En esos días de junio en que ya se atisba la llegada definitiva del verano, en un hotel cercano a la ciudad alemana de Dresde, el ministro Luis de Guindos y directivos del Banco de Santander trabajaban de manera frenética para buscar una solución a la situación en que se encontraba la entidad cántabra teniendo en cuenta que unas semanas después se celebraría en el Reino Unido el referéndum sobre la permanencia de los británicos en la Unión Europea. Un resultado favorable a la salida sería fatal para el Santander y ya estaban asumiendo importantes pérdidas en los beneficios por la desaceleración de las economías latinoamericanas y por las constantes devaluaciones de divisas. Un tercio del negocio bancario del Santander está en Latinoamérica y una salida del Reino Unido de la Unión Europea sería un desastre que podría llegar a hacer caer a uno de los principales bancos del mundo. No se podía consentir algo así, sobre todo porque el Santander había arriesgado mucho con su entrada en el difícil mercado bancario británico para consolidar la unión bancaria europea. Había llegado el momento en que el favor debía ser devuelto. Tom Hagen hizo la llamada y los deudos acudieron a ella, en este caso, Luis de Guindos.
En esa reunión se estableció, en primer lugar, un objetivo: el Banco Popular que estaba teniendo dificultades en los últimos años por su exposición al ladrillo de la burbuja. El Consejo de Administración de la sexta entidad española acababa de lanzar una ampliación de capital y su presidente, Ángel Ron, tenía un plan de viabilidad para salvar al banco. Sin embargo, Luis de Guindos sabía que las aguas bajaban revueltas en el Consejo de Administración por las injerencias constantes de uno de sus consejeros, el mexicano Antonio del Valle, y De Guindos se iba a aprovechar de ello cuando llegara el momento. En segundo lugar, se buscó a la persona que lideraría dicha operación y se encontró en un hombre del Santander y que en aquel momento era uno de los vicepresidentes de JP Morgan. En tercer lugar, se hizo un esbozo de cómo hundir al Popular: presión de los mercados, descapitalización de liquidez, presión de los medios de comunicación, etc. En cuarto lugar, los directivos del Santander le exigieron a De Guindos la cobertura de las autoridades españolas y europeas. En quinto lugar, se decidió que, fuera cual fuera el resultado del referéndum del Brexit, la operación debía ejecutarse en un plazo de un año, durante las fechas de la reunión del Club Bilderberg que se celebraría en la ciudad de Chantilly al año siguiente. Por esta razón, bautizaron a las estrategias que llevarían a que el Santander fuera rescatado por España y Europa como “Operación Washington”.
A partir de ahí los movimientos y las reuniones fueron constantes. Por un lado, Luis de Guindos puso al servicio de la operación al Banco de España y a la CNMV para que no actuaran ante el ataque frontal contra el Banco Popular que se iniciaría a principios de año. También se aseguró que las autoridades supervisoras españolas no pusieran ninguna pega al nombramiento de Emilio Saracho, un hombre sin experiencia en banca comercial, como presidente del Popular tras la más que probable renuncia o destitución de Ángel Ron. Había que darle vía libre a Saracho para que pudiese realizar las funciones que se le habían encomendado: destruir a la sexta entidad financiera del país para que fuera absorbida, adquirida o regalada al Santander.
Por otro lado, Luis de Guindos se había garantizado una baza importante en Europa: su inseparable amigo, camarada y compadre Antonio Carrascosa ocupaba uno de los principales puestos en la Junta Única de Resolución y, llegado el momento, sería quien aceptaría los datos sesgados y preparados al efecto para tomar la decisión de intervenir al Popular. Carrascosa, además, utilizaría su influencia dentro de la JUR para que, llegado el caso, las propias instituciones europeas aceleraran el pánico en los mercados a través de declaraciones inoportunas e interesadas realizadas en momentos clave de la operación.
La “Operación Washington” se iba a aprovechar de los movimientos encabezados por Antonio del Valle para desalojar a Ángel Ron de la presidencia del Popular. En un principio todo lo que iba a mover el magnate mexicano sería usado como el brazo ejecutor y como una cortina de humo que no hiciera sospechar a nadie que el Santander iba a por el Popular. Además, se les haría creer a todos los “insurgentes” del Consejo de Administración que Saracho trabajaba para ellos y que sería el hombre perfecto para poder realizar la acción corporativa que llevara a la sexta entidad financiera del país a ser vendida a otro banco —Del Valle tenía la preferencia del Sabadell— para que el grupo de inversores y consejeros encabezados por el de México DF obtuvieran grandes beneficios y, de este modo, que fueran la cara visible mientras que De Guindos, Carrascosa, Saracho y el Santander estuvieran moviendo otros hilos.
