La operación de rescate del Santander se puede torcer aún más para los inductores de la misma porque la propia Fiscalía Anticorrupción es favorable a que se admitan a trámite las querellas presentadas tanto por afectados individuales como por las diferentes plataformas. El hecho de que esto sea así ya da una idea clara de que la operación tiene visos de presunta ilegalidad, lo que puede llevar a que un Juzgado o la Audiencia Nacional la anulen. Diario16 ya publicó que se habían saltado todas las leyes concursales. Sin embargo, los indicios son mucho mayores y de tal calibre que el propio Banco Central Europeo ha reconocido implícitamente que se pudieron aplicar las normas del MUR de manera errática.
No obstante, la realidad es que el hecho de que Anticorrupción sea favorable a la admisión de trámites nos plantea la pregunta que ya hemos lanzado en varias ocasiones en este medio: ¿por qué no entra de oficio? En el caso de la incautación del Banco Popular para rescatar al Santander hay indicios claros de que se ha producido una presunta corrupción en todos los niveles, tanto de la administración pública como de la aplicación de estrategias destinadas a favorecer a una entidad concreta generando un perjuicio a terceros. Ahí tenía que estar la Fiscalía entrando en la causa de oficio porque las evidencias son claras.
Anticorrupción se convierte en enemigo del Santander por el hecho de que si la operación de incautación del Banco Popular se anulara el perjuicio a sus cuentas sería tremebundo. Ya no podrían contabilizar los beneficios que le ha generado con la venta a BlackStone del 51% de la cartera inmobiliaria del Popular ni las cifras que ya están saliendo de la propia actividad comercial de la red de oficinas, esa misma red que quiere desmantelar, tal y como publicamos en el día de ayer. Todo ello con el impacto negativo que tendrán a final de año los datos macroeconómicos negativos de sus filiales de México y Brasil, que suponen un 35% de los ingresos del Grupo Santander. De ahí las prisas de la entidad cántabra para rentabilizar cuanto antes la operación para plantear ante los tribunales una situación de tierra quemada. Además, en la avenida de Pereda saben que cuentan con la protección del Estado y de Europa.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción es proclive a que en el caso del Popular se traten las demandas en piezas separadas, tal y como se indica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (los grandes casos se dividirán en causas separadas pero incluidas en un mismo sumario, evitando, de este modo, el alargamiento de los plazos para iniciar el juicio oral como ocurrió, por ejemplo, con el caso de la salida a bolsa de Bankia), lo que agilizará aún más la instrucción de las mismas. Además, a diferencia de otros casos de estafa bancaria, la multiplicidad de delitos y posibles encausados hace necesaria esa separación de las piezas, aunque se encuentren dentro de un mismo sumario. Estafa a inversores, falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida, información privilegiada son algunos de los delitos que se están presentando en las querellas, además de los recursos que ya han sido admitidos a trámite contra el FROB. Los acusados por los afectados también son múltiples: Emilio Saracho, Banco de España, CNMV, Banco Popular (que tendrá que asumir el Santander como responsable solidario), PwC, Antonio del Valle, Reyes Calderón, etc. Sin embargo, los afectados se están encontrando con que son muchos los despachos de abogados que no van a litigar contra el propio Santander como inductor de la operación porque, tal y como alguno ya ha confirmado a los propios afectados, hay un conflicto de intereses por ser la entidad cántabra clienta de estos bufetes, hecho que, tal y como adelantamos en Sabemos, se ha ampliado tras la contratación por parte del Santander de otros despachos con los que no tenía una relación antes de la intervención del 7 de junio.
El hecho de que la Justicia vaya a actuar y que una institución con la propia Fiscalía Anticorrupción sea proclive a la admisión de querellas, demandas y recursos —lo que da un carácter verosímil a las acusaciones— está poniendo nerviosos tanto a las propias entidades intervinientes en la operación, como a presidentes, empresas financieras de diferente tipología (nacionales e internacionales), bufetes de abogados, administraciones del Estado y de Europa y representantes públicos tanto en España como en las instituciones europeas.
Los representantes del tercer poder de la democracia son siempre muy cuidadosos a la hora de admitir o inadmitir a trámite una causa. Por esta razón, el hecho de que la propia Fiscalía Anticorrupción sea proclive a la admisión de las demandas, querellas y recursos de los afectados del Popular da una idea de que la operación de incautación no está muy clara desde un punto de vista legal. Ahora empieza el momento en que las dictaduras privadas y las élites intentarán protegerse de manera simbiótica sin importarles los daños colaterales que puedan provocar. Mientras, 300.000 familias arruinadas por el rescate al Santander esperan y miran con esperanza cómo la Justicia es su última tabla de salvación para recuperar el pequeño patrimonio y la dignidad que una noche del mes de junio les arrebataron porque había una entidad en dificultades y las élites no podían permitir que cayera.
Finalmente, diferentes plataformas de afectados se han puesto en contacto con Sabemos para hacernos saber que se está organizando una macro-asamblea en Madrid en la que se debatirá y se acordará la estrategia por la vía penal a seguir, evento del que daremos información puntualmente. La ruina a la que el Santander y todos los culpables han llevado a estas 300.000 familias requiere una respuesta y que cada cual asuma su responsabilidad, por lo civil o por lo penal.