Julia y Joaquín salieron a cenar una noche con unos amigos. Nada anormal, una noche fabulosa, tranquila, de conversación inteligente. Cuando llegaron a su casa se encontraron con que otra familia había ocupado su vivienda. Llamaron a la policía, quien les dijo que no era posible sin una orden judicial. Preguntaron quién había permitido entrar en la propiedad a esa familia y fueron informados de que fue la propia comunidad de vecinos la que había permitido que eso pudiera suceder. Julia y Joaquín estaban atemorizados, sorprendidos e indignados. Lo habían perdido todo. Recurrieron a distintos abogados que les decían que lo que deberían hacer era litigar contra la comunidad no contra la familia. No sabían qué hacer. Lo importante era recuperar su casa. Uno de los abogados les dijo que habían recibido una oferta por parte de la comunidad de vecinos: les pagarían en dinero para que la familia que había ocupado la casa se quedara. Le dieron permiso al letrado para que negociara con quienes les habían robado. Esperaron intranquilos, pero con un rayo de esperanza: al menos podrían recuperar el dinero del valor de su casa e iniciar una nueva vida en otro lugar. Cuando el letrado llegó les dijo que lo máximo que iban a ofrecer eran 20.000 euros. ¿Cómo iban a aceptar esa cantidad cuando la casa les había costado 15 veces más? Era indignante. Se sentían impotentes mientras su abogado les recomendaba que lo aceptaran.
Esta pequeña historia de ficción resume muy bien cómo han vivido los pequeños accionistas del Banco Popular la incautación del valor de sus acciones y cómo están viviendo los movimientos de los diferentes despachos de abogados que les venden esperanza pero que realmente lo que están haciendo es proteger uno de los principales responsable de todo lo que ha ocurrido.
Son muchos los bufetes de abogados que están reuniendo a afectados del Banco Popular para presentar demandas colectivas. Sin embargo, tal y como ya hemos comentado en Sabemos, no están dirigiendo sus estrategias de demanda hacia el Santander que, al fin y al cabo, es el responsable solidario y quien se tendría que hacer cargo de todas las reclamaciones porque fue quien se quedó con el Popular por un euro. Toda la acción de estos despachos pasa por dirigir las reclamaciones al FROB o hacia el JUR para buscar una indemnización que ellos creen justa para las víctimas de la incautación del Popular. Eso sí, por, al menos, un 25% de lo recuperado. Hacer eso no es otra cosa que jugar con las esperanzas de quien está desesperado y no hay cosa más baja que utilizar la esperanza de quien lo ha perdido todo para ganar dinero.
En estos días hemos sabido que la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) reclamará a la Junta Única de Resolución un precio por acción de 1,85 euros que, según los analistas del despacho de abogados Cremades&Calvo-Sotelo, es el precio que tenían a 31 de diciembre de 2016, según los datos del último balance auditado de la entidad. Teniendo en cuenta que la acción llegó a estar por debajo de 0,30 euros horas antes de la intervención, serán muchos los accionistas que lo vean como una buena cantidad. Sin embargo, no es así. No es más que otra de las muchas maniobras de distracción que se están realizando para desviar el foco de quien debe ser el que devuelva el dinero a los pequeños accionistas del Popular: el Banco de Santander.
Cremades ya reconoció en una reunión con pequeños accionistas en Almería que ellos no podían ejercer ningún tipo de acción legal contra el Santander porque la entidad es cliente del bufete y, por tanto, se produciría un conflicto de intereses. No es sólo Cremades, son muchos los grandes despachos los que, ya sea porque ya tenían al Santander de cliente antes del 7 de junio, ya sea porque han sido contratados en estas semanas, tienen ese inconveniente para ofrecer unos servicios completos a quienes lo han perdido todo. No ir contra el Santander podría, incluso, suponer un doble juego que iría en contra de cualquier ética y buena praxis en el ejercicio de la abogacía.
La realidad es que ir en contra del FROB o de la JUR con el fin de reclamar una indemnización es una forma de dar falsas esperanzas y de no atacar a los verdaderos responsables, a los que deberían devolver inmediatamente el valor de las acciones a quienes se lo quitaron con nocturnidad y alevosía.
