El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado sesgado y censurado el informe interno por el que se tomó la decisión de intervenir al Banco Popular y, en consecuencia, dejar sin valor los títulos de más de 300.000 pequeños accionistas.
La conclusión que se saca de este documento, que no explica de ningún modo por qué se tomó la decisión ni los mecanismos utilizados para dejar en la ruina a más de 300.000 personas y rescatar al Banco de Santander de la situación crítica en que se encontraba, es muy sencilla: el BCE no tiene ninguna responsabilidad en la caída del Popular y la culpa es de Emilio Saracho por el cúmulo de despropósitos en que se convirtió la gestión del hombre puesto en la presidencia de la sexta entidad española por Luis de Guindos y el propio Banco de Santander para llevar al Popular a una situación crítica que permitiera a la entidad cántabra comprarlo con un mínimo de inversión que significara un retorno casi súbito y unos beneficios netos que se pudiera aplicar en las cuentas de fin de año.
Según el informe del Banco Central Europeo, en el mes de febrero de 2017 el Popular hizo provisiones extraordinarias por 5.700 millones de euros y declaró pérdidas superiores a los 3.000 millones, además de producirse el relevo de Ángel Ron por Emilio Saracho, un hombre sin ninguna experiencia en la gestión de banca comercial. Todos estos movimientos provocaron que se rebajara el rating del Popular, lo que fue la génesis de la primera gran retirada de depósitos, según lo indicado en el informe sesgado y censurado hecho público por el BCE.
En el mes de abril, el Popular hizo movimientos dentro del Consejo de Administración, informó de que se habían realizado modificaciones en las cuentas de resultados, lo que, según la versión del informe del BCE, volvió a repercutir en el nivel de depósitos de la entidad. A todo esto hay que sumarle que se produjo una nueva bajada de la calificación crediticia, el despropósito de Saracho al anunciar dos soluciones para el Popular en la Junta de Accionistas sin concretar ninguna, lo que volvió a generar inseguridad en los mercados y en los clientes y, por consiguiente, una nueva bajada del precio de la acción y más retiradas de depósitos. A todo esto, aunque el informe no lo cita, se comenzaban a producir trasvases de directivos del Popular al Santander como el caso de Monseñor Pomares que gestionaba los fondos de la Iglesia y de organizaciones afines. Esta situación de caos y de exposición de la entidad provocó que a finales de abril la agencia Moody’s volviera a rebajar el rating del Popular.
Según la versión sesgada y censurada del Banco Central Europeo a la caída del Popular también contribuyó de manera definitiva el pánico generado por informaciones publicadas a principios del mes de mayo en las que se indicaba que el propio BCE había exigido a Saracho un mayor número de provisiones o que Saracho había iniciado el proceso de venta de la entidad. Lo que no dice el informe es que esas informaciones se dictaban a los medios que las publicaban desde la planta noble del Edificio Beatriz de Madrid o desde el propio Consejo de Administración.
Por otro lado, el informe sesgado y censurado hecho público no hace ninguna mención a la «valiosa aportación» a incrementar la exposición y a la pérdida de activos que hizo la presidenta del Mecanismo Único de Resolución Elke König con sus declaraciones a Bloomberg en las que afirmó que la situación del Popular les hacía estar vigilantes y que se habían puesto en alerta permanente. Estas palabras de König hicieron que el valor del Popular se desplomara en un solo día y una semana después fue intervenido. Lo que sí menciona fue la importancia que tuvo en la decisión la pérdida de activos y depósitos de ese día 31 de mayo.
Según el informe sesgado y censurado, el Popular estaba perdido porque la situación de liquidez hacía inviable su funcionamiento y que el proceso de venta llegaría demasiado tarde. Sin embargo, lo que no menciona es que Saracho no aportó todas las garantías al Banco de España para acceder a la línea de liquidez extraordinaria (ELA) ni que el verdadero problema del Popular se encontraba en esa liquidez y no en la viabilidad o en la solvencia del banco, tal y como se ha demostrado con las operaciones de venta de activos tóxicos realizadas por el Santander a BlackRock y con el patrimonio del propio banco que estaba valorado por encima de los 10.000 millones de euros.
El Banco Central Europeo, con este informe sesgado y censurado, no ha hecho más que querer hacerse un lifting de cara a la opinión pública y, sobre todo, de cara a los 300.000 pequeños accionistas a los que la decisión de la intervención dejó sin una parte importante de su patrimonio y que, evidentemente, van a litigar, precisamente, contra el BCE y la JUR porque la operación de entrega de la sexta entidad financiera al Santander está tan llena de oscuridad que, posiblemente, podría ser considerada como una de las mayores estafas de la historia, mucho más que la de Madox o la de las hipotecas subprime que llevó a la quiebra al Lehman Brothers de Luis de Guindos.
Echar la culpa a Saracho es muy fácil porque cuando el antiguo vicepresidente de JP Morgan Chase aceptó el puesto que le ofrecieron De Guindos y el Santander para dirigir la operación de rescate de la entidad cántabra ya sabía que todos los golpes irían dirigidos hacia él, incluidos los de quienes fueron sus cómplices en algún momento de la estrategia.