Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Junta Única de Resolución (JUR) son culpables de la intervención del Banco Popular porque, en primer lugar, fueron los que tomaron la decisión, en segundo lugar, utilizaron informes con información que no reflejaba la situación real del banco y, en tercer lugar, porque utilizaron a la sexta entidad española para rescatar al Santander y, de este modo, pagar la factura o devolver el favor que la entidad cántabra le hizo a las instituciones europeas al entrar en el mercado bancario británico, con los elevados riesgos que esa decisión conllevaba, cuando se estaba construyendo el mercado único bancario de la Unión Europea.
Europa actuó nuevamente de manera fría y calculadora anteponiendo los intereses de las élites y de la macroeconomía a la de los ciudadanos europeos, tal y como ha hecho durante toda la crisis económica. Europa ha preferido arruinar a 300.000 europeos a que una entidad como el Santander entrara en serias dificultades por su exposición a la desaceleración de las economías latinoamericanas —sobre todo Brasil, Argentina y Chile— y a las consecuencias del Brexit en el Reino Unido. El Santander ha visto caer su beneficio por estas dos causas que le suponen un 40% de su facturación, además de la caída de la relación entre el mercado bancario europeo y el estadounidense. El favor que Emilio Botín hizo a Europa con la compra del Abbey National Bank o de Alliance&Leicester y la entrada en el accionariado de Bradford&Bingley, además de inyectar capital en la compra de sucursales del Royal Bank of Scotland fue reclamado por el nuevo Consejo de Administración a Europa y las instituciones de la UE no podían negarse. La operación diseñada en España jamás podría haber salido sin la complicidad de Europa y ésta puso a trabajar a todos los organismos que pudieran tener capacidad para poder intervenir al Popular para que el Santander se hiciera con él y, de este modo, conseguir un beneficio inmediato que arreglara su cuenta de resultados. El problema es que utilizaron datos que no reflejaban la realidad del banco al que iban a intervenir para regalárselo al Santander y para arruinar a más de 300.000 familias.
Uno de los afectados ha remitido a Sabemos una comunicación del BCE en el que se justifica la decisión adoptada. Es esta:

Como se puede comprobar, el BCE, en primer lugar, se quita cualquier responsabilidad achacando la decisión a la JUR. En segundo lugar, cita una cronología en la que intenta justificar los riesgos que tenía el Banco Popular en la que carga contra Saracho por las decisiones erráticas que tomó. En tercer lugar, culpa a los medios de comunicación cómplices con la operación bajista de generar un estado de pánico en los mercados que provocó la salida de depósitos. En cuarto lugar, señala las rebajas de calificación crediticia del Popular por parte de las diferentes agencias. El BCE también hace referencia a que la decisión se tomó porque la situación de liquidez del Popular y la imposibilidad de pagar deudas que tenían un vencimiento próximo hacía imposible tomar otra decisión que no fuera intervenir la entidad.
Lo que no cita el BCE en esta carta a uno de los afectados es cómo las declaraciones de Elke König en Bloomberg incrementaron el pánico en los mercados y la salida de depósitos. Tampoco cita los resultados de sus propios test de estrés que fueron superados muy por encima de la nota mínima para realizar una inspección más seria. En los test de 2014 el Popular sólo se quedó a unas décimas de otras entidades españolas como, por ejemplo, el Sabadell que, según se desprende de la respuesta a europarlamentarios españoles de Danièle Nouy, no estaba siendo vigilado. La presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria, en otra misiva al Parlamento Europeo dirigida a un grupo más amplio de eurodiputados españoles, afirmó que las inspecciones al Popular eran constantes porque la situación se hacía cada vez más apremiante desde el mes de abril. Nuevamente, el BCE culpa a Saracho.
Sin embargo, si se hacían seguimientos casi a diario de la liquidez del Popular, ¿por qué no ofreció una línea de liquidez mayor que la que tenía asignada la sexta entidad española a través del Banco de España como ya se hizo con otras entidades tanto en España como en Europa? ¿Por qué no fue efectiva esa vigilancia y dejaron que el Popular siguiera cayendo hasta el punto adecuado en que el Santander pudiera hacerse con él de manera absolutamente gratuita? ¿Por qué el BCE permitió que Elke König creara el pánico definitivo con sus declaraciones en Bloomberg para rematar la fuga de depósitos y la caída del valor en bolsa? Las respuestas a estas preguntas son las pruebas definitivas de que el propio BCE estaba al tanto de la operación y de que alguien en su interior estaba supervisando la caída de la sexta entidad financiera de España para que su patrimonio, sus carteras de negocio y sus activos inmobiliarios sirvieran para salvar al banco que se expuso para dar fuerza al mercado bancario europeo.