Los ciudadanos se indignan cuando se usa dinero público para rescatar a un banco. Eso es lo que están exigiendo estos despachos de abogados, que sea el Estado el que se haga cargo de devolver el dinero incautado una noche de junio, ya que si es el FROB el condenado el pago de esas indemnizaciones correría a cuenta del Estado español. En cambio, la Comisión Europea ha afirmó que si las demandas iban contra el FROB sería Europa quien se hiciera cargo de las mismas. La situación es la misma, es dinero público que se debería utilizar para mantener la sanidad, la educación o para garantizar una vida digna a los ciudadanos. No para hacerse cargo de la culpa de otros.
Es el Santander el que tiene que hacer frente a las indemnizaciones porque, además de responsable solidario, fue uno de los principales actores de la operación de acoso y derribo del Popular. En Sabemos ya hemos informado de que, a pesar de las vueltas que le quiso dar Luis de Guindos y la prensa afín a la operación, desde el primer momento sólo había un candidato: el Banco de Santander.
¿Por qué pagar la cantidad que reclama AEMEC? 1,85 euros por acción es el precio calculado en base a las cuentas auditadas a fecha de 31 de diciembre de 2016. El propio Santander afirmó en la presentación de sus bonos de fidelización para los minoritarios del Popular que sólo podrían acogerse a la misma quienes tuvieran títulos comprados a partir de la ampliación de capital de 2016.
Ese es el precio mínimo que debería pagar el Santander por las acciones, 2,50 euros. El mínimo, insistimos porque, en realidad, el justiprecio sería pagar por el valor total del banco. Como les explicábamos hace unos días los beneficios del Santander con la compra del Popular se van a empezar a ver en un plazo muy corto.
Según esas mismas cuentas auditadas a fecha de 31 de diciembre de 2016 el banco tenía un valor patrimonial superior a los 11.000 millones de euros. Si a eso le sumamos la cartera de clientes, sobre todo en el sector Pyme, o la cartera inmobiliaria, estaríamos en un valor superior a los 53.000 millones de euros. Todo esto sin contar con los 7.808 millones que tenía en bolsa. El Santander ha comprado todo esto por un euro y ha necesitado invertir 12.000 millones, una parte suplida con los 7.000 millones captados en la ampliación de capital y la otra parte que retornará a través del ahorro de 5.000 millones vía impuestos por los créditos fiscales del Popular. Es decir, que a la entidad cántabra comprar a la sexta entidad del país le ha costado exactamente eso, 1 euro. El resto son beneficios. En las próximas semanas venderá la cartera de activos inmobiliarios del Popular al fondo LoneStar por 30.000 millones. En menos de dos meses el Santander habrá obtenido un beneficio por esa cantidad, además de los que ya le está generando el propio negocio generado a través de las diferentes carteras de clientes, de las operaciones de las oficinas y de la banca on-line.
Esta es la razón por la que el Santander debe devolver a los accionistas del Popular que lo perdieron todo en la noche del 6 al 7 de junio el valor correspondiente al precio de la acción en base al valor total de la entidad: 12,62 euros por acción.
No hacerlo así lleva la operación a algo que podría ser catalogado por cualquier tribunal como delito de estafa puesto que se ha despojado de una parte importante de su patrimonio a 300.000 personas para obtener un beneficio de ello. Y todo lo ocurrido con la complicidad, la connivencia o el apoyo de élites privadas y gubernamentales porque ante lo que ocurrió desde el mes de abril hasta junio el hecho de que ni la CNMV, ni el Banco de España, ni el Ministerio de Economía de Luis de Guindos interviniera para frenar el ataque de los mercados y a los torpedos internos lanzados por Emilio Saracho, da un grado de complicidad o de connivencia muy elevado.
Los afectados del Popular no quieren migajas, quieren lo que les corresponde por justicia. Los intereses de las dictaduras privadas no se pueden anteponer a los del pueblo y los gobiernos deben ponerse del lado de su pueblo que, al fin y al cabo, es el que tiene la soberanía de la nación. Hacer lo contrario, como se ha hecho, es, cuanto menos, una traición. Esas propuestas de los abogados que tienen intereses con el Santander no son más que juegos de leguleyo que se aprovechan de la desesperación o, lo que es peor, de la necesidad.