Desde mi último artículo, mi comentarista particular ha decidido no hacer más de sparring en el intercambio de opiniones sobre el escándalo del Banco Popular, y ya no me llega el eco del sector oficialista sobre mis propias reflexiones. Precisamente por eso, cada vez estoy más convencido del acierto de las mismas.
Con el run run de los últimos acontecimientos, empieza a ser notorio y evidente lo que antes era solo una sospecha: que la estrategia de intervenir al Banco Popular tenía en realidad la finalidad de sanear al Banco de Santander.
El insólito comunicado de prensa del BCE sobre la intervención del Popular ha sido la letra que le faltaba a la melodía de ese run run. Las autoridades europeas han empezado a ponerse a cubierto de la caótica actuación de las autoridades españolas, en lo que ya empieza a tomar tintes de revelarse como un verdadero escándalo, de una magnitud parecida al caso “Watergate”, que le costó la carrera al presidente Nixon.
No en vano, el ‘Popular-Gate’ es la manifestación más cercana de la corrupción institucional española, y su capacidad de contagio a las más altas instituciones europeas.
Jurídicamente es incomprensible todo lo que está pasando, aunque se nos siga pidiendo a los españoles que nos acostumbremos a no preguntar, y a mirar para otro lado.
No tiene sentido que desde las instituciones crediticias españolas se haya alimentado el pánico que provocó artificialmente la falta de liquidez del Banco Popular; que luego las autoridades europeas hubieran contribuido a ese pánico para justificar la decisión de intervenir y no de liquidar; y que al final se haya “subastado” el Popular por 1 euro, fuera de las garantías del procedimiento concursal.
A partir de este punto, la relevancia penal de los hechos que se acaban de describir es indiscutible. De un lado, el artículo 259 del Código Penal castiga los negocios especulativos injustificados –entre los que debe de encuadrarse las operaciones ‘bajistas’- cuando tengan por finalidad causar la insolvencia.
De otro lado, el artículo 262 del Código Penal castiga a los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio final de los concursos y subastas públicas.
Y esto precisamente es lo que ha denunciado el BCE en su último comunicado: que en el ‘Popular-Gate’ hubo un concierto ilegal para provocar, a través de la causación intencionada del pánico bursátil, operaciones ‘bajistas’ y salidas de depósitos que colocaron a la entidad en una situación provisional de falta de liquidez, que es precisamente lo que se castiga en el artículo 259 del Código Penal.
De otra parte, al sustraerse la intervención del Popular a las garantías del proceso concursal, que es obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Concursal, se convirtió en un concierto ilegal el concurso público en el que terminó “subastándose” la entidad por 1 solo euro, con unos beneficios finales de 5.100 millones de euros para la adjudicataria, que es precisamente lo que se castiga en el artículo 262 del Código Penal.
Ante estos hechos tan “relevantes” como los anunciados en su día por el Banco Santander a sus socios, así como los denunciados ayer por el propio BCE, la Fiscalía tiene el deber de investigar lo ocurrido y poner los hechos en conocimiento de la justicia española, que es quien tiene que tomar las decisiones en el ámbito penal.