Según fuentes consultadas por Diario16, el Santander no se va a echar atrás en su operación de compra del Banco Popular y está dispuesto a luchar contra los pequeños accionistas a los que se les incautó el valor de sus acciones como colofón a una estrategia de acoso y derribo del precio de la entidad en bolsa iniciado por Antonio del Valle y sus inversores latinoamericanos, ejecutada por Emilio Saracho, tal y como se le encargó desde las altas instancias y finalizada por la Junta Única de Resolución.
El banco cántabro tal vez pensó que el caramelito de miel que puso la pasada semana en la boca de los pequeños accionistas por medio de los bonos de fidelización iba a lograr calmar los ánimos de quienes lo han perdido todo. Eran tantas las condiciones que se ponían que el tercio de afectados que se podrían acoger a esta acción comercial la recibió con mucho escepticismo más que con alivio. Las reacciones las hemos visto en estas páginas a través de las propias palabras de los afectados. Nadie se fía de esta oferta, tiene tantos condicionantes que se ha visto la verdadera intención de la misma: comprar el silencio aprovechándose de la necesidad de estos accionistas minoritarios, la gran mayoría de ellos jubilados, pensionistas o empleados del Popular.
Ante esta reacción tan hostil el Santander no se ha quedado quieto esperando a que las demandas comiencen a llegar y ha puesto a trabajar a los diferentes gabinetes jurídicos y, según fuentes consultadas por este medio, han contratado a diez de los mejores y más prestigiosos despachos de abogados para que litiguen contra aquellos que lo han perdido todo. Esta es la crueldad de la humanidad: mientras unos se tienen que unir para recuperar lo que ilegítimamente les fue arrebatado con nocturnidad y alevosía el 7 de junio, el demandado tendrá a su disposición a los bufetes más prestigiosos del país; mientras unos se tienen que acoger a demandas colectivas en las que los pequeños despachos o las organizaciones de consumidores sólo pudiendo pagar los servicios jurídicos con un porcentaje de lo recuperado —porcentaje que en algunos casos supera el 30%— mientras que el demandado podrá gastar cientos de miles de euros en su estrategia legal, estrategia que pasará, por supuesto, por la utilización de argucias legales para alargar al máximo los procesos y, de este modo, obligar a los minoritarios a desistir, ya sea por una cuestión económica, ya sea por una cuestión de finalización de su línea vital.
Este hecho hace comprensible el hecho de que Cremades&Calvo Sotelo expusiera en Almería la semana pasada que su estrategia legal pasaba por demandar a las autoridades europeas, pero no al Santander por conflicto de intereses, tal y como reconoció una representante del bufete a las preguntas del miembro del Consejo Editor de Diario16 Andrés Mata.
Estos grandes bufetes tienen recursos ilimitados para utilizar todas las argucias legales, todos los subterfugios necesarios, para liberar de su responsabilidad al Santander y, si eso no funcionara porque el Juzgado encargado de las demandas de los afectados del Popular aplicara la independencia que se le supone al tercer poder y no se siente intimidado por las influencias o las presiones que se prevén, esos grandes bufetes tienen la capacidad para alargar el proceso, tal y como estamos viendo con la estafa de las preferentes —algunas también destinadas al Santander— o con las hipotecas con cláusula suelo. Hay despachos que no tienen el tamaño de los contratados por el banco cántabro pero que en lo referido a luchar contra las estafas bancarias o contra los abusos de la banca tienen un gran prestigio por su conocimiento del derecho. Despachos como Iuris Tantum-Iván Hernández o Navas&Cusí tienen experiencia contrastada en ganar pleitos contra los grandes bancos y contra los grandes bufetes y se están convirtiendo en la esperanza de muchos de los cientos de miles de accionistas.