Nouy, en la carta a la eurodiputada Paloma López Bermejo, también hace referencia a los test de estrés de 2016 haciendo hincapié en que la situación de capital del Popular era la peor de España. Sin embargo, tal y como rezan los propios datos del BCE, estaba un punto por encima del mínimo y, para evitar problemas, Ángel Ron acometió la ampliación de capital de 2016 tras conocer estos datos.
Tantas excusas, tantas negaciones, tantas explicaciones son el elemento que demuestra que el BCE tiene un alto grado de responsabilidad respecto a la operación puesta en marcha en una ciudad transatlántica que tenía como objetivo provocar la caída de la sexta entidad financiera de España para que fuera la tabla de salvación del Santander porque éste era too big to fail y, además, había contribuido a construir el mercado financiero único con su entrada en el Reino Unido. Según Danièle Nouy las necesidades de capital eran tan grandes que no hubo otra opción y que las ampliaciones de capital efectuadas por el Popular desde el año 2012 no fueron suficientes. El Banco Central Europeo, directa o indirectamente a través del Banco de España, tenía la potestad de obligar al Popular a realizar una ampliación mayor o a aceptar capital público traspasando sus activos tóxicos a la Sareb. Por tanto, el BCE también hizo una dejación de funciones del mismo modo que hicieron el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que había una ampliación de capital prevista. El propio Saracho lo indicó como solución en la Junta de Accionistas del mes de abril, precisamente la fecha que indica Nouy en su respuesta a los eurodiputados españoles. Por otro lado, el Popular tenía un plan de viabilidad aprobado por el Banco de España y por el propio Ministerio de Economía y, por tanto, por Luis de Guindos. Este plan comenzaba a dar resultados cuando fue frenado por el propio titular de Economía sin razón alguna, sin dar explicaciones, a finales de 2016. Precisamente ahí es cuando comienzan las operaciones bajistas encabezadas y los bulos interesados de ciertos medios sobre la situación del Popular que indujeron al pánico tanto en los mercados como en la salida de depósitos que debilitaron la liquidez de la entidad. Fue Luis de Guindos quien frenó el plan de viabilidad cuando vio peligrar la operación diseñada y planificada un año antes.
Otro aspecto que demuestra su culpabilidad y que ha sido reconocido de modo implícito con tantas excusas es el manejo de información sesgada en la que no se mostraba la realidad de la situación del Popular, información que sólo mostraba lo que favorecía a la intervención para que el Santander adquiriera prácticamente a coste cero a la sexta entidad financiera del país. La propia Comisión Europea se ha negado a explicar la venta del Banco Popular por un euro al Santander porque, según la versión del Gobierno de la UE, dar esas explicaciones iría en contra de la entidad compradora, es decir, el Santander, y del sistema financiero de la Unión. ¿Proteger a la entidad compradora? ¿Ser transparente con una decisión que ha arruinado a más de 300.000 pequeños accionistas es un peligro para el sistema financiero de la Unión Europea? La propia decisión ya conlleva una confesión: se hundió al Popular para rescatar al Santander. Por otro lado, que la Comisión Europea esté siendo tan opaca a la hora de facilitar la información requerida por los afectados de la incautación del Popular es un reconocimiento implícito de que, en primer lugar, formó parte de la operación de rescate al Santander y, en segundo lugar, que las cosas se hicieron rozando los márgenes legales, cuando no superándolos. Si todo se hizo ajustándose a la ley no hay necesidad de opacidad.
Otro punto de culpabilidad lo tenemos en la propia Junta de Resolución, organismo en el que es uno de los vicepresidentes Antonio Carrascosa, el amigo inseparable de Luis de Guindos y persona fundamental para tomar la decisión de intervenir al Popular en el momento en que recibiera luz verde tras la reunión mantenida en el Hotel Westfields Marriot de Chantilly (Virginia) por el inductor y por la beneficiada de dicha intervención.
Al igual que ocurrió con las autoridades supervisoras españolas, sin la intervención en favor del Santander de las instituciones europeas no hubiese sido posible el éxito de la operación para rescatar a la entidad cántabra a costa de la ruina de más de 300.000 familias. Con esta Europa que prioriza los intereses de las élites a la de sus ciudadanos yendo en contra de sus propios principios, la decisión más lógica que se debería tomar en España es la misma que tomaron los ciudadanos británicos.