El Santander acelera en su estrategia para eliminar al Popular del mapa, es decir, para quitarle su responsabilidad jurídica y prescindir de la marca. Todo tiene un único fin: aprovecharse de las carteras y del patrimonio de la que fue la sexta entidad financiera del país. El nuevo paso que ha dado ha sido utilizar el capital del Popular para sanear el balance, pero sin que afecte a sus cuentas. En total, se han gastado el 70% del capital del Popular: 11.181 millones de euros.
El principal concepto que han cargado al Banco Popular ha sido la valoración de la cartera inmobiliaria vendida a BlackStone y su provisión para poder rebajar su precio en un 66%. Es decir, que el Popular ha pagado la diferencia de dos tercios del valor de la cartera vendida al fondo estadounidense a través de provisiones, es decir, un total de 7.779 millones de dólares.
Por otro lado, el Santander tiene la desfachatez de cargar al Popular el coste de los bonos de fidelización con los que se quiere ahorrar las demandas y, de paso, fidelizar a los afectados en su propio banco. Ya contamos en Diario16 que, además, esos bonos no tendrían ningún coste para el Santander puesto que la devolución de las cantidades asignadas a dichos bonos se haría repercutiendo en el cliente los beneficios obtenidos a través de las ratios de intereses del mercado secundario si el afectado decidiera canjearlos pasados los siete años mínimos que exige el Santander de permanencia con el producto. Todo un negocio. Carga su coste al Popular, pero recoge los beneficios de los mismos. Por tanto, los 980 millones de los bonos convertibles también irán a las cuentas de resultados del Santander en el asiente de beneficios.
El Santander pretende justificar esto porque si el Popular no hubiera sido intervenido no serían necesarios ni los bonos ni se interpondrían demandas. Sin embargo, ¿el banco no era inviable, no tenía problemas de liquidez? ¿Cómo se le pueden cargar este tipo de conceptos que son consecuencia de las actuaciones posteriores del Santander? Por otro lado, el banco cántabro no hace mención al sobreprovisionamiento que hizo Saracho de activos que no tenían ningún tipo de toxicidad.
Además, esto generará unas pérdidas enormes que nada tienen que ver con la gestión que se hizo del Popular, sino que son provocadas por las acciones de rentabilización y de búsqueda de beneficio rápido del Santander.
Ante esta situación comprobamos que la verdadera realidad de la operación no era otra que el rescate del propio Santander gracias a la cartera del Popular, de su know how y de los clientes que se mantuvieron fieles y no sacaron sus depósitos durante la crisis provocada por la Operación Washington. ¿Se imaginan que el Santander tuviera que provisionar el 70% de sus activos? Quebraría porque su situación antes de la incautación del Popular ya era muy delicada, pero, en caso de que no estuviera en esa situación, también quedaría muy tocado…, al igual que cualquier otra entidad que se viera obligada a provisionar ese porcentaje de activos.
Ya informamos hace unas semanas acerca de que el Santander incautó al Popular para, entre otras cosas, seguir manteniendo su categoría de banco sistémico. Estos movimientos en las cuentas del Popular que presentarán el próximo viernes lo que hacen es dejar limpio de responsabilidad al propio Santander y, por tanto, quedarle el camino libre para su próximo paso: dejar sin personalidad jurídica y sin la marca al Popular con lo que hará imposible la reversibilidad de la operación. ¿Puede dejar la Justicia impunes todos estos movimientos?
En otro orden de cosas, en Diario16 insistimos en el hecho de que no existe un documento legal firmado del Popular dirigido al FROB solicitando que la entidad fuera intervenida por la JUR. Según quienes están metidos en la operación de rescate al Santander, fue Emilio Saracho quien informó de que el banco no tenía liquidez para, siquiera, abrir las oficinas al día siguiente. Esto no fue así. Saracho no firmó ese documento y si alguien lo hizo no tenía el apoderamiento necesario para hacerlo. Por otro lado, ese documento, de ser cierta su existencia, no es legal porque no fue pasado por el Consejo de Administración que es quien, según los Estatutos, tiene que aprobar esa comunicación.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción tomo el propio juez Fernando Andreu tienen la obligación de intervenir de oficio porque estarían permitiendo una ilegalidad, además de un daño que «puede generar perjuicios si no de imposible, sí de muy difícil reparación», tal y como se reconoce en el auto de la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Son muchos los datos que Diario16 ya ha aportado acerca de la trama que llevó al Popular a ser incautado por el Santander, dejando arruinadas a más de 300.000 familias, de las que un 74% están formadas por pensionistas/jubilados.