Tras la intervención del Banco Popular por la Junta Única de Resolución y la incautación de sus ahorros a más de 300.000 pequeños accionistas, a más de 300.000 familias, éstas no se han quedado quietas y se han unido para reclamar ante la Justicia lo que con nocturnidad y alevosía se les arrebató el día 7 de junio. Cada uno ha ido por un lado pero, al ser accionistas minoritarios y haberse quedado sin una parte importante de su dinero, se han visto obligados a unirse en diferentes plataformas para la presentación de demandas colectivas.
En estas demandas que se han interpuesto o se van a interponer hay una gran diversidad de estrategias. Unas van contra la Junta Única de Resolución, otras contra el FROB o contra los antiguos directivos del Popular. También los hay que van a reclamar por la vía civil la devolución del dinero incautado a los accionistas. Sin embargo, ¿por qué ninguna va contra el Santander que, al fin y al cabo, es el responsable solidario de la operación tras haber comprado a la sexta entidad de España?
Quienes quieran interponer recursos contra la decisión de la JUR o contra el FROB sólo tienen hasta el día 7 de agosto para hacerlo. El plazo se va acabando. Supuestamente, Cremades&Calvo-Sotelo presentaría su recurso a lo largo del viernes, según las informaciones recibidas por este medio. Ya hemos informado de los que han interpuesto el bufete Navas&Cusí que trajo como consecuencia que las autoridades europeas solicitaran una reunión urgente. También son notorios los presentados por la OCU y por ADICAE contra el FROB, de los que también hemos informado en Sabemos, y que han sido admitidos a trámite por la Audiencia Nacional. Por otra parte, ADICAE también ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Junta Única de Resolución. La propia reacción de las autoridades judiciales ante estos recursos y demandas ya demuestra que toda la operación que terminó el día 7 de junio con la compra del Popular por el Santander por un euro tiene demasiados puntos oscuros o que rozan la ilegalidad, cuando no se superara la línea entre lo correcto y lo condenable.
La propia Audiencia Nacional, ante el elevado número de demandas o de recursos, y tras la admisión a trámite el recurso de OCU y de ADICAE, se está planteando muy seriamente anular la operación de compra del Popular por parte del Santander porque los argumentos jurídicos planteados por quienes dirigen tanto las demandas como los recursos son de una solidez legal tan grande y demuestran tan a las claras cómo se hundió a la sexta entidad financiera de España para regalársela a la primera, cómo se utilizaron elementos y estrategias contrarias a la ley, cómo se está ocultando información que demostraría que la decisión tomada no se ajustaba ni a derecho ni a la realidad del banco, que no anularla sería un escándalo judicial de tal tamaño que ningún sistema judicial se podría recuperar del mismo en varias décadas. Es la Audiencia Nacional, pero también son las autoridades europeas que no dependen o tienen conexión con el BCE las que están poniendo en duda la legalidad de la operación de compra. El daño a la propia credibilidad de Europa ha sido tan grande que el empeño que se puso por parte del Gobierno de España y de las autoridades económicas de la Unión (además de la presión de grandes fondos y bancos custodios internacionales que controlan el mercado bancario mundial) para que fuera el Santander el único candidato para hacerse con el Popular ha comenzado a generar sospechas sobre la legalidad de toda la operación.
El planteamiento jurídico de quienes quieren dirigir sus demandas contra las autoridades europeas y españolas se basan, sobre todo, en el famoso informe de Deloitte que se tomó como base para adoptar la decisión de intervenir el Popular, informe que, por cierto, está embargado e inaccesible a los ciudadanos europeos cosa que atenta contra los principios que rigen la Unión Europea.
La única realidad es que hay más de 300.000 familias a las que se les quitó todo y a los que se dejó en la ruina. No hablamos de grandes potentados, de multimillonarios que han perdido la inversión que habían hecho para aumentar su patrimonio. No. Hablamos de jubilados, de trabajadores, de funcionarios, de pensionistas que tenían su pequeña inversión dedicada a completar sus salarios o sus pensiones. Como un número de afectados tan grande es normal que nos encontremos con un enjambre de colectivos que se han unido en torno a un despacho de abogados o a una asociación de consumidores que, a su vez, cuenta con los servicios de un despacho concreto. Un verdadero ejército de parias de la tierra que lucharán por recuperar lo que les hurtaron una madrugada del mes de junio: su dinero y su dignidad.
