En todo el recorrido del Banco Popular desde la salida de Ángel Ron y la llegada de Emilio Saracho hasta la resolución de la Junta Única de Resolución se han producido muchas acciones que rozaban la ilegalidad o que, directamente, incumplían con la Ