En Sabemos ya hemos comentado en diferentes artículos las implicaciones que tendría para los afectados de la incautación del Popular la aceptación de la oferta de bonos convertibles. Se trata de un bono de fidelización con una naturaleza similar a un bono subordinado que dará un 1% de rentabilidad y que el afectado deberá mantener durante 7 años antes de poder cobrar en metálico el valor del producto. Quienes acepten este producto podrán venderlo antes de que finalice ese plazo. Según cálculos del Santander, más de 110.000 pequeños accionistas del Popular podrán acogerse a esta opción. Según el anuncio del producto que hizo la entidad cántabra en el mes de julio «importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo. En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos. En ambos casos, tienen que haberlas mantenido depositadas en el Grupo Popular o Santander en la fecha de la resolución del banco y el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron. Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas».
Esta semana se ha iniciado la acción comercial, tal y como adelantamos en Sabemos. La sorpresa viene por la tipología real del producto y por las condiciones a las que se obliga aceptar a los afectados, unas condiciones abusivas aprovechándose de la situación de extrema necesidad a la que la incautación ha llevado a las más de 300.000 familias. En Sabemos insistimos en que no se trata de grandes inversores o especuladores. Hablamos de trabajadores, pequeños autónomos, jubilados, pensionistas, empleados y ex empleados de la entidad que tenían esa inversión como un modo de mantener un pequeño colchón económico para, por ejemplo, poder pagarse las vacaciones de verano o para ayudar a los familiares que lo están pasando mal por los efectos de la crisis perversa diseñada e implementada por, precisamente, las grandes multinacionales que están copando los accionariados de las empresas del IBEX 35 y, por tanto, los que se han convertido en los máximos accionistas del Santander.
Además de la obligación de no iniciar ninguna acción judicial contra el Santander, el producto de los bonos convertibles tiene otras sorpresas, ya que, según confirma el propio folleto informativo «los bonos de Fidelización presentan complejidades que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas como los Beneficiarios». Para poder aceptar la oferta se obliga a los afectados a que firmen una declaración manuscrita en la que declaren «conocer que los Bonos de Fidelización son un producto complejo que adquieren sin recomendación o asesoramiento de ninguna entidad de Grupo Santander y que han sido informados de su falta de conveniencia […] una operación no resulta conveniente cuando el cliente carece de conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar». El folleto informativo ha sido registrado en la CNMV y, según el mismo, no se realizarán los test de conveniencia a los clientes «dadas las características especiales de los bonos de Fidelización que son ofrecidos».
Los Bonos de Fidelización del Santander para los afectados de la incautación del Popular son «valores de carácter perpetuo y por tanto, sin fecha de vencimiento». Esto tiene un riesgo importante para el afectado porque, a pesar de que el Santander atenderá una remuneración trimestral (un 1% en los primeros siete años y, a partir del octavo, se hace un cálculo a través de un swap. Sin embargo, esto tiene elevados riesgos como, por ejemplo, que el mercado secundario de los bonos pueda tener poca liquidez, es decir, que el afectado por la incautación del Popular se puede encontrar con unos bonos sin fecha de amortización y sin ninguna posibilidad de venderlos en el mercado secundario. El folleto informativo no «garantiza a los titulares de bonos fidelización que vayan a poder vender los bonos en el momento que deseen, ni el precio al que podrán hacerlo».
El Santander está ofreciendo a cambio del silencio y de la «fidelidad» de los afectados del Popular, un producto complejo que podría convertirse en unas nuevas «preferentes» por lo que, el producto del banco cántabro es una doble trampa. La primera, aceptar no presentar acciones legales contra el Santander. La segunda, embarcarse en un producto en el que el propio cliente acepta unas condiciones abusivas como quitar toda la responsabilidad al Santander del conocimiento de la complejidad del producto. La oferta en sí misma es perversa y cruel porque, además de aprovecharse de la situación de necesidad de los afectados, les puede embarcar en un producto muy complejo desde un punto de vista del perfil de la persona por la que podrían perderlo todo por segunda vez.
Realmente, ¿qué pretende el Santander con esta operación? En primer lugar, ahorrarse las importantes minutas de los abogados por las miles de demandas que los afectados podrían interponer al banco cántabro. En segundo lugar, el propio producto y sus condiciones nos llevan a realizar un cálculo por el cual, finalmente, al afectado que aguantara los 7 años como cliente del Santander no se le iba a pagar nada sino que durante ese tiempo de permanencia el propio banco estará jugando con ese dinero para, con los intereses medios que se están pagando en la actualidad, obtener un beneficio del 100% de la cantidad que presuntamente devolverían al afectado, por lo que, realmente no le devuelven nada sino que le pagan con los beneficios obtenidos, lo cual generará al propio Santander un  rendimiento que se añadirá a las ganancias ya obtenidas con la incautación del Popular. En tercer lugar, si el Santander no recomienda la contratación de un producto debido a la complejidad del mismo y al perfil minorista del cliente, ¿por qué lo ofrece? Estamos ante un claro ejemplo de cómo una entidad se quiere lavar las manos tras la experiencia de la estafa de las «preferentes» pero, en este caso, ¿por qué la CNMV permite la comercialización de estos bonos de fidelización cuando las evidencias de que no se trata de un producto adecuado para el perfil de cliente son expresadas incluso en el folleto presentado por el Santander? Realmente, los bonos de fidelización son unas nuevas «preferentes» que se están comercializando gracias la necesidad de los afectados tras haber sido arruinados por una decisión que, cada día que pasa, tiene más indicios de ilegalidad.
Las más de 300.000 familias arruinadas por el rescate del Santander sólo quieren recuperar lo que se les arrebató el 7 de junio, no quieren convertirse en clientes del banco cántabro atados por un producto extremadamente complejo que les puede llevar a la ruina más absoluta porque los mercados no van a permitir perder rentabilidad de la operación.