Hoy comienza el periodo formal de negociación del Procedimiento Colectivo en Banco Popular y Banco de Santander, según establece el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Este Expediente de Regulación de Empleo es el primer paso que da la entidad presidida por Ana Patricia Botín para generar una situación de irreversibilidad de la operación, tal y como lo diseñó Javier García-Carranza Benjumea. Si la Justicia no actúa rápidamente y el juez Fernando Andreu no decreta medidas cautelares nos podremos encontrar con un nuevo caso de impunidad ante los tribunales del Santander.
La entidad presidida por Ana Patricia Botín ya ha dejado muy claro cuál va a ser el personal afectado por el ERE. Respecto a los trabajadores del Popular quedarán afectadas todas las unidades de los Servicios Centrales de Madrid y A Coruña, servicios de auditoría y prevención de riesgos laborales de las diferentes Direcciones Territoriales y todo el personal de la dirección general de negocio inmobiliario y transformación de activos (NITA), tanto en los servicios centrales como en la red de oficinas. En referencia a los trabajadores de NITA el Santander tiene la intención de reorganizar su estructura en función del acuerdo que firmó la entidad cántabra con BlackStone por 5.000 millones de euros. Esto quiere decir que profesionales del Popular serán traspasados al fondo americano que ha permitido que el Santander haga negocio con la cartera inmobiliaria del Popular. A estos trabajadores se les sacó de la red de oficinas por sus grandes capacidades profesionales y comerciales. Antes de los despidos o de enviarlos a una empresa que, teóricamente, no tiene ninguna relación con el Santander, una solución lógica para estos empleados sería su vuelta a las oficinas para, aprovechando sus enormes capacidades de venta, incrementar el volumen de ingresos. No hacerlo sería un grave error.
575 personas del Popular serán movidas a empresas del Santander, sobre todo aquellas que tienen funciones de tecnología y de operaciones. La entidad cántabra, según nos informan fuentes sindicales, no tiene intención de aplicar medidas de movilidad geográfica.  Esto tiene trampa ya que no se contemplan cláusulas de retorno porque sus funciones desaparecen del banco.
Aunque en principio desde la representación de la empresa se afirma que hay voluntad para que las cifras iniciales de despidos puedan ser inferior, la realidad, tal y como informamos en Diario16, es que el número total de empleados del Popular que perderán sus puestos de trabajo será superior a los 5.000, ya que, de momento, lo que se está tratando es la reestructuración de los servicios centrales. De momento, no se ha entrado en la red de oficinas, una operación por la que el Santander pretende obtener unos beneficios por encima de los 300 millones de euros.
Respecto al plan de prejubilaciones, éste debe ser voluntario y no forzoso puesto que entonces estaríamos ante un despido por más que se quiera enmascarar dentro de un proceso de prejubilación. A un trabajador no se le puede obligar a prejubilarse por mucho que se le pongan unas condiciones exaltadas de un modo exagerado desde foros afines al Santander.
Nos encontramos ante un ERE preventivo puesto que, a pesar de que el Santander habla de integración, la misma no es oficial. Los sindicatos, tanto los mayoritarios como los minoritarios, tienen la obligación, por respeto a su propia función, de plantar un frente común para evitar que el número de trabajadores despedidos alcance lo previsto en el plan de García-Carranza y, sobre todo, para seguir defendiendo al Popular porque, en este caso, lo que pretende el Santander es agilizar la reestructuración de personal para que la disolución de Banco Popular Español S.A. tarde lo menos posible y, a partir de ahí, hacer irreversible la operación.