Al final teníamos razón en lo que veníamos denunciando sobre que la compra del Popular por el Santander era algo más que un “fiasco” de 1 euro. Era una más que presunta estafa.
Tal y como acaba de anunciar la mismísima entidad cántabra, la operación tenía como finalidad adquirir los activos del Popular, pero no los pasivos, todo sin hacer ningún tipo de provisión.
Se trataba de simular una absorción “sanadora” de un banco en “crisis”, bajo la apariencia de la compraventa de “todo” su patrimonio por el precio simbólico de 1 euro, recibiendo con ello los parabienes de las autoridades crediticias españolas y europeas.
Sin embargo, la realidad que es muy tozuda ha demostrado que la finalidad última del Santander no era “sanear” al Popular, sino “sanearse así mismo” recibiendo un patrimonio libre de pasivos, a costa de los accionistas del Popular, sin dotar un solo euro en concepto de provisiones.
La propia entidad cántabra lo ha hecho público ella misma en un comunicado a sus socios que lleva fecha de 8 de agosto.
Se trataría “para el Banco Popular y Banco Santander de la desconsolidación de sus balances de esos activos ‘non performing’, sin impacto en resultados”. Para ello “Banco Santander comunica que Banco Popular ha formalizado con el fondo BlackStone los contratos para la adquisición por el fondo del 51%, y, por tanto, del control del negocio inmobiliario de Banco Popular integrado por la cartera de inmuebles adjudicados, créditos dudosos procedentes del sector inmobiliario y otros activos relacionados con esta actividad de Banco Popular y sus filiales”.
Sigue diciendo el comunicado que “el cierre de la operación conllevará la creación de una sociedad a la que Banco Popular traspasará el negocio constituido por los activos señalados”. Y termina indicando que “la gestión del patrimonio integrado en la sociedad conjunta estará atribuida desde el cierre a BlackStone”.
A partir de este punto, la relevancia penal de los hechos que se acaban de describir es indiscutible. El artículo 262 del Código Penal castiga con pena de prisión a los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio final de los concursos y subastas públicas.
Es evidente que el concierto ilegal entre el Santander y el fondo Blackstone ya existía cuando la Administración hizo público el concurso para la adjudicación del Popular.
Una operación como la anunciada por el Santander a sus socios no se prepara en cuatro días.
Pero también es evidente la connivencia de la propia Administración del Estado en el “fraude” a los socios del Banco Popular.
Esto se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que ni el Banco de España ni la CNMV autorizan habitualmente una “componenda” de este estilo si previamente no existen garantías para la necesaria dotación de las provisiones.
En este caso no se consignó ni un solo euro de provisión. A partir de este punto, es evidente también que los directivos del Popular “dejaron” intervenir a la entidad.
Ante estos hechos tan “relevantes” como los anunciados por el Banco Santander a sus socios, la justicia española tiene que tomar alguna decisión, y la competente debía ser desde luego la Audiencia Nacional.
¿Por qué no se ha suspendido cautelarmente los efectos de la intervención tras haber admitido a trámite dos recursos contra la decisión del FROB y, por tanto, las operaciones especulativas que pueda hacer el Santander con el patrimonio del Popular? Estas suspensiones cautelares son habituales, tal y como vemos con los recursos presentados por el Gobierno en otros casos. Sin embargo, cuando se trata de defender a los ciudadanos en vez de a los intereses del poder, estas suspensiones parece que no son tan habituales. Los poderes fácticos se protegen entre ellos y los daños colaterales que pueda generar esa protección simbiótica son asumibles. Da igual el número de muertos (en este caso son 300.000) mientras el general siga vivo.