Distintos auditores y expertos en contabilidad bancaria independientes de diferentes países, tanto de la UE como de los Estados Unidos, recibieron el encargo de Diario16 de analizar las cuentas del Santander y del Popular, tanto antes como, sobre todo, después de la intervención del 7 de junio. Las conclusiones que hemos recibido son bastante esclarecedoras respecto a lo que venimos publicando en este medio en referencia a que la operación del Popular se realizó con un único fin: rescatar a la entidad presidida por Ana Patricia Botín.

Los datos son escalofriantes. En base a los créditos fiscales del Popular que ha ya han sido monetizados, el Santander se ha embolsado 1.158 millones de euros. Por el concepto de ventas de activos no corrientes la entidad cántabra ya ha contabilizado en sus cuentas 6.980 millones de euros. En referencia a efectivos de otros bancos el Santander ya ha contabilizado 4.310 millones de euros. Finalmente, en base a negocios conjuntos y asociados, la entidad cántabra se ha embolsado 5.400 millones de euros. En total, desde la intervención, es decir, transcurridos menos de seis meses, el Santander ha obtenido casi 18.000 millones de euros del Popular (17.849.820.000).

Estos datos nos llevan a la conclusión de que la situación real del Popular no era tan grave como los promotores de la operación quisieron hacer ver, por más que Emilio Saracho, al servicio de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, presentara en la última reunión del Consejo de Administración del Popular que el banco no tenía otra salida que declararse inviable, siguiendo las instrucciones que le enviaron al secretario del Consejo desde el despacho de abogados de referencia del Santander. No hay más que recordar que Barclays, en su oferta para ampliar capital por 4.000 millones de euros, reconocía que hacían su ofrecimiento porque el Popular era una entidad viable, solvente y con liquidez.

Gracias a esa inyección de dinero el Santander está pudiendo arreglar sus cuentas, tal y como se demuestra en la provisión de 600 millones de euros de Santander Consumer USA Holdings (SCUSA) por los menores beneficios previstos en la filial estadounidense, a lo que hay que añadir la salida definitiva de SCUSA de Thomas Dundon tras adquirir el Santander su participación en la entidad por un valor de 713 millones. En total, más de 1.300 millones que ahora que tiene el dinero que le está aportando el Popular puede utilizar para «tapar agujeros», como ocurre el día de la Lotería de Navidad a quienes les toca el Gordo. A Ana Patricia Botín el Gordo le cayó el día 7 de junio. ¿Cuál será el próximo lugar donde el Santander tendrá que provisionar para arreglar sus cuentas? ¿Reino Unido? ¿Alemania? Lo sabremos en breve porque el ejercicio 2.017 está finalizando y el Santander, al ser una entidad cotizada, estará obligado a facilitar esa información a los órganos reguladores correspondientes.

Sin embargo, esos casi 18.000 millones no es la única cantidad que se anotará el Santander. Según las conclusiones de estos expertos independientes de diferentes países, a final de año la cantidad constituirá más del doble, concretamente 25.697 millones de euros más, correspondiente a la operación con BlackStone, con la liberalización de provisiones del Popular y los créditos fiscales que quedan por monetizar.

Por tanto, el Santander podrá anotar en su contabilidad de final de año un total de 43.547 millones de euros, una cantidad que, evidentemente, el Santander tenía en sus estimaciones, una cantidad que le salvará de perder su categoría de banco sistémico mundial. Hay que recordar un dato que demuestra la deriva de la entidad cántabra desde que Ana Patricia Botín se hizo con la presidencia: sólo ha incrementado el beneficio en 360 millones de euros.

Estos datos demuestran claramente que el Popular no era un banco zombi como afirmó el ministro Luis de Guindos, sino que disponía de recursos suficientes como para poder salir de la situación en la que se encontraba gracias a los movimientos de Emilio Saracho y de todos los cómplices que le ayudaron a perder un 62% de su cotización y más de 15.000 millones de euros en depósitos. ¿Esto no lo vieron la JUR, el FROB, el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía? Más bien, prefirieron no verlo porque el fin no era otro que salvar al Santander aunque para ello hubiese que arruinar a más de 305.000 familias.