El BCE, con su informe sesgado y censurado, no puede eludir que tuvo una responsabilidad directa en las causas que determinaron la caída del Banco Popular.
En primer lugar, ellos conocían a la perfección las irregularidades cometidas tanto por el Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al no frenar las operaciones en corto que estaban castigando el valor del Popular en bolsa, operaciones en corto que venían, principalmente, de fondos pertenecientes o dependientes de los grandes bancos custodios que son los máximos accionistas del Santander. Antes de haber tomado la decisión de la intervención el BCE debió consultar al Gobierno español, en concreto a Luis de Guindos. No lo hicieron porque el ministro de Economía estaría obligado a reconocer que el banco era solvente porque este hecho fue reconocido por el Gobernador del BdE días después de la intervención. El Gobierno español hubiera tenido que reconocer que la CNMV no había actuado correctamente y había obviado sus responsabilidades para favorecer la operación de rescate del Banco de Santander. Sin embargo, ¿no dispone el BCE de inspectores, auditores u observadores que deberían haber informado de lo que estaba ocurriendo con el Banco Popular? No pusieron a funcionar toda la maquinaria de supervisión europea porque de haberlo hecho se habrían visto obligados a parar la operación. Esta es la razón por la que no exigieron a Luis de Guindos que interviniera para frenar lo que claramente era una estrategia diseñada e implementada con un único fin: hacer caer al Popular para rescatar al Santander.
En el informe sesgado y censurado del BCE echa la culpa a Saracho, pero oculta, incluso en las partes no hechas públicas, que la sola presencia de un experto en banca de inversión en la presidencia de un banco comercial debería haber despertado todas las alarmas y haber puesto en marcha todos los mecanismos de los que dispone el BCE para frenar el nombramiento. No lo hicieron porque Saracho era el hombre perfecto porque sabían que no les iba a fallar.
Otro aspecto que demuestra que el BCE estaba al corriente de todo lo que se estaba moviendo respecto al Popular es la permisividad que, a través de las autoridades españolas, tuvieron con los cambios radicales que hizo Saracho en su equipo directivo como, por ejemplo, la eliminación fulminante del director general de comunicación para que ocupe el puesto alguien afín a la operación y muy cercano al Partido Popular, al Opus Dei, a Luis de Guindos y al Santander. San Ignacio de Loyola dijo que «en tiempos de tribulación, no hacer mudanza». Lo mismo ocurrió con el cese de Francisco Aparicio Valls tras su carta a la CNMV en la que negaba todas las informaciones publicadas con tanta contundencia que pudo haber frenado una operación que ya había cogido velocidad crucero para ejecutarse en fechas en las que el fin del plazo de recurso coincidiera con las vacaciones judiciales españolas.
El secretismo con que se han desarrollado, y se desarrollan, los procesos relacionados con la intervención del Banco Popular por parte de la JUR son otro aspecto que delata que el propio BCE estaba al corriente y dentro de la operación. La entrada de Carrascosa en la Junta Única de Resolución como vicepresidente coincidiendo con la victoria de David Cameron y la convocatoria del referéndum que unos meses después determinó que el Reino Unido salía de la Unión Europea, con el perjuicio que esa decisión del pueblo británico tendría para el Santander no fue casual. El eterno compañero y amigo de Luis de Guindos salió del FROB para ser la pieza clave de una operación que ya se estaba diseñando en los círculos del poder político y económico de España. ¿El BCE desconocía que le habían colocado a un topo que iba a tomar una decisión que tendría como consecuencia la ruina para más de 300.000 ciudadanos europeos, una decisión que se tomará sin tener en cuenta información veraz sino sesgada e interesada? Evidentemente, no. Esto es una parte de las razones de ese ocultismo, de esa güija sobre la que se gestó esta cada día menos presunta estafa.
