El Santander necesitaba ayuda urgente. El descenso de sus beneficios era patente, tal y como demostraban sus cuentas, por más maquillaje contable que le quisieran poner. La situación económica en España puede estar mejorando a nivel macroeconómico, pero no en lo referente a aquello que da beneficio a un banco comercial, es decir, al consumo interno que es lo que genera demanda de crédito. En Latinoamérica han vivido desde la mitad de la primera década del 2000 hasta los primeros años de la actual en una burbuja financiera que va desinflándose poco a poco y eso ha hecho resentirse a la unidad de negocio que supone un tercio del Grupo Santander. Finalmente, el Brexit está dejando muy tocado los resultados puesto que una parte de los beneficios van destinados al ROE en España y las consecuencias que está teniendo en la economía británica la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea son, quizá, más graves de lo que pudiera pensarse. Ya hay bancos que han implementado planes para salir del Reino Unido incluso antes de que se cierren las negociaciones de salida con la UE, cosa que el Santander no puede hacer porque la entidad cántabra, a diferencia de otros grandes bancos internacionales, no está sólo presente en la City, sino que está dentro del sistema bancario británico y su salida supondría pérdidas mil millonarias.
Ante esta situación, se pusieron en marcha todos los resortes económicos, gubernamentales y europeos para salvar al Santander. Eran muchos los favores a devolver como para dejarle caer. Fue anunciarse el Brexit e iniciarse con una operación en la que están directa o indirectamente implicadas gobiernos, autoridades europeas, banca de inversión internacional y bancos custodios que son los máximos accionistas del Santander y, que, además, controlan los mercados.
Para que todo se resolviera en un plazo muy corto de tiempo había que generar un escenario de pánico en los mercados porque ese era el único flanco por el que poder atacar al Popular ya que, a nivel patrimonial, no tenían nada que hacer. Tenían que ser los mercados. Para que nadie interviniera tenían la connivencia de Luis de Guindos y de todas las autoridades supervisoras que dependen del Ministerio de Economía. Sin esa complicidad hubiera sido impensable que ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervinieran para frenar las operaciones en corto que se estaban aplicando contra el Popular, operaciones que fueron frenadas en otros casos y que tuvieron como resultado la no intervención de otras entidades. Sin la complicidad de Luis de Guindos no hubiera sido posible que el Popular hubiera sido ofrecido a Bankia y que estas conversaciones fueran filtradas para que toda la prensa se enterara de que la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri era la principal candidata del ministro para hacerse con el Popular. Como la operación tenía tantos puntos oscuros el presidente de Bankia se negó u opuso mucha resistencia, pero, evidentemente, todo eso se tenía que saber porque era la cortina de humo para que el Santander no apareciera ni en los papeles ni en los digitales. La complicidad de Luis de Guindos se comprueba con la no intervención del Banco de España cuando Emilio Saracho provisionó productos sanos, algo que es ilegal, con la finalidad de reducir la liquidez del Popular cuando la acción ya estaba por debajo de 0,45 euros y un día antes de la intervención. Pero hubo complicidades también en las autoridades europeas. No es normal que Elke Konig saliera en un portal televisivo afirmando que el Popular estaba en serias dificultades lo que aceleró el ritmo de bajada del precio de la acción por el pánico que generó. Tampoco es muy normal que el inseparable compañero de De Guindos, Antonio Carrascosa, tomara parte y decidiera con el informe secreto de Deloitte intervenir a la sexta entidad. La complicidad de las autoridades europeas se comprueba con la opacidad con que se llevó todo el proceso de intervención y de entrega del Popular al Santander. Se dice que hubo una subasta, pero no se ha hecho público si hubo más de un candidato en la puja. No hay actas de dicha subasta. Nada. Todo oscuro, todo opaco, todo contrario a la propia legislación por la que se rigen los órganos regulatorios europeos.
Esta complicidad de las autoridades gubernamentales y europeas con una operación que estaba destinada a rescatar a una entidad too big to fail y la puesta a su disposición de organismos públicos es un modo de corrupción por la que tendría que entrar a investigar de oficio la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. ¿O es que dentro de la operación también estaba incluida la inacción del tercer poder? ¿Tanta influencia tiene el Santander como para evitar que se investigue la operación que ha dejado en la ruina a más de 300.000 familias? La Justicia está para defender los intereses de los ciudadanos, independientemente de su estatus social. Sorprende que ningún fiscal o que ningún juez haya determinado que habría que investigar todos los movimientos realizados contra el Popular desde, al menos, mayo de 2016, fecha en la que se sabía que se iba a convocar un referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Los abusos de la banca contra los ciudadanos están suponiendo un filón de oro para ciertos despachos de abogados de este país. Cláusulas suelo, preferentes, salida a bolsa de Bankia, gastos de hipoteca, son sólo algunos de los ejemplos en los que bufetes como Arriaga Asociados, Rosales o Martínez Echevarría están siempre en la actualidad. ¿Cuándo se ha visto que un despacho de abogados pueda permitirse contratar a una estrella del fútbol o de la comunicación para sus campañas publicitarias? En Estados Unidos es más habitual ver a los letrados anunciándose en la televisión por la cultura norteamericana de poner demandas por cualquier cosa. Sin embargo, el éxito de estos bufetes, sin desmerecer el trabajo de sus profesionales, no está en la cantidad de casos que ganan sino en la legislación que las autoridades judiciales españolas y europeas han generado en los últimos años. Cada cliente que cogen es, prácticamente, un caso ganado que conlleva su correspondiente comisión.
En el caso del Banco Popular, en el que por una decisión política adoptada por una institución europea se dejó en la ruina a más de 300.000 pequeños accionistas, los despachos de abogados han encontrado el nuevo filón. Todos los bufetes se pusieron en marcha, incluso meses antes de la intervención, para captar a las víctimas de uno de los movimientos más corruptos de la historia de este país.