La semana pasada informamos de cómo el Banco Central Europeo culpó a Emilio Saracho y de las decisiones desastrosas que tomó el banquero de inversión que no tenía ni idea de cómo gestionar un banco comercial. Según el BCE la situación que obligó a intervenir al Popular para regalárselo al Santander y, de este modo, rescatar a los cántabros de los efectos del Brexit y de la desaceleración latinoamericana, fue culpa de Saracho y de la prensa. Sin embargo, no se han quedado ahí. La presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria, Danièle Nouy, en una carta dirigida a eurodiputados españoles que habían preguntado por las razones de la intervención, justificó la decisión de arruinar a 300.000 ciudadanos europeos se tomó porque el Popular tenía graves problemas de liquidez y de solvencia. Concretamente, en la respuesta dada a la eurodiputada de Izquierda Plural Paloma López Bermejo, Nouy fue mucho más concreta y no dudó en justificar la intervención porque «Los problemas estructurales de la entidad (elevado volumen de activos dudosos, bajo nivel de provisiones, baja rentabilidad) fueron detectados en la evaluación global llevada a cabo en 2014 cuando se estaba estableciendo el Mecanismo Único de Supervisión y se habían reflejado desde entonces en requisitos de capital acordes con dichos problemas en el marco del proceso de evaluación y revisión supervisora».
Esta respuesta está llena de aspectos que no se ajustan a la verdad. En primer lugar, en el año 2014 aún no se había establecido el procedimiento por el que el BCE se hizo cargo de la supervisión bancaria europea. En segundo lugar, los propios test de estrés del BCE, tanto de 2014 como los de 2016, el Banco Popular superó las pruebas con cierta comodidad, tal y como se comprueba en los datos que aportó el propio Banco Central Europeo:

En los test de 2014 el Popular sólo se quedó a unas décimas de otras entidades españolas como, por ejemplo, el Sabadell que, según se desprende de la respuesta de Nouy, no estaba siendo vigilado. La presidenta del Consejo de Supervisión Bancaria, en otra misiva al Parlamento Europeo dirigida a un grupo más amplio de eurodiputados españoles, afirmó que las inspecciones al Popular eran constantes porque la situación se hacía cada vez más apremiante desde el mes de abril. Nuevamente, el BCE culpa a Saracho.
Sin embargo, si se hacían seguimientos casi a diario de la liquidez del Popular, ¿por qué no ofreció una línea de liquidez mayor que la que tenía asignada la sexta entidad española a través del Banco de España como ya se hizo con otras entidades tanto en España como en Europa? ¿Por qué no fue efectiva esa vigilancia y dejaron que el Popular siguiera cayendo hasta el punto adecuado en que el Santander pudiera hacerse con él de manera absolutamente gratuita? ¿Por qué el BCE permitió que Elke König creara el pánico definitivo con sus declaraciones en Bloomberg para rematar la fuga de depósitos y la caída del valor en bolsa? Las respuestas a estas preguntas son las pruebas definitivas de que el propio BCE estaba al tanto de la operación y de que alguien en su interior estaba supervisando la caída de la sexta entidad financiera de España para que su patrimonio, sus carteras de negocio y sus activos inmobiliarios sirvieran para salvar al banco que se expuso para dar fuerza al mercado bancario europeo.
Nouy, en la carta a López Bermejo, también hace referencia a los test de estrés de 2016 haciendo hincapié en que la situación de capital del Popular era la peor de España. Sin embargo, tal y como rezan los propios datos del BCE, estaba un punto por encima del mínimo y, para evitar problemas, Ángel Ron acometió la ampliación de capital de 2016 tras conocer estos datos.
