución de la entidad (Día “R”)».

El primer punto del documento se centra en realizar un resumen de las principales indicaciones que el Popular debe realizar el día después de que la entidad fuese intervenida y entregada al Santander por un euro. Es importante el primer punto, en el que se afirma que dicha resolución se suele aplicar en un viernes o el último día hábil de la semana «salvo que las circunstancias impongan su aplicación en otro momento». Recuerden los aspectos señalados anteriormente. Esas circunstancias se aplicaron contra el Popular, puesto que su resolución se decidió en la madrugada del martes al miércoles y todo indica que el proceso se aceleró por la llegada de las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank para ampliar capital y por las presuntas ofertas para el mismo fin presentadas por Antonio del Valle a Emilio Saracho.

A continuación, se indica los movimientos que hay que aplicar para los directivos y miembros del Consejo, dándole mucha importancia a la devolución de los bienes propiedad del Popular y, sobre todo, a evitar por todos los medios que tuvieran acceso a la información de la entidad. «Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar el uso indebido de bienes o información del Banco por parte de los administradores y directores sustituidos. En particular (i) bloquear el acceso a los sistemas del Banco; (ii) cancelar tarjetas a su nombre; (iii) cancelar autorizacions para acceder a instalaciones o para realizar trámites o gestiones en nombre del Banco; (iv) redirigir sus correos electrónicos a otra dirección». Está claro que el Santander intentaba evitar que se produjeran fugas de información por parte de aquellos directivos o altos ejecutivos que no estuviesen de acuerdo con la intervención. Había que dejarlo todo atado y bien atado, como dijo aquél.

También se hace mucho hincapié en el modo de comunicar la decisión interna y externamente y crear «un grupo de comunicación que coordinase la coherencia de los mensajes», coherencia que, presumiblemente, se centrara en la versión que dio Saracho el día 6 y la que comunicó el Santander el día 7 de junio.

Ya se adelanta en el último punto que se planteará en el mismo documento un plan de comunicación que fue el que se aplicó el «Día R», algo que trataremos en los próximos artículos.