En el artículo anterior referimos actuaciones engañosas de Emilio Saracho que perjudicaron patrimonialmente a los 305.000 accionistas del Popular y favorecieron que el banco fuera adquirido por el Santander por un euro en la semana previa a la intervención. Pero hubo otros movimientos que fueron también fundamentales para llegar a tal fin. Recordemos que la actuación de Saracho en la primera y única Junta de Accionistas fue crucial para todo lo que ocurrió en los próximos dos meses hasta la intervención del banco. Ningún presidente de un banco presenta ante sus accionistas dos opciones para solucionar la situación sin dar ninguna explicación de cómo se afrontaría cada una de esas opciones. Eso provocó un descenso del valor del banco en bolsa y una primera fuga importante de depósitos.

Por otro lado, y esto fue reconocido tanto por el medio como por el propio Saracho, desde la zona noble del Edificio Beatriz salieron las filtraciones de las noticias publicadas en ciertos medios y que iban provocando el pánico tanto en el mercado como en los clientes. Cuando Francisco Aparicio Valls se atrevió a desmentir una de esas publicaciones, fue cesado de manera fulminante, hecho éste que demuestra que nada ni nadie se podían interponer en los plazos de la operación.
En la última reunión del Consejo de Administración Emilio Saracho incidió mucho en la crisis de liquidez que estaba viviendo el banco y que estaba generando tensiones financieras en la entidad que se manifestaron en la posición de liquidez y de financiación del Popular y estaba provocando el incumplimiento de la ratio LCR (Coeficiente de Cobertura de Liquidez), hecho que fue comunicado al BCE para que se adoptaran medidas para retomar el cumplimiento.
Sin embargo, según Saracho la posición de liquidez del banco se estaba agravando y, a día 6 de junio, era insostenible. En cambio, el Banco tenía depósitos de 60.347 millones de euros, lo que le estaba permitiendo «ir cumpliendo con todos sus compromisos a medida que han ido venciendo». Esto lo afirmó Saracho, reconociendo que aún no se habían producido incumplimientos más allá de la ratio de cobertura. Saracho plantea un escenario totalmente apocalíptico afirmando que esa ratio de cobertura había pasado en un mes del 74,4% al 24%. El presidente también reconoció que se había solicitado el 5 una provisión urgente de liquidez de 9.500 millones de los que se habían dispuesto 3.500.
Hay que recordar que el propio subgobernador del Banco de España reconoció que el Popular no había aportado todas las garantías de las que disponía para acceder a una línea de liquidez mucho mayor por lo que, Saracho, al exponer los «éxitos» de su gestión, estaba reconociendo de manera cristalina que no se habían buscado todas las herramientas que tenía a mano para solventar la situación generada por las salidas de los depósitos.
Aquí llegó el momento en que Saracho dejó clara su intención: la intervención del Popular.  «A pesar del acceso a ese mecanismo urgente de provisión de liquidez, el Banco considera que los datos de liquidez expuestos y la ausencia de perspectivas de recuperación de fuentes de financiación estables en un futuro próximo obligan a considerar que el incumplimiento de la ratio LCR ha dejado de ser provisional y que ese incumplimiento ha pasado a ser significativo a efectos de la valoración de inviabilidad del Banco».
Otro aspecto importante en la responsabilidad de Emilio Saracho en la presunta estafa que ha supuesto la operación de compra del Popular por el Santander por un euro es el desarrollo de las negociaciones con otras entidades para realizar la operación corporativa de la que hizo mención en la Junta de Accionistas. Ya hemos citado anteriormente cómo ocultaron las efectuadas por Barclays y Deutsche Bank por 4.000 millones de euros respectivamente para ampliar capital. Sin embargo, hubo otra que se estaba celebrando paralelamente a que se recibiera la carta de la entidad inglesa. Unos días antes de que la intervención fuera efectiva el propio Santander estaba negociando con un alto directivo del Popular la compra del banco por un valor que osciló entre los 3.000 y los 5.000 millones. No obstante, no las trasladó al Consejo de Administración puesto que este hecho hubiera supuesto que el Popular tendría que haberlo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por consiguiente, la cotización del Popular hubiera tenido que ser suspendida. Hay que recordar que en esos últimos días fueron cruciales en el desplome de su valor en bolsa. Era el remate final a la operación y nada ni nadie podría impedir que se llevara a efecto.