Como ya hemos comentado en Sabemos, Emilio Saracho fue el principal ejecutor de una operación que no tenía otro fin que entregar a la sexta entidad al Santander. Para que esta estrategia tuviera éxito se pusieron en funcionamiento todos los resortes tanto gubernamentales como de los mercados para que nada fallara.
Por un lado, Luis de Guindos se aseguró de que ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervinieran. Por otro lado, sus influencias en Europa a través de su fiel escudero Antonio Carrascosa garantizaban que, llegado el momento, las autoridades europeas serían el mejor aliado. Además, su experiencia en el sector privado en la auditora PwC garantizaba que los informes que se presentaran fueran beneficiosos para que el Popular fuera declarado inviable y, por tanto, intervenido para entregárselo al Santander.
La pieza promotora e inductora de la presunta “estafa”, mientras  desde la UE no demuestren lo contrario a los accionistas del Banco Popular, siempre ha sido Luis De Guindos con el presunto conocimiento, según ha podido saber Sabemos, del propio Rajoy, estrategia de Presidente, actuando como Poncio Pilato, con el fin de contentar a la familia Aznar en general por motivos diversos. De Guindos no tuvo que pensar mucho para, junto a Carrascosa, poner en marcha su “pérfido plan”. Sólo tenía que negociar e interesar en la operación a su amigo Emilio Saracho. Ambos se deben favores “apócrifos”: un hombre del Santander con un cargo de alta dirección en el banco de inversión JP Morgan Chase. Saracho, el “liquidador”, fue la persona elegida para ejecutar la operación por varias razones: era un banquero de inversión, es decir, conocía los mercados; trabajaba en JP Morgan lo que le daba poder para manejar la estrategia de derrumbe de la acción del Popular a través de fondos internacionales con capacidad para desestabilizar. Uno de los fondos que más posiciones cortas tiene es Marshall Wace que, casualmente, pertenece a JP Morgan, lo mismo que uno de los máximos accionistas del Santander es Chase Nominees que también pertenece a JP Morgan.
La poca fundamentación de los movimientos del mercado durante el mes de mayo que llevaron el precio de la acción del Popular por debajo de 0.30 cada vez está más clara y no es legal, lo que nos vuelve a llevar a la falta de intervención de las autoridades supervisoras españolas. Ahí estaba De Guindos para evitar que se inmiscuyeran.
La estrategia está dejando tantas sospechas de ilegalidad que la propia Audiencia Nacional, según ha podido saber Sabemos, ante el elevado número de demandas o de recursos, y tras la admisión a trámite de los recursos de OCU y de ADICAE, se está planteando muy seriamente anular la operación de compra del Popular por parte del Santander ya que los argumentos jurídicos planteados por quienes dirigen tanto las demandas como los recursos son de una solidez legal tan evidente que  ponen, y presuntamente demuestran de forma muy clara, cómo se hundió a la sexta entidad financiera de España para regalársela a la primera, el Banco Cántabro, cómo se utilizaron elementos y estrategias contrarias a la ley, cómo se está ocultando información que demostraría que la decisión tomada no se ajustaba ni a derecho ni a la realidad del banco, cómo, consecuencia de no anularla, desembocaría en un serio escándalo de injusticia social y económica de tal tamaño que ningún sistema judicial se podría recuperar del mismo en varias décadas.
Tal es la sospecha de ilegalidad que el propio Antonio del Valle, uno de los inductores de la estrategia bajista, ya ha declarado que el banco era viable y que no era necesario intervenirlo porque él se había postulado para inyectar 10.000 millones de euros y salvarlo. Evidentemente, si eso hubiera ocurrido, Del Valle se habría hecho con el control del Popular y hubiera podido venderlo al Sabadell, que era su primera intención. Hay que recordar, tal y como indicamos en Sabemos durante las semanas anteriores a la intervención, que Antonio del Valle y Reyes Calderón tenían la intención de llevar el precio de la acción por debajo de 0,40 para que fuera vendido a otra entidad. Ellos pensaron que habían logrado echar a Ángel Ron y contratado a Emilio Saracho para que ejecutara la operación. Lo que no sabían era que el ex de JP Morgan tenía órdenes de Luis de Guindos para llevar al límite al Popular y, de este modo, con la inestimable colaboración de Antonio Carrascosa en la JUR (Elke König incluida con sus declaraciones en Bloomberg que generaron tal pánico en los mercados que fueron la sentencia para el Popular), lograr que las autoridades europeas intervinieran a la sexta entidad española y se la entregaran al Santander en una “subasta” de la que nadie tiene constancia de que existiera porque la opacidad con que se llevó la intervención, la compra por un euro y la ruina de más de 300.000 pequeños accionistas y ahorradores.
Antonio del Valle fue engañado por Saracho. Se le utilizó para la operación bajista que llevara el precio de la acción con la promesa de que él se haría con el banco para venderlo a la entidad que quisiera (Sabadell). Lo que Del Valle y sus cómplices no sabían era que Saracho tenía otro amo y no se dieron cuenta de lo que ocurría hasta que días antes de la intervención se dieron cuenta que habían perdido el control que supuesta tenían sobre Emilio Saracho al comprobar que estaba realizando movimientos que nada tenían que ver con una simple bajada del precio de la acción como, por ejemplo, la provisión de activos no tóxicos para restar liquidez al Popular o, lo fundamental, el rechazo a la oferta de ampliar capital por 10.000 millones que pondrían en su totalidad Del Valle y sus inversores mexicanos.
Ahora el mexicano ha recurrido la decisión del FROB en la Audiencia Nacional porque, según él, el Banco Popular no estaba en dificultades, tal y como hemos indicado en Sabemos. Para Del Valle el negocio era redondo, como lo está siendo ahora mismo para el Santander. Él y su grupo de inversores se hacían con el control del Popular por 10.000 millones, hacían repuntar el precio de la acción hasta un punto por encima del valor de la ampliación de 2016 y lo vendían al Sabadell no sólo por el precio de las acciones sino con el incremento del valor real de la entidad que está por encima de los 50.000 millones (sólo la cartera inmobiliaria está por encima de los 30.000 millones como se está comprobando con las prisas del Santander para venderla a BlackStone incluso antes de que Bruselas haya autorizado la operación de compra del Popular).
La operación de De Guindos, Carrascosa, Saracho y JP Morgan es muy oscura y el hecho de que uno de los principales inductores de la descapitalización de la acción del Popular haya afirmado con contundencia que el banco era solvente y que no tenía dificultades “ni se preveía que las tuviera” muestra cómo no ha importado vulnerar presuntamente la Ley para rescatar al Santander.
Es la Audiencia Nacional quien duda de la legalidad de la operación, pero también son las autoridades europeas que no dependen o tienen conexión con el BCE las que están poniendo en duda la legalidad de la operación de compra. El daño a la propia credibilidad de Europa ha sido tan grande que el empeño que se puso por parte del Gobierno de España y de las autoridades económicas de la Unión (además de la presión de grandes fondos y bancos custodios internacionales que controlan el mercado bancario mundial) para que fuera el Santander el único candidato para hacerse con el Popular ha comenzado a generar una inmensa alarma social fundamentada en la indiscutible ilegalidad de toda la operación desde su génesis al presente de cada día que pasa, al punto de que se esté considerando a España un país “fallido” social y constitucionalmente, y como consecuencia un país anti democrático en manos de las dictaduras privadas nacionales e internacionales.