Veamos quiénes son los que, hasta ahora, han dado la cara, sus estrategias y a quién representan. Por un lado, tenemos a Félix Izquierdo y Eliseo Martínez que, además, representan a la Organización de Consumidores y Usuarios. Su estrategia está en plantear recursos y demandas contra las autoridades españolas y europeas por la intervención y por el oscurantismo respecto al informe de Deloitte. También plantearán demandas penales contra Emilio Saracho y Ángel Ron. Contra el presidente elegido por el Santander para hundir al Popular y entregárselo en bandeja de plata también ha planteado una querella criminal el despacho Durán&Durán que, por otro lado, también tiene pensado salirse de la tónica general y demandar al Santander. Ius Qualitas ha intepuesto querella criminal contra Ángel Ron, contra el Consejero Delegado Pedro Lorena, contra el vicepresidente Roberto Higuera, contra PwC y contra el socio de la auditora que firmó las cuentas de 2016, Pedro Barrio.
Un despacho que se desmarca del resto de estrategias es Jausas, quien tiene planteado presentar demandas civiles para recuperar la inversión de los afectados.
La gran mayoría de los despachos que presentarán demandas y recursos colectivos y de las asociaciones de consumidores mantienen la misma estrategia: demandar a la JUR y al FROB por ser quienes tomaron la decisión de intervenir al Popular y, además, tener acceso al informe de Deloitte. Es lo que va a hacer el bufete Ferrer-Bonsoms. Este despacho tiene la particularidad de que el padre de uno de los socios fue presidente del Banco Atlántico, consejero del Popular durante la presidencia de Luis Valls Taberner. En esta línea también está Cremades&Calvo-Sotelo, como ya informamos en Sabemos tras reconocer que su estrategia no pasaba por demandar al Santander por tener conflictos de intereses al ser la entidad cántabra cliente suyo. Esta confesión la hizo después de haber captado más de 1000 poderes de afectados que esperaban una defensa total de sus intereses no sólo parcial.
Los grandes accionistas también han contratado a grandes bufetes como es el caso de la familia chilena Luksic a quien Antonio del Valle le convención que invirtiera millones de euros dos días antes de la intervención y que, por supuesto, le fueron incautados. Luksic ha contratado los servicios del despacho que defendió con éxito a la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia. Lo que no contará es con la ayuda legal de la Fiscalía.
El propio Antonio del Valle también ha contratado los servicios de dos grandes despachos, uno para las demandas en España y otro para los frentes que se le puedan abrir fuera de nuestro país. Serán, respectivamente, Ontier y Kirkland&Ellis. Del Valle, además, tendrá que enfrentarse a demandas que irán dirigidas contra él por ser miembro del Consejo de Administración.
En la misma situación se encuentra Reyes Calderón, la consejera que desestabilizó el Consejo y que traicionó a Ángel Ron. Ella ha contratado a Alemán, Escalona and De Fuentes.
Luego nos encontramos con que la Sindicatura, el accionista mayoritario del Popular, ha recrudecido su sistémica guerra civil tras la incautación del valor de sus acciones. Una parte de ella se ha ligado con la Unión Europea de Inversiones, muy ligada al Opus Dei, y que será representada por Cremades&Calvo-Sotelo.
¿Y Emilio Saracho? Muchas de las querellas penales van a ir dirigidas a él por ser el responsable máximo de la caída del Popular. Sin embargo, se desconoce si se ha puesto en manos de sus abogados, de un despacho o, directamente, va a ser defendido por los servicios jurídicos del Santander o por la Abogacía del Estado. De todos modos, querellarse contra Saracho es absurdo puesto que va a tener la misma protección mediática y estatal que tuvo la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia. Además, en caso de que se ganaran esas querellas Saracho no dispone ni de patrimonio ni de dinero suficiente para hacer frente a las indemnizaciones, salvo que estas cantidades estén negociadas en el acuerdo que alcanzó con el Santander para hundir al Popular y generar el escenario perfecto para que éste fuera regalado a aquél.
La duda que subyace ante esta avalancha de demandas, querellas, recursos, denuncias, reclamaciones y ante el tráfico de hora punta de abogados que se prevé, es la ausencia del Santander como acusado o como receptor de todas esas acciones legales. Al fin y al cabo, es el responsable solidario por haber comprado al Popular por un euro. Sin embargo, su responsabilidad va más allá que la meramente solidaria ya que quien comenzó a mover los resortes políticos, gubernamentales y europeos para poder adquirir al Popular y, de este modo, incluir en el grupo al único banco con el que podría salir del atolladero en que el Brexit y la desaceleración de las economías latinoamericanas le han metido.