Robert Heilein solía decir que lo malo de las conspiraciones es que se pudren por dentro. Esto es, más o menos, lo que está pasando con la historia de la intervención del Banco Popular y su posterior venta al Banco Santander por un euro. A medida que va pasando el tiempo se va conociendo cómo se gestó la Operación Washington en la que se decidió en las esferas de los poderes ocultos que gobiernan el mundo desde la sombra que el Banco Popular Español era la tabla de salvación para el Santander, era la entidad que permitiría reducir las pérdidas de los niveles de beneficio del banco cántabro provocadas por los reveses sufridos en el mercado latinoamericano y en el británico, además de la caída de negocio en España o la mala planificación de ciertos productos estrella que dispararon sus costes sin que esta circunstancia fuera tenida en cuenta durante su diseño. Balzac lo resumió muy bien: «Todo poder es una conspiración permanente».
La operación, tal y como estaba planificada, iba sobre ruedas. Nada se salía de lo programado. El valor de la acción del Popular caía al ritmo marcado por las declaraciones irresponsables de Elke König en Bloomberg o por los titulares de cierta «prensa amiga». El objetivo estaba claro y el propio Emilio Saracho se lo comunicó a su círculo íntimo cuando afirmó que el precio de la acción estaba muy alto y había que bajarlo incluso a cero. Todo iba sobre ruedas, el objetivo cada vez estaba más cerca y los últimos flecos se cerraban en un hotel del Estado de Virginia donde estaban reunidos los más poderosos del mundo, un exclusivo hotel situado a apenas 50 kilómetros de Washington.
Sin embargo, surgió un acontecimiento que hizo que el cronograma se alterara. Antonio del Valle le había propuesto a Emilio Saracho una inversión de capital por 5.000 millones de euros, lo que provocaba que el presidente puesto por los urdidores de la operación de salvamento del Santander se encontrara entre la espada y la pared ya que, si esa oferta se hacía pública, los más de 300.000 pequeños accionistas que estaban viendo cómo los ahorros de su vida estaban siendo devorados por los bajistas se provocarían una presión que daría al traste con toda la operación. Saracho no tenía ninguna excusa para no acometer una ampliación de capital que, evidentemente, subiría el precio de la acción y mejoraría los niveles de liquidez del Popular.
Por esta razón se tuvo que precipitar todo y decidirse a intervenir. La situación se debió comunicar a la JUR a través de Antonio Carrascosa. Se pidió un informe independiente a Deloitte que lo redactó en un tiempo récord teniendo en cuenta que había que intervenir al Popular cuanto antes para entregárselo al Santander. El informe que ahora está «secuestrado» por las autoridades europeas y al que, incluso, han negado el acceso al Congreso de los Diputados o a los europarlamentarios españoles, es decir, a los representantes del pueblo español, no es el definitivo, sino que era provisional porque se redactó en unas pocas horas.
Ante la presión que se está ejerciendo sobre la Junta Única de Resolución tanto por los afectados, como por las instituciones públicas españolas y por la propia administración de Justicia, que lo ha requerido en un auto de la Audiencia Nacional, quien tomó la decisión de intervenir al Popular y entregárselo por un euro al Santander para que éste hiciera negocio rápido y especule con el patrimonio y la cartera del banco intervenido con el fin de obtener unos beneficios rápidos que se reflejen ya en las cuentas de 2.017, la JUR se ha visto en la necesidad de encargar la redacción de un informe definitivo basado en los escenarios planteados por Deloitte que, tal y como han afirmado los inspectores del Banco de España, es un documento muy poco profesional. El problema que se han encontrado Elke König y Antonio Carrascosa es que nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad de redactar ese informe definitivo, ni siquiera Deloitte. ¿Por qué? Algo oscuro tiene que haber en la documentación o en la propia decisión cuando ninguna empresa auditora o consultora, con la competencia atroz que hay en ese sector, se quiere hacer cargo de la responsabilidad de determinar los verdaderos escenarios sobre los que se asentó la decisión de intervenir al Popular. ¿Será que el Popular valía bastante más que un euro?
Los datos del día 6 de junio, los propios datos que manejaba el Consejo de Administración del Popular, determinaban que sí se hubiera podido abrir las oficinas durante el día 7. Estas cifras serán analizadas y publicadas la semana que viene en Diario16. Sin embargo, hay un punto más sobre el que poner el énfasis: si esas cifras que Emilio Saracho presentó ante el Consejo de Administración, teniendo en cuenta que el presidente tenía la obligación de poner un escenario más negro del real para justificar la solicitud de intervención, no mostraban la realidad del banco y el informe de Deloitte presentaba un escenario positivo que no se quiso aplicar, ¿por qué ahora nadie se quiere cargo de la redacción del informe definitivo? ¿Por qué Deloitte no lo hace, dado que, al fin y al cabo, ellos fueron los responsables de la redacción del provisional?
Cada día va quedando más claro que la operación no fue limpia, que influyeron muchos factores y que la precipitación final llevó a los inductores y a los ejecutores a cometer errores muy graves que han tenido como consecuencia la ruina de más de 300.000 familias. Esto es un motivo más para que el juez Fernando Andreu suspenda cautelarmente la operación y no permita que el Santander siga haciendo negocio con un patrimonio que no es suyo.