Nada, absolutamente nada de lo que ha ocurrido con el Banco Popular hubiera sido posible si las entidades supervisoras españolas dependientes del Ministerio de Economía hubiesen intervenido cuando era público y notorio que se estaba atacando con estrategias a corto al valor de la acción de la sexta entidad financiera de España.
Tal y como se ha demostrado con otras entidades en las que se prohibieron las estrategias a corto y que han remontado y estabilizado su valor en bolsa, si el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hubieran cumplido con su función el Banco Popular no habría sufrido una pérdida del valor de sus acciones ni, en consecuencia, ni se habría generado el pánico entre los clientes que acudieron a las oficinas, en primer lugar a solicitar información y, posteriormente, a retirar sus depósitos, tal y como confirmaron a Diario16 fuentes de los trabajadores de la red de oficinas del Popular días antes de la intervención presuntamente ilegal de la Junta de Resolución.
El ejemplo de Liberbank, que se dio una semana después de que el Grupo Santander se hiciera con el control de la sexta entidad española, es la mejor muestra de que si el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubiesen frenado las operaciones a corto que se estaban ejecutando en el Popular un mes antes de la intervención la historia hubiera sido otra muy distinta.
Los datos de Liberbank demuestran que tanto la CNMV como el Banco de España miraron hacia otro y permitieron que el Popular se hundiera en bolsa para que fuera entregado al Santander, tal y como estaba diseñado desde un año antes. El día 12 de junio, cinco días después de la intervención de la Junta Única de Resolución, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibió de manera inmediata las ventas a corto o bajistas sobre Liberbank. Esto ocurrió cuando el banco resultante de la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura cuando en tres días el precio de su acción se desplomó un 50%. Después de lo ocurrido con el Popular, las posiciones bajistas que manejan los grandes bancos de inversión como JP Morgan Chase, por ejemplo, pensaron que se les había dado patente de corso sin tener en cuenta que la inacción en el caso del Popular estaba prevista. La decisión de la CNMV respecto a Liberbank se tomó cuando las posiciones bajistas eran sólo del 1,39% cuando en el caso del Popular llegó en los momentos más agresivos a ostentar el 12,37%, siendo uno de los fondos que más posiciones cortas tuvo fue Marshall Wace perteneciente, casualmente, a JP Morgan. A día de hoy, el precio de la acción de Liberbank está estabilizado mientras que el Popular fue regalado por un euro al Santander.
¿Por qué se actuó en el caso de Liberbank, una entidad mucho más pequeña y con menos influencia en el sistema financiero español, y no se hizo con el Popular que estaba sufriendo un ataque más agresivo? La respuesta es muy sencilla: porque las autoridades supervisoras dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos eran elementos fundamentales para que la operación diseñada para rescatar al Santander tuviera éxito. Si el Banco de España y la CNMV hubiese cumplido con sus funciones de supervisión de manera adecuada, el Popular no habría sido intervenido.
Sin embargo, la no actuación respecto a las estrategias a corto o bajistas permitiendo que el Popular perdiera un 66% de su valor en bolsa desde que Ángel Ron presentara su dimisión y Emilio Saracho actuara como «presidente in pectore» no es la única responsabilidad tanto del Banco de España como de la CNMV. Hay otros aspectos que determinan el alto grado de culpabilidad en que el Santander haya sido rescatado a costa de la ruina de más de 300.000 pequeños accionistas.
En primer lugar, el Banco de España tuvo que actuar cuando, a la hora de solicitar la línea de liquidez un día antes de la intervención, tuvieron sospechas de que Emilio Saracho no presentó todas las garantías de las que podía echar mano el Popular, tal y como reconoció el propio sub gobernador del BdE. Ante estas sospechas debió obligar al Consejo del Popular y a su presidente que presentaran todas esas garantías antes de permitir que la JUR interviniera a la sexta entidad financiera de España. Sin embargo, haber cumplido con su deber hubiera llevado al fracaso una operación en la que estaban involucrados los poderes del Estado español y de la Unión Europea porque era prioritario salvar a una entidad bancaria, aunque eso supusiera la ruina para más de 300.000 familias.
En segundo lugar, el Banco de España debió actuar en cuanto tuvo conocimiento de que Saracho estaba provisionando activos financieros que no tenían ningún tipo de toxicidad, ni de morosidad, y que eran totalmente viables, porque eso es ilegal. No lo hizo, dejó hacer.
En tercer lugar, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores debieron obligar a Emilio Saracho a cumplir con el Plan de Viabilidad presentado por Ángel Ron y aprobado por el propio BdE y el Ministerio de Economía de Luis de Guindos. ¿Por qué no lo hicieron cuando ya comenzaba a dar resultados positivos en las cuentas del Popular? La respuesta es tan evidente como que su inacción y su abandono de funciones formaban parte de la operación que no podía permitir que la sexta entidad del país se recuperara, tal y como posiblemente hubiera ocurrido si el Plan de Ron se hubiese aplicado en su totalidad.
El agujero del Santander era tan grande que la operación precisaba de una entidad que le garantizara un retorno rápido y un volumen de negocio en líneas en las que el banco cántabro no tenía presencia que no sólo le generara beneficios rápidos con la venta de activos a fondos buitres, sino que garantizara unos beneficios continuos en el tiempo que remitieran las pérdidas que tendrían tanto con la desaceleración de las economías latinoamericanas como con los efectos negativos del Brexit. Esa entidad sólo podía ser el Popular y para poder llevar a éste a una situación límite era fundamental la permisividad tanto de la CNMV como del Banco de España, permisividad que no sería posible si cumplieran con sus obligaciones, tal y como ocurrió con Liberbank. Si las entidades supervisoras españolas hubiesen actuado cumpliendo con su deber el Santander no habría podido hacerse con el Popular en las condiciones en las que lo hizo y, sobre todo, los 300.000 pequeños accionistas arruinados no estarían en la situación límite en que se hallan.
No obstante, ¿el Banco de España y la CNMV dejaron de cumplir con su deber por iniciativa propia, porque recibieron órdenes superiores de Luis de Guindos o porque formaban parte directa de la operación diseñada un año antes para rescatar al Santander? Lo que queda claro es que, tras el descrédito sufrido hace unos años con la salida a bolsa de Bankia y con la falta de control durante la burbuja inmobiliaria, la decisión de no hacer nada durante la operación bajista no pudo tomarse de manera unilateral sin seguir instrucciones directas de la superioridad…, ¿del Ministerio de Economía o del Banco Central Europeo? En próximas entregas sobre los culpables de la caída del Popular tendrán la respuesta.