La banca, sobre todo el Santander, es la principal responsable de la crisis de deuda que está llevando a la quiebra a Puerto Rico. Santander lleva operando en la isla boricua desde el año 1.976 y desempeñó un papel fundamental al estructurar y beneficiarse de la deuda soberana a través de una política de puertas giratorias en el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF). José Ramón González y Carlos M. García, ex ejecutivos del Santander, fueron directores del BGF y asesoraron al gobierno puertorriqueño sobre deuda y suscribieron los principales acuerdos de bonos de elevado riesgo.

Durante la administración del gobernador Luis Fortuño (2.009-2.012), Carlos García y el grupo de ex ejecutivos de Santander citados en el día de ayer establecieron desde la dirección de BGF un programa de emisión masivo de bonos que es la principal causa de los problemas de solvencia de Puerto Rico. Estos bonos incluían cláusulas como bonos de revalorización de capital y permutas de tipos de interés que, según expertos financieros consultados por Diario16, son productos “predatorios”. De todos estos productos el Santander se benefició al tener el doble papel de asegurador y de corredor de bolsa. Se calcula que el Santander ha participado en la emisión de bonos por valor de 61.200 millones de dólares, casi la misma cantidad que supone la totalidad de la deuda de Puerto Rico. De esta cantidad recibió, al menos, 1.100 millones en concepto de descuentos de asegurador y gastos legales.

Hay, al menos, 90 casos en los que el Santander participó en el aseguramiento de la emisión de los bonos municipales, desde obligaciones hasta los COFINA para las filiales del BGF de las que que dependen la gestión económica de los servicios de pensiones, las políticas de vivienda, los servicios de suministro eléctrico y agua, los departamentos que regulan el turismo, la financiación de infraestructuras, los planes de pensiones públicas, etc.

El proceso por el que el Santander se benefició del endeudamiento salvaje de Puerto Rico era muy simple. El asegurador de la deuda municipal (el Santander) compraba los bonos de nueva emisión para, inmediatamente, ponerlos a la venta a inversores y especuladores. El Santander obtenía un descuento en los bonos que compraban más una comisión por los que lograban vender en el mercado de deuda. Todo ello pagado por el Gobierno de Puerto Rico.

Mientras Puerto Rico se endeudaba más allá de sus posibilidades, el Santander, como asegurador de los bonos, aconsejaron al Gobierno de Puerto Rico que se embarcara en estrategias de generación de deuda cada vez más arriesgadas. A partir de ese momento, en los títulos de deuda aparecían más cláusulas de alto riesgo financiero como revalorizaciones de capital, intercambio de tasas de intereses o intereses capitalizados, entre otras.

Los bonos de revalorización de capital son bonos a largo plazo por los que el prestatario no paga interés ni principal hasta que no venzan los bonos. Según van venciendo, se añaden y agravan los intereses, lo cual provoca un incremento para el prestatario. Esta tipología de bonos ha calificada como abusiva y en Estados como California o Texas se han restringido o prohibido. El interés capitalizado es un préstamo para pagar los intereses. Un tercio de los negocios suscritos por el Santander contenían intereses capitalizados. Los pagos por rescisión de intercambio son los honorarios pagados a empresas y bancos de Wall Street para la cancelación de permutas de tipo de interés, los famosos swaps. De las operaciones que realizó el Santander en Puerto Rico se ha detectado que 735 millones de dólares fueron pagadas por el erario puertorriqueño para cancelar los swaps.

Las cifras hablan por sí solas:

En próximas entregas analizaremos todo el proceso desde el inicio de la crisis de deuda soberana y cómo el Santander fue el principal beneficiario en la ruina del país, del mismo modo en que Goldman Sachs lo fue de la quiebra de Grecia.