Según publica Intereconomía, las autoridades europeas se habrían dado cuenta de que la precipitación y las maniobras oscuras adoptadas por la Junta Única de Resolución fueron un abuso y que se cometieron muchas de las irregularidades que Sabemos ha venido denunciando desde hace meses.
Tras las demandas presentadas por miles de pequeños accionistas ante los tribunales europeos, serán los jueces los que determinen la cuantía de las indemnizaciones a pagar. Hay que recordar que el Banco Popular tenía un valor de 1.300 millones de euros en acciones que la madrugada del 7 de junio quedaron sin valor alguno dejando en la ruina a más de 300.000 pequeños accionistas, mientras que la JUR determinaba que se vendiera al Santander  la sexta entidad española, Banco Popular Español, por un euro en una subasta de la que no hay ninguna documentación, ni acta, ni información. Las autoridades europeas habían regalado al Santander.
Es tal el caos generado dentro de las instituciones europeas que Bruselas se está planteando un cambio de rumbo porque las consecuencias a futuro de permitir que se intervengan entidades solventes, aunque tengan problemas de liquidez, para salvar a otras en dificultades son muy peligrosas para, incluso, la supervivencia de las autoridades bancarias europeas. Que los jueces del TJUE determinen que hay que devolver al Popular a la situación del 6 de junio sería catastrófico para quienes tomaron la decisión de intervenirlo y, por ende, para la propia Europa. Consecuencias horribles para los culpables de la ruina del Popular, pero que sería la solución más digna.
Implícitamente Bruselas está reconociendo que las cosas no se ajustaron a los reglamentos comunitarios, hecho que una reversión de la operación a través de una sentencia del TJUE verificaría. Por esa razón el Banco Central Europeo no quiere que se vuelvan a repetir los errores de bulto que los inductores y ejecutores del Popular cometieron a la hora de aplicar los reglamentos del MUR. De ahí que se quieran reformar dichas normas para que no vuelva a ocurrir que se incaute a una entidad solvente para salvar a otra por una serie de documentos con datos falsos, erróneos o sesgados. Uno de los primeros pasos que se quieren dar es imponer a la JUR un plazo previo a cualquier intervención para evitar la fuga de depósitos. Tal vez deberían también hacer que los directivos de la Junta de Resolución no lanzaran mensajes en cadenas de televisión para provocar el pánico en los mercados y la consecuente salida de depósitos, tal y como permitieron en el caso del Popular con las declaraciones de König a Bloomberg.
Tal y como se indica en la información de Intereconomía y que Sabemos ya publicó, el cambio de actitud del BCE en lo referente a los reglamentos del MUR y de la JUR es un reconocimiento de que todo lo ocurrido con el Popular se hizo de manera precipitada provocando un enorme daño a más de 300.000 accionistas y ahorradores que vieron cómo su patrimonio de más de 1.300 millones de euros quedaba reducido a cenizas tras el ataque con fuego valirio de la Junta de Resolución.
Por otro lado, los cambios que pueda aplicar el BCE, el reconocimiento del error cometido, deja al Santander en una situación difícil. De ahí las prisas en intentar hacer negocio rápido con el patrimonio del Popular o en que los propios afectados acepten la oferta de bonos convertibles de la que ya hablaremos en siguientes capítulos.