Sin embargo, se encontraron con un escollo inicial con el que no contaban: el plan de viabilidad de Ángel Ron que había sido aprobado por el Banco de España y por el propio Ministerio de Economía. Este plan estaba dando sus frutos y las cuentas del Popular de diciembre de 2016, aunque mostraban pérdidas, dieron cuenta de que la situación negativa del banco se estaba cauterizando. Saltaron las alarmas y el plan fue frenado en seco tanto por Luis de Guindos como por el propio Emilio Saracho que, aunque no había sido nombrado presidente por la Junta de Accionistas, ya actuaba como tal después de la dimisión de Ron.
Una vez iniciado el año 2017, ya sin el escollo que suponía Ángel Ron y su plan de viabilidad, la operación se aceleraría. Saracho hacía su trabajo de liquidación a la perfección. Del Valle y Reyes Calderón se movían en una línea paralela que beneficiaba, sin ellos saberlo, a los intereses del Santander. El valor del Popular en bolsa iba cayendo a medida que aumentaban las estrategias a corto, incremento que no fue frenado ni por el Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores tal y como hicieron unos meses después con Liberbank.
El deadline se acercaba y Saracho iba demasiado lento. Por eso, y aprovechando la Junta General de Accionistas, dio un primer golpe al confirmar dos estrategias para salvar al banco —ampliación de capital u operación corporativa. El mero planteamiento de dos acciones alternativas supone un error de principiante de cara a los mercados y un experto como Emilio Saracho sabía que esa indefinición iba a tener unas consecuencias tremendas, tal y como ocurrió.  A partir de este instante hasta el día de la intervención se aceleró todo y Saracho comenzó a demostrar para quién trabajaba realmente.
Sin embargo, a pesar de que las posiciones bajistas seguían aumentando su presencia —sobre todo Marshall Wace que pertenece a JP Morgan — sin que ni el Banco de España ni la CNMV actuaran; a pesar de que los rumores de venta a diferentes entidades, sobre todo Bankia y sin que en la rumorología apareciera el Santander, eran cada vez mayores; a pesar de que Saracho continuaba aplicando fórmulas para restar liquidez al Popular; a pesar de que la prensa afín a Antonio del Valle continuaba sacando artículos que generaban más pánico en los mercados, a pesar de todo ello, la operación se pudo ir a pique en el momento en que el propio Del Valle hizo una oferta a Saracho para una ampliación de capital en la que el mexicano podría invertir hasta 10.000 millones de euros. Esta situación hizo que todo se acelerara porque, de filtrarse esa información en los medios, hubiese generado una presión tal que hubiera provocado que el Santander no se hiciera con el Popular. Del Valle tenía la capacidad de salvar al Popular y era algo que ni De Guindos, ni Carrascosa, ni Saracho, ni el Santander podían permitir.
Las filtraciones o las declaraciones inoportunas de Helke König, los informes sesgados presentados por las auditoras, el recrudecimiento de las posiciones a corto que incluso se ponían como mejor modelo de inversión en el Popular por los portales de información bursátil, los movimientos de Saracho para descapitalizar el banco, todo ello llevó a que en la reunión que mantuvo Luis de Guindos en Chantilly (Virginia) con el Santander unos días antes de la intervención se diera luz verde a que el aparato de la JUR tomara la decisión de actuar y de entregar el Popular a la entidad cántabra.
La precipitación de las últimas dos semanas antes de la intervención hizo que se cometieran errores muy graves que podrían llevar a que la Justicia anulara la operación, algo que desde el statu quo no se puede permitir. De ahí la opacidad de las instituciones europeas a la hora de dar explicaciones o de dar acceso a la totalidad de la documentación con el argumento de que tienen que proteger al Santander, tal y como indicó la propia Comisión Europea la pasada semana.
El hundimiento y la intervención de una entidad que había superado los test de estrés y que no tenía ningún problema de viabilidad a través de una operación perfectamente orquestada es un acto de presunta corrupción empresarial y moral porque la consecuencia ha sido que se ha dejado en la ruina a más de 300.000 familias, lo que da una idea de cuáles son las prioridades de quienes gobiernan este país y la Unión Europea: mantener a las élites por encima de lo que sea, incluso de los derechos e intereses de los propios ciudadanos. Ante todo esto, ¿qué está haciendo la Justicia que no entra de oficio, sobre todo teniendo en cuenta que para rescatar al Santander se han tenido que vulnerar leyes fundamentales en la jurisdicción empresarial?