Todo empezó en el año 1.996, cuando el Santander contrató a José Ramón González para dirigir una pequeña agencia de corredores de inversiones, Valores Santander. González había sido director del BGF entre 1.986 y 1.989 y centró la actividad de Valores Santander en productos de deuda municipal. Hasta el año 2.001 estableció los fondos «First Puerto Rico» que eran gestionados por Santander Asset Management. El mayor nicho de inversión era la deuda de Puerto Rico.

Tras dejar Valores Santander, González fue nombrado director ejecutivo del holding BanCorp, donde estuvo hasta el 2.008. Su relevo en Valores Santander fue Carlos M. García quien se había incorporado en 1.997 a Valores Santander para ayudar a González a crear una operación de inversión para las emisiones de bonos municipales, además de ser el hombre clave para la adquisición por parte del Santander del negocio de gestión de activos y la correduría de bolsa de Merril Lynch en Puerto Rico.

El dúo González-García logra que Valores Santander se establezca como el principal asegurador de bonos de deuda. En el año 2.004 Santander ayudó a emitir más de 6.000 millones de dólares en nuevos títulos. En 2.005 obtuvieron un 50% de las comisiones de BanCorp procedentes de la emisión de deuda de Puerto Rico. La recesión mundial hizo que el Estado libre asociado se endeudara más y Valores Santander participó en el aseguramiento y emisión de 32.000 millones de dólares de deuda patrocinada por el gobierno puertorriqueño entre los años 2.006 y 2.009.

Cuando Luis Fortuño llegó al poder en 2.008 aprobó leyes para implementar un programa de austeridad económica. El objetivo de esta legislación era estabilizar la calificación de crédito de Puerto Rico en Wall Street para generar un estímulo económico a la isla a través de una reducción de impuestos, la creación de empresas público-privadas para desarrollar infraestructuras y la privatización de servicios públicos. No obstante, la situación no mejoró y los ingresos del Estado siguieron reduciéndose.

Fue entonces cuando Fortuño se lleva del Santander a Carlos M. García como presidente ejecutivo del BGF. Es entonces cuando García nombra una junta directiva formada por ex directivos del Santander, por lo que la entidad entonces presidida por Emilio Botín controlaba al regulador puertorriqueño y, por tanto, de la economía de la isla. Este control sigue manteniéndose en la actualidad.

García, para mantener la calificación de crédito, se valió de una emisión de un nuevo producto de deuda municipal que quedaba asegurada por los impuestos regresivos. Estos bonos (COFINA) fueron emitidos para reembolsar el interés y el principal de la deuda emitida por el gobierno y para financiar el déficit de Puerto Rico. Estos bonos están demandados ante los tribunales federales de Estados Unidos. Por su parte, Fortuño legisló en 2.009 para duplicar los impuestos de ventas destinados a los COFINA, lo que permitía que García emitiera más deuda suscrita, casualmente, por el Santander por un valor de 5.300 millones de dólares en bonos COFINA y que fueron utilizados, principalmente, para reembolsar deuda existente, es decir, pagando deuda con deuda. Esto hizo que los intereses y los impuestos sobre dicha deuda aumentara.

Para que el Santander sacara más beneficio de estas emisiones de deuda, las emisiones de bonos COFINA iban acompañadas de unas disposiciones financieras cada vez más arriesgadas: swaps que cuando bajó la calificación de los bonos de Puerto Rico provocó que se tuvieran que pagar cargos por terminación y acelerar los plazos de vencimiento. Con un bono COFINA emitido en el 2011, se consiguieron 400 millones de dólares para pagar una terminación de un swap de tipos de interés, en lugar de usarse para financiar el sistema de salud, el sistema educativo o el desarrollo de infraestructura en Puerto Rico. Santander ayudó a asegurar la emisión de este bono.

Como ya indicamos en Diario16, estos bonos también iban acompañados de cláusulas de revalorización de capital. En Puerto Rico la emisión de la primera serie subordinada de COFINA 2009A suscrita por Santander contenía bonos de revalorización de capital que recaudaron 139 millones de dólares para el gobierno. No obstante, la cantidad que se debía para la fecha de vencimiento, compuesta con tasas de interés de entre 6.875% y 7.125%, era de 730 millones, más de cinco veces la cantidad prestada. Si los 139 millones del préstamo se hubieran pagado con un interés sencillo en lugar de uno compuesto, el importe pagadero al vencimiento hubiera sido sólo 371 millones.

También se incluyeron cláusulas de interés capitalizado. El uso del interés capitalizado generaba más ingresos por honorarios para los aseguradores de los bancos como Santander, que participó en varios acuerdos COFINA y de otros tipos, que sacaban préstamos para pagar intereses.

El BGF, durante la época de Carlos M. García, dependía cada vez más de los bonos diseñados con ingeniería financiera y que beneficiaban claramente al Santander. Incluso se saltaron las leyes constitucionales de Puerto Rico, puesto que la Constitución determina que no se puede emitir deuda soberana a un plazo no superior a 30 años. Sin embargo, la mayoría de los COFINA emitidos en 2.011 tienen un vencimiento que oscila entre los 32 y los 39 años. Los bonos recaudaron 734 millones y se usaron para retirar, antes del vencimiento, los COFINA de 2.009 para hacer pagos por separado de intereses de otros bonos de los que el Santander fue el asegurador. Casi la mitad de estos bonos de 2.011 tienen cláusulas de revalorización de capital.

El Santander también suscribió acuerdos de elevado riesgo financiero con las pensiones de Puerto Rico. En 2.008 ayudó a suscribir emisiones de bonos utilizando los pagos de los empleadores como garantía. La idea era conseguir 7.000 millones de dólares para que pudiera invertirse y para que el interés que se ganara se utilizara para pagar las pensiones de los beneficiarios del plan. Actualmente el Sistema de Pensiones de Puerto Rico, que cubre a más de 300.000 trabajadores, tiene una deuda total de 43.200 millones de dólares mientras que sus activos apenas valen 1.800 millones, lo que significa un déficit del 96%, el porcentaje más alto que se registra en todas las pensiones estadounidenses. Se estima que la pensión se quedará sin dinero en 2 años.

Según el informe de Hedge Clippers y del Comitee for Better Banks en Puerto Rico se «impuso una carga de la deuda aplastante sobre el pueblo puertorriqueño con la ayuda de banqueros como Santander, haciendo así que el crecimiento económico fuera casi imposible fuera casi imposible para la isla sin una cierta cancelación de la deuda. Santander aconsejó, estructuró y arregló gran parte de esta deuda que vinculaba inversores deseosos de obtener ganancias libres de impuestos con gobiernos desesperados que se enfrentaban a la ruina».

Que el Santander haya sido el máximo responsable de la quiebra de un país es uno más de esos comportamientos poco éticos que está provocando que muchos de sus grandes accionistas se estén planteando un cambio urgente en la presidencia y alta dirección de la entidad. Su prestigio está en juego. Ahora es el momento en que los pequeños accionistas, sobre los que se asienta el control de la familia Botín sobre el Santander, tomen la iniciativa y valoren si están dispuestos a seguir avalando a quien está dispuesto a todo, incluso sobrepasando las líneas éticas que se espera que respete uno de los principales bancos del mundo, no para lograr mayores beneficios para sus accionistas, sino para lograr su supervivencia.