Tal y como ocurre con los datos del paro registrado, el Santander quiere utilizar la misma estrategia del gobierno a la hora de plantear la masiva destrucción de puestos de trabajo que se diseñó en el despacho de Francisco Javier García-Carranza Benjumea (nada que extraña en el señorito García Carranza ya que le viene de la historia su desprecio sin límite hacia la clase trabajadora). Ahora se planteará una maniobra en la que la entidad cántabra querrá dar una idea de que han tenido una actitud negociadora porque de los 1.565 despidos que se tenían previstos sólo se producirán 1.100 con unas condiciones para dichos despidos muy por encima de lo que marca la ley, por ejemplo, en la indemnización. Sin embargo, no es más que una ardid para tapar que lo peor para los trabajadores de las dos entidades aún está por llegar puesto que el siguiente paso, que el Santander pondrá en marcha justo después de las navidades, será el de desmantelar una parte importante de la red de sucursales para, de este modo, continuar haciendo negocio y rentabilizando el euro que les costó el Popular.

Las condiciones del acuerdo para el Expediente de Regulación de Empleo de los Servicios Centrales de Santander y Popular serán la rescisión contractual de 1.100 trabajadores que, en principio, serán prejubilaciones, bajas voluntarias (el despido voluntario no existe) y despidos forzosos, todo ello con unas condiciones económicas que están siendo vendidas como muy favorables para los afectados por el ERE: prejubilaciones con hasta el 80% del salario para los trabajadores de entre 55 y 62 años, el pago del 80% del sueldo para aquellos que tengan entre 50 y 54 años e indemnización por despido de 40 días por año trabajado para los menores de 50 años. Además se reubicarán a 575 empleados a empresas segregadas del Grupo Santander y se trasladará a 100 personas de los Servicios Centrales a la Red Comercial.

Hasta aquí parecerá que se trata de un buen acuerdo. Sin embargo, fuentes sindicales consultadas por Diario16 nos confirman que, en realidad, no va a haber prejubilaciones porque los mayores de 55 años lo que van a cobrar es una indemnización mes a mes y se rescindirá su contrato, por lo que esas personas se darán de alta en el INEM, cobrarán su subsidio de desempleo y, por lo tanto, se cargará el coste del ERE en el Estado. Está claro que al Santander le interesa mucho más que se hable de prejubilaciones que de despidos, porque piensan que la opinión pública tratará con más indulgencia este atentado contra los trabajadores consecuencia de las prisas evidentes que tiene la entidad cántabra de cerrar todos los flecos para impedir a la Administración de Justicia que tome medidas que paralicen la operación.

Sin embargo, el Santander es una entidad que está en beneficios, por lo que la Administración exige que es la empresa la que tiene que hacerse cargo de los importes de las prestaciones por desempleo de cada uno de los trabajadores afectados por el ERE. Sin embargo, el Santander aplicará una argucia sostenida por un vacío legal: descontará los importes correspondientes al subsidio de la liquidación por despido que se acuerde, es decir, quien realmente paga un importe, que es un derecho adquirido, es el propio trabajador. Se lo descuentan de la indemnización, pero lo abona el SEPE. Posteriormente a la hora de la redacción del acuerdo de ERE, se redacta de forma que no sea explicito para evitar su judicialización. Esto ya lo utilizó el Santander en su anterior Expediente de Regulación de Empleo y les salió bien, por lo que es el Estado quien se hará cargo del coste real del ERE.

Sin embargo, en el ERE de los Servicios Centrales no termina todo el calvario para los empleados del Popular. La masacre comienza ahora con el plan de reestructuración de la red de oficinas que tendrá como consecuencia el despido de más de 5.000 personas, tal y como informamos en Diario16 hace meses. La estrategia será la misma que con los Servicios Centrales pero con un componente positivo para la entidad presidida por Ana Patricia Botín: la rentabilidad rápida por la venta de las oficinas del Popular. A diferencia del Santander, el banco intervenido tiene en propiedad casi todas sus sucursales. Según cálculos realizados por Merril Lynch, el Santander obtendrá un beneficio neto con la venta de dichos locales de más de 700 millones de euros —otras estimaciones lo elevan a 1.300— y, seguramente, ya estarán negociando con algún fondo buitre (BlackStone, Lone Star o Cerberus) para realizar una operación similar a la que cerraron con el 51% del patrimonio inmobiliario del Popular. A diferencia de lo que ocurrió con la venta de las sucursales del Santander, en la que estuvo muy presente la actuación de la familia Pujol, ahora el beneficio será absoluto puesto que, por la localización de las sucursales (siempre cercanas a las del Santander), no habrá necesidad de realquilarlas.

Al actual Banco de Santander no le importa el dolor que puedan generar sus operaciones. Su supervivencia está en juego. Ya lo hemos visto en cómo no tuvieron ningún reparo en arruinar a más de 305.000 familias. Si fueron capaces de eso, ¿qué más dará dejar en el paro a 7.000 personas? Al parecer, todo es válido para ganar beneficios, sobre todo si se cuenta con la inestimable ayuda que da la impunidad, sobre todo si ésta se la entregan todos los poderes fácticos.