Ya han sido cientos los afectados los que han presentado recursos en diferentes órganos judiciales para que la operación por la que el Banco Santander se hizo con el Banco Popular por un euro sea anulada. Ante el volumen de demandas no sólo que hay presentadas sino, sobre todo, por los miles que se van a presentar en fechas próximas. La resolución ejecutada por el FROB, por tanto, debería suspenderse cautelarmente para que el Santander no continúe haciendo negocio con el patrimonio del Popular y, llegado el momento de que se suspendiera la operación, los accionistas se encontraran en un escenario de tierra quemada. Por el momento, el banco cántabro ya ha vendido el 51% de la cartera inmobiliaria y tiene un plan para un cierre masivo de oficinas.
En este escenario, y, sobre todo, frente al recurso presentado por un familiar de Antonio del Valle, el Santander se ha presentado en la causa para evitar, precisamente, esa suspensión cautelar, y ha presentado un escrito de alegaciones en el expone los motivos por los que la entidad cántabra cree que no se debe suspender, basando sus argumentos, sobre todo, en que es imposible devolver las acciones del Popular a sus accionistas ya que la propia intervención de la JUR las amortizó por un euro. Lo sorprendente es que el propio Popular también se ha presentado con la misma argumentación, un refuerzo procesal a los argumentos del Santander.
La decisión se tomará a finales de este mes o a principios del mes de octubre. El juez deberá tener en cuenta las consecuencias presentes de la suspensión cautelar, pero no sólo para el Santander, sino para los más de 300.000 afectados que fueron arruinados por una decisión tomada en Europa sin ningún tipo de transparencia y basada en datos que no se correspondían con la realidad ni con la viabilidad del banco.
Lo que sorprende, sobre todo, es la actitud del Abogado del Estado que se posicionó en favor de la operación, olvidándose de los afectados. El argumento principal es que el FROB ejecutó la orden dada por la JUR tras declararse al Popular insolvente, además de incidir en que la operación es irreversible. Más o menos los mismos argumentos presentados por el Santander.
Nuevamente se ponen los instrumentos del Estado para favorecer a una entidad privada, esta vez de modo indirecto y aprovechando la defensa del FROB en estos recursos. No es entendible esta posición, como no lo es que un Estado defienda a un banco privado contra los ciudadanos, contra los que detentan la soberanía popular, tal y como reconoce la Constitución. El Estado español, en vez de dedicarse a rescatar bancos en dificultades, tendría que cumplir con las obligaciones a las que la Ley le somete. En este caso, el Abogado del Estado tendría que haber apoyado todos y cada uno de los argumentos de los afectados.
La Audiencia Nacional debería frenar, aunque de momento sea de forma cautelar hasta que se tome una resolución definitiva, la resolución del Popular. A diferencia de otras estafas bancarias, como, por ejemplo, las preferentes, se corre el riesgo de que si se decidiera la anulación los accionistas y el propio Popular se encuentren con que el Santander les ha dejado sin patrimonio, sin carteras y con una entidad vacía. Esas son las prisas del banco cántabro por rentabilizar cuanto antes la operación. Las consecuencias de la desaceleración en Sudamérica y del Brexit hacen que el Santander busque operaciones rápidas porque, tal y como ya hemos dicho en Diario16, la situación económica podría haber sido muy preocupante de no haber absorbido al Popular y el hecho de presentar ante los tribunales ese escenario de hechos consumados no tiene otro fin que provocar que los jueces fallen a su favor sin tener en cuenta a los más de 300.000 afectados. La Justicia no puede permitir eso.