La Audiencia Nacional admite el recurso de ADICAE contra el FROB por la venta del Popular, aunque sorprende que las acciones judiciales se estén dirigiendo al FROB y no al Santander, al Ministerio de Economía de Luis De Guindos, al Banco de España o a la CNMV.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso que presentó ADICAE el pasado 19 de junio contra la resolución del FROB por la que se ejecutó la resolución del Banco Popular y por la que la entidad fue intervenida y vendida por un euro al Banco Santander. La operación tuvo como resultado que más de 300.000 pequeños accionistas perdieran los ahorros que tenían invertidos en la sexta entidad financiera de este país a pesar de que sólo unos días antes del 7 de junio las autoridades habían declarado que el banco era solvente y que, en lo referente a su patrimonio, tenía activos por encima de los 11.000 millones de euros, además de la cartera de negocio y de la inmobiliaria que el Santander va a vender al fondo LoneStar por 30.000 millones de euros.
En 20 días hábiles ADICAE tendrá acceso a los expedientes administrativos sobre los que se tomó la decisión de intervenir al Popular en la noche del 7 de junio. Este hecho podrá permitir a la asociación comprobar una parte de las maniobras extrañas que tuvieron como resultado que cientos de miles de pequeños accionistas perdieron su patrimonio. ADICAE piensa que la información de esos documentos señalará a los culpables y en base a la misma tomará las decisiones que correspondan para depurar responsabilidades y que se devuelva lo incautado a las víctimas.
Por otro lado, ADICAE afirma en un comunicado que «no considera la oferta que el Banco Santander «ofreció» a una minoría de afectados puesto que se trata de «migajas tóxicas» que ponen en riesgo a los clientes. La única motivación de su ofrecimiento se basa en evitar un mayor número de reclamaciones judiciales. Mientras, la entidad sale triunfante de la operación».
En España es el segundo golpe que recibe la operación que terminó con la venta del Popular al Santander por un euro y que dejó en la ruina a cientos de miles de pequeños accionistas, la gran mayoría de ellos jubilados, empleados y pensionistas. La primera fue la admisión a trámite por la Audiencia Nacional del recurso de la OCU. Por otro lado, tal y como informamos en Sabemos, Bruselas también ha respondido al recurso planteado por el despacho Navas&Cusí con una propuesta de reunión por parte del vicepresidente del Panel de Recursos de la Junta Única de Resolución (JUR) Yves Herinckx. El mismo despacho comunicó que el 3 de agosto Bruselas tendrá que dar una respuesta a este recurso.
La Justicia está respondiendo de una manera independiente y realizando la función que tiene conferido el tercer poder. Sin embargo, ¿seguirá siendo libre e independiente? ¿Continuará defendiendo a los ciudadanos que se han visto indefensos ante una operación en la que se han realizado acciones o se han implementado estrategias claramente ilegales? Las presiones que van a recibir los jueces y fiscales de las entidades privadas y públicas que han sido actores principales y cómplices de la descapitalización del Popular van a ser muy fuertes. Nombres como De Guindos, Emilio Saracho, Antonio Carrascosa y los propios directivos del Santander han tenido un protagonismo fundamental en la incautación y ruina de los 300.000 afectados de la intervención del Popular. Nombres que tienen mucho poder en este país. La Justicia se ha convertido en El Álamo para esos cientos de miles de víctimas porque ya ha quedado claro que el Santander no va a seguir la línea más digna y ética que es la anulación de la operación, algo que es jurídicamente viable. La Justicia debe mantener su independencia y olvidarse de las presiones que, evidentemente, va a recibir porque hay mucho en juego para las élites o las dictaduras privadas de este país.
El hecho de que tanto la Audiencia Nacional como las autoridades europeas estén admitiendo a trámite las distintas demandas de las asociaciones de afectados demuestra que la operación se hizo rozando los límites de la ley cuando no infringiéndola. Sin embargo, ¿por qué todas van dirigidas al FROB? ¿Por qué ninguna va contra el Santander que, al hacerse con el Popular, es el responsable solidario de todo lo que ocurrió? La responsabilidad del banco cántabro está ahí, tanto por lo que respecta al Popular como en lo que respecta al papel que jugó en toda la operación de acoso y derribo al valor de la acción. ¿Hay un interés por parte de estas asociaciones de ocultar la responsabilidad del Santander bajo la cortina de humo que genera el FROB? Y, ¿por qué el FROB y no el Ministerio de Economía de Luis de Guindos, el Banco de España o la CNMV que miraron para otro lado mientras los movimientos del mercado bursátil demostraban que se estaba atacando a una entidad que era solvente? 300.000 pequeños accionistas han visto cómo se confiscaban o se expropiaban sus bienes, ¿tampoco hay responsabilidad por parte del Gobierno cuya función principal es defender los intereses de sus ciudadanos?
No se trata sólo de restaurar sus bienes a las víctimas de esta operación, se trata de que esa devolución vaya acompañada de la restitución de la propiedad del Banco Popular a sus legítimos dueños y eso sólo se puede hacer anulando la decisión que la Junta Única de Resolución tomó en la noche del 6 al 7 de junio, tal y como está planteando el despacho Navas&Cusí ante las autoridades europeas.
Lo que los accionistas quieren es que el Banco de Santander les devuelva el dinero que se les sustrajo en base al justiprecio del valor real del Popular, no sólo el bursátil, un valor que jamás estará por debajo de los 30.000 millones de euros y eso no se logra recurriendo decisiones del FROB sino buscando la anulación de la operación y reclamando a quien realmente tiene la capacidad económica de pagar por lo que compra, es decir, al Santander.