Otro aspecto del secretismo del BCE lo tenemos en los informes, tanto en el publicado en estos días en el que le echan todas las culpas a Saracho y a la prensa, como en la parte censurada del hecho público como en el famoso documento de Deloitte que se tomó como referencia para tomar la decisión de la intervención. Como hemos visto en estos dos meses de información en exclusiva que ha dado Diario16, nada es casual en todos los movimientos realizados para que el Santander se hiciera con el Popular en unas condiciones en las que los beneficios llegaran de manera inmediata. No fue casual que se encargara a Deloitte ese informe porque fue la auditora del Santander durante un cuarto de siglo y volverá a serlo a partir de que finalice el contrato firmado con PwC, la que también era auditora del Popular, la empresa en la que trabajaron tanto Luis de Guindos después de la quiebra de Lehman Brothers como Antonio Carrascosa tras su salida de la CNMV. ¿Acaso el BCE no conocía la relación de Deloitte con el Santander? ¿A quién quieren engañar después de haber (cada vez menos) presuntamente engañado a más de 300.000 ciudadanos? Todo está tan relacionado y gigantes como JP Morgan, la empresa de Saracho, tienen tanta influencia en el BCE que nada es casual y quien piense que sí lo es ha caído en las redes que han engañado no sólo al pueblo español sino a toda Europa. Un informe como el publicado por el BCE para justificar su actuación a través de frases sacadas de contexto, de cifras interesadas, y con un texto tan censurado como los desclasificados por la CIA, y para culpar de todo a Saracho, es un insulto y una respuesta tan maliciosa, tan manipuladora que injuria claramente a quienes les fue incautado parte de su patrimonio.
Otro punto es la fecha en que han sacado a la luz el informe que culpa de todo a Saracho. ¿Por qué no lo hicieron público en fechas más cercanas a la intervención o antes de que la Comisión Europea diera su visto bueno a la operación? La cuestión está clara: han esperado a que el Santander pudiera cerrar la venta del 51% de los activos inmobiliarios del Popular y obtener, de este modo, un beneficio neto de 5.100 millones de euros. Por otro lado, el banco cántabro ha tenido el tiempo suficiente para pasar depósitos del Popular al Santander, sobre todo de pymes. Es decir, que el BCE ha esperado a que el Banco de Santander haya iniciado la operación de desmantelamiento del modelo de negocio, de la metodología, de las técnicas que han fundamentado al Banco Popular durante sus casi 100 años de historia, un modelo de negocio en el que se han invertido miles de millones de euros que nadie computó para hacer una valoración real de lo que valía el banco antes de intervenirlo. El Santander, con el beneplácito y la protección tanto del BCE como del Gobierno español del Partido Popular y de todas las instituciones que de él dependen, se está apoderando por un euro de activos cuantitativos y cualitativos que ya le está generando un beneficio directo y que, en caso de que las demandas de las víctimas de esta estrategia perversa obligaran a anular la operación, los demandantes se encontrarán con el hecho consumado de que les han desvalijado/saqueado su banco.
Nadie se puede creer que el Banco Central Europeo no supiera todas las cosas que conoce nuestro equipo de investigación sobre la operación, cosas que ya hemos compartido con nuestros lectores y cosas que aún quedan por compartir. Nadie se puede creer que el BCE no tuviera conocimiento de la operación que se gestó en tierras transatlánticas en el primer semestre de 2016 cuando quienes la diseñaron tienen contacto directo con la institución europea. ¿Acaso el BCE se piensa que la gente no sabe hilar y no se da cuenta que unos movimientos de este calibre no se ejecutan en una semana? ¿Acaso el BCE no conoce cómo el Santander ya estaba preparando el terreno en previsión de las demandas con las contrataciones, algunas de ellas espurias y rozando la ilegalidad, de ciertos despachos de abogados para generar conflictos de intereses, contrataciones que se realizaron semanas antes de la intervención? De estos acuerdos ya hablaremos en próximas informaciones.
El BCE, a través del Banco de España y de la CNMV, tuvo que frenar el nombramiento de Emilio Saracho porque de todos era conocida su trayectoria en JP Morgan Chase o en la banca de inversión del Santander. ¿Alguien se puede creer que el BCE desconocía estas relaciones, además de las que tenía con los grandes bancos custodios de Wall Street o con BlackRock, el actual máximo accionista del Santander? ¿Alguien se puede creer que el BCE no conocía que el actual presidente de BlackStone en España es Claudio Boada, que dirigía Lehman Brothers antes de la llegada de Luis de Guindos?
Con tantas dudas sobre la legalidad de la operación, ¿por qué el BCE no deja de justificarse con informes sesgados y censurados y toma la decisión correcta, es decir, anular la operación? No podría hacerlo porque el Santander saldría muy perjudicado y la influencia de la entidad cántabra es de tal calibre que ha logrado que tanto el Gobierno de España como la propia Unión Europea hayan puesto sus recursos al servicio del banco cántabro para que éste no cayera por las consecuencias del Brexit o de la desaceleración en Latinoamérica. El propio BCE tiene la potestad de multar tanto al Ministerio de Economía y al Santander, además de reclamar el valor de 40.000 millons de euros que era el valor real del Popular el 7 de junio para indemnizar a los más de 300.000 pequeños accionistas a los que se estafó con una decisión tomada en las altas esferas de las dictaduras privadas que ya rigen las vidas de los habitantes de este planeta.