Tantas excusas, tantas negaciones, tantas explicaciones son el elemento que demuestra que el BCE tiene un alto grado de responsabilidad respecto a la operación puesta en marcha en una ciudad transatlántica que tenía como objetivo provocar la caída de la sexta entidad financiera de España para que fuera la tabla de salvación del Santander porque éste era too big to fail y, además, había contribuido a construir el mercado financiero único con su entrada en el Reino Unido. Según Danièle Nouy las necesidades de capital eran tan grandes que no hubo otra opción y que las ampliaciones de capital efectuadas por el Popular desde el año 2012 no fueron suficientes. El Banco Central Europeo, directa o indirectamente a través del Banco de España, tenía la potestad de obligar al Popular a realizar una ampliación mayor o a aceptar capital público traspasando sus activos tóxicos a la Sareb. Por tanto, el BCE también hizo una dejación de funciones del mismo modo que hicieron el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que había una ampliación de capital prevista. El propio Saracho lo indicó como solución en la Junta de Accionistas del mes de abril, precisamente la fecha que indica Nouy en su respuesta a los eurodiputados españoles. Por otro lado, el Popular tenía un plan de viabilidad aprobado por el Banco de España y por el propio Ministerio de Economía y, por tanto, por Luis de Guindos. Este plan comenzaba a dar resultados cuando fue frenado por el propio titular de Economía sin razón alguna, sin dar explicaciones, a finales de 2016. Precisamente ahí es cuando comienzan las operaciones bajistas encabezadas y los bulos interesados de ciertos medios sobre la situación del Popular que indujeron al pánico tanto en los mercados como en la salida de depósitos que debilitaron la liquidez de la entidad. Fue Luis de Guindos quien frenó el plan de viabilidad cuando vio peligrar la operación diseñada y planificada un año antes y a la que denominaron «Washington», nominación que le dieron los asistentes a una reunión, según nos informa nuestro corresponsal en América del Norte.
El desmentido rápido suele ser la antesala de la confirmación. En este caso el Banco Central Europeo ya ha querido quitarse la responsabilidad de la intervención del Popular de tantas formas que lo que está consiguiendo es confesar su responsabilidad y, en cierto grado, su culpabilidad en la ruina de 300.000 familias. Ha culpado a Emilio Saracho —que es uno de los máximos culpables—; ha culpado a la liquidez del Popular; ha culpado a la solvencia de la entidad, cosa que es falsa porque el problema que tenía el Popular podría ser de liquidez, pero jamás de solvencia con un patrimonio auditado y valorado en más de 10.000 millones de euros sin contar con la valoración de su cartera de negocio, de su inmovilizado, de sus activos inmobiliarios que alcanzan un valor superior a los 50.000 millones de euros. El BCE también ha culpado a la propia Junta Única de Resolución que, al fin y al cabo, fue quien tomó la decisión. Sin embargo, ¿quién estaba vigilante en la JUR para intervenir en el momento justo al Popular y entregárselo al Santander dejando en la ruina a 300.000 familias? El amigo y fiel escudero de Luis de Guindos, Antonio Carrascosa. Afirmar que el BCE no tuvo responsabilidad porque la decisión la tomó la JUR es como afirmar que Rajoy no tuvo nada que ver con la Reforma Laboral porque fue un Real Decreto del Ministerio de Empleo.
Emilio Saracho es culpable por ser quien encabezó y ejecutó la operación con precisión de cirujano y con tanta diligencia que la llevó más allá de lo programado para generar un beneficio mayor a su verdadero patrón. Luis de Guindos es culpable porque fue uno de los que diseñó la operación y puso las herramientas necesarias para que las autoridades no hicieran su trabajo de supervisión y frenaran el ataque despiadado que los mercados y las posiciones bajistas, sobre todo las dependientes de JP Morgan (el antiguo banco de Saracho), estaban lanzando al Popular para generar un pánico, no sólo en la bolsa, sino también en los clientes que retiraron sus depósitos. Antonio Carrascosa es culpable porque fue el hombre puesto por De Guindos en la JUR para que nada fallara en el momento de tomar la decisión de intervenir el Popular y entregarla al Santander. Sin embargo, el BCE también es culpable por complicidad al no actuar como fue su obligación. Los desmentidos o el culpar a otros no hacen más que demostrar esa culpabilidad en la ruina de 300.000 familias.