Tal y como publicamos en Diario16 en las fechas en las que las entidades bancarias españolas presentaban los resultados del primer semestre de 2017, la operación del Santander para absorber al Popular a coste 0 había provocado que diferentes entidades se hubieran beneficiado de la fuga de depósitos y de productos de inversión. En aquel artículo se mencionó que CaixaBank y Abanca habían declarado en sus presentaciones que sí que habían recibido clientes procedentes del Popular, aunque no se cuantificaba la cantidad.
Ahora ya se sabe cómo se han repartido esos ex clientes del Popular que dejaron la entidad. Según los datos hechos públicos por diferentes entidades, el banco perdió 15.000 millones de euros en depósitos, tanto de clientes particulares como institucionales. La estimación del Santander era que, una vez absorbido al Popular, una parte importante de esos depósitos retornarían al banco cántabro. Sin embargo, no fue así, ya que más del 50% de esa cantidad fue a parar a CaixaBank. Al Santander «sólo» han retornado 2.000 millones, sólo 200 millones más que el BBVA que fue de los grandes bancos el que menos captó. Por tanto, los ex clientes del Popular no confiaron, ni confían en el Santander.
Una de las causas por las que el banco cántabro no sonó como uno de los candidatos a comprar el Popular mientras se estaba perpetrando la operación bajista en bolsa y se lanzaban mensajes de pánico —incluso noticias falsas de quiebra— desde todos los foros implicados en la misma era precisamente esa, que los clientes, tanto institucionales como particulares, que sacaran los depósitos del Popular cayeran en los brazos del Santander y, de este modo, que la entidad cántabra ya rentabilizara la operación incluso antes de su ejecución con una inyección de liquidez a través de esos depósitos. Con los datos que hemos citado anteriormente, no fue así. Los clientes del Popular no confiaban en el Santander ni siquiera sin saber que era el que estaba detrás de la operación. Los que sacaron esos depósitos en los días posteriores a la intervención, lógicamente, no se acercaron a la entidad cántabra.
Esa falta de confianza en el Santander mucho tiene que ver con el modo en que se está gestionando la absorción y las formas por las que el banco cántabro está intentando liquidar todo el patrimonio del Popular para obtener un beneficio rápido que arregle sus cuentas de explotación. Por tanto, la desconfianza en el banco cántabro ha provocado que, en primer lugar, se beneficien otras entidades y, en segundo lugar, que el Santander no haya podido rentabilizar aún más el retorno de los depósitos de quienes abandonaron al Popular por el pánico generado por todos aquellos que estaban dentro de la operación, tanto particulares como medios de comunicación, instituciones españolas y europeas y empresas privadas.
Según el propio Santander, las pérdidas del Popular en el último año fueron de 12.000 millones de euros. En concreto, según se ha publicado en diferentes medios, a 31 de diciembre de 2016 eran 10.000 millones. En esas fechas, quien estaba ya al frente de la entidad eran Emilio Saracho y los consejeros Del Valle y Calderón, a pesar de que aún no se hubiese oficializado el nombramiento del ex vicepresidente de JP Morgan. Estas pérdidas, por tanto, son atribuibles a ese consejo de administración y, como dicta la ley, sería ese consejo el que tuviese que indemnizar a los accionistas con su patrimonio por esas pérdidas.
Por otro lado, esos resultados publicados, casualmente, coinciden casi al céntimo con el patrimonio expropiado a bonistas y accionistas con la resolución del FROB 12.122 millones. El Santander provisiona, pero pagan los accionistas y bonistas a los que dejaron en la ruina. Si las pérdidas hubieran superado 12.122 millones, le hubiera tocado pagar el exceso a la entidad cántabra. Si son menores, le correspondería devolver lo que restara en la reserva a accionistas y bonistas, poniendo además patas arriba la resolución del FROB. Por tanto, las pérdidas «publicadas/cocinadas» suponen el 100,8% del volumen de la reserva indisponible expropiada a accionistas y bonistas. Otra casualidad de esa cifra es que coincide prácticamente con la suma del dinero captado en la ampliación de capital (7.000 millones) y de los impuestos que se ahorrará a final de año (5.000 millones), por lo que la rentabilidad es total porque el coste de la operación es 0.
Otro aspecto es la oferta de bonos por la que el Santander, presuntamente, quiere compensar a los afectados, una oferta que no es otra cosa que un modo por la que el Santander obtendrá un beneficio total porque, tal y como se publicó en este medio la semana pasada, no tendrán que poner un solo euro ya que, sólo con la rentabilidad generada en los siete años de vigencia del producto queda totalmente cubierta con el beneficio del mismo. El Santander no les pagará nada a los afectados, sólo les dará el beneficio generado por ese dinero «retenido» durante esos siete años. Además, es un producto que no es aconsejable para ser contratado por el perfil de los que vayan a contratarlo, tal y como se afirma en el folleto entregado a la CNMV. Si esto es así, no es muy normal que haya publicaciones que la justifiquen o que la casi publiciten como la única solución para los afectados.
En referencia a la oferta de bonos también hay que apuntar un aspecto que es fundamental. Fuentes de los trabajadores del Popular nos han trasladado una reflexión que lo define todo: «cuando tu banco tiene mucho interés en un producto, a quién realmente le interesa es al banco», no al cliente o al trabajador. Y la oferta es para desconfiar porque, según esas mismas fuentes, en primer lugar, el cliente de forma manuscrita debe reconocer que este producto no es conveniente para él. Si tan bueno es el producto, ¿no había otra manera de ponerlo en el mercado o de compensar a todos los afectados? En segundo lugar, los intereses, en principio se abonan trimestralmente, pero el Banco de Santander no tiene ninguna obligación de hacerlo, incluso por determinadas razones podría no realizar el abono de los mismos y no estaría incumpliendo nada.  Hay que confiar en el Banco. En tercer lugar, también por razones financieras, el cliente podría no recuperar el importe con que a priori sería compensado y en este caso, no se estaría una vez más, incumpliendo nada. Por estas y otras razones no es muy lógica la defensa que se está haciendo de la venta de bonos para los afectados desde diferentes foros.
Sin embargo, la operación por la que se rescató al Santander con la intervención es todo menos transparente. Tras más de 3 meses de investigación, en breve publicaremos un documento realizado por expertos juristas nacionales e internacionales por el que los afectados tendrán en su mano las claves que según la ley española son fundamentales para poder anular la operación. Esta documentación, además de ser publicada, será entregada a la nueva Plataforma de Afectados que sabemos que se está creando y que ya cuenta con varios miles de quienes fueron llevados a una situación de ruina para rescatar al Santander y que, en fechas próximas, organizará una asamblea en Madrid de la que podrán informarse puntualmente en este medio, incluso de las condiciones para acceder a la Plataforma con la que se podrán poner en contacto en la siguiente dirección de correo electrónico: afectados.popular.anulacion@gmail.com