Han pasado dos meses desde que la Junta Única de Resolución (JUR) decidiese intervenir al Banco Popular y que esa decisión dejara en la ruina a más de 300.000 pequeños accionistas. La presentación de demandas por parte de diferentes bufetes en representación de accionistas particulares o de asociaciones de afectados por esta decisión ponían en duda que la Comisión Europea terminara de dar el sí definitivo a esta operación, aunque la aprobación estaba dada desde el mismo día de la intervención. La compra del Popular por un euro es el modo en que las autoridades europeas y las españolas tienen de pagar la factura que el Santander pasó en mayo de 2016 tras la victoria de David Cameron en las elecciones británicas y la consiguiente convocatoria de un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y que ponía en serio peligro a la entidad cántabra tras la fuerte inversión que tuvo que hacer para entrar en el mercado bancario británico y fortalecer la unión bancaria europea.
Según la Comisión Europea, la operación no infringe la normativa europea de competencia porque las cuotas de mercado conjuntas de ambos bancos no superan el 25%, lo que permitirá que siga existiendo una competencia efectiva en el sector bancario español.
El sí de Bruselas significa, en primer lugar, que la anulación de la decisión tomada por la JUR tendrá que dirimirse en los tribunales porque el Santander no está dispuesto a seguir el camino más digno. En segundo lugar, que la Comisión Europea considera justificado que más de 300.000 ciudadanos europeos lo perdieran todo por una decisión basada en informes manipulados y redactados a la carta del comprador. En tercer lugar, y, quizá, la más importante, ya ha dejado el beneficio de la venta de un 51% de la cartera inmobiliaria del Popular a BlackStone porque los 12.000 millones que afirmó el banco cántabro que ha tenido que poner para salvar la situación financiera del Popular ya se amortizaron tras los 7.000 millones captados en la ampliación de capital y los 5.000 millones que se ahorrará el Santander en impuestos gracias al Popular. Por tanto, la venta del 51% del ladrillo a BlackStone ya va a generar un beneficio de más de 5.000 millones de euros.
El sí de Bruselas a la operación de compra del Popular permite al Santander restañar los daños que están sufriendo sus cuentas por los efectos del Brexit y por la desacelarción de las economías latinoamericanas.
Sin embargo, el Santander está operando con un patrimonio que puede perder en cuanto un juez independiente determine que la decisión adoptada por la Junta Única de Resolución no se ajustó a las normas, tal y como están defendiendo bufetes como Navas&Cusí en las propias instancias europeas o, tal y como ha detectado la propia Audiencia Nacional al admitir a trámite dos recursos contra la resolución.
Si eso ocurriera, ¿qué pasará con ese patrimonio que el Santander está malvendiendo para salvar sus cuentas? ¿Tendrá que devolver ese dinero? ¿Qué ocurrirá con los 7.000 millones de la ampliación de capital? Y, sobre todo, ¿cómo restañará el perjuicio que está provocando en el patrimonio del Popular si un tribunal sentencia que la operación es nula?
Una entidad como el Banco de Santander no toma riesgos como los que está tomando si todos los cabos no están bien atados y esos nudos gordianos fueron realizados por las propias autoridades españolas a través del propio Luis de Guindos y de las europeas por medio de Antonio Carrascosa. Hay que estar muy seguro de que nada ni nadie va a anular la operación. La Comisión Europea ya le ha garantizado más de 5.000 millones de beneficios. El Gobierno español del Partido Popular ya le garantizó que a través del ahorro de impuestos la inyección de capital le costase menos de lo que le costó comprar el Popular. Ahora sólo queda si dentro del plan de Luis de Guindos, Antonio Carrascosa, Emilio Saracho también se incluía la protección judicial.
Que la Comisión Europea haya autorizado la operación de la compra del Santander por un euro del Banco Popular incrementa la sensación de que la UE se ha convertido en una dictadura en la que se da definitivamente la espalda a los ciudadanos. Europa ha entrado en una dinámica de defensa de las dictaduras privadas pasando por encima de los intereses de los europeos. A España ya le ha hecho un daño que va a ser irreparable hasta el siglo XXII con las políticas de austeridad impuestas gracias a la complicidad de gobiernos débiles que antepusieron intereses supranacionales a los de la ciudadanía llegando, incluso, a poner en bandeja el intervencionismo neoliberal con la reforma del artículo 135 de la Constitución. ¿Hasta cuándo se va a permitir esto? ¿Hasta cuándo los partidos políticos, sobre todo los de la izquierda, van a permitir que Europa anteponga los intereses de una entidad bancaria a los de 300.000 familias que lo han perdido todo por el pago de deudas que no adquirieron? ¿Hasta cuándo la Justicia no va a frenar esas actitudes más propias del pinochetismo más duro que de una entidad que, presuntamente, defiende los valores de la democracia? La Comisión Europea ha dado el sí a una operación que tiene visos de ilegalidad y, por tanto, se ha convertido en responsable de la ruina de los más de 300.000 pensionistas, jubilados, trabajadores, empleados y clientes minoritarios. Los ciudadanos británicos decidieron que no valía la pena mantenerse en una entidad que cada día que pasa ha olvidado la defensa de los valores democráticos para adquirir actitudes dictatoriales. Tal vez no estuvieran tan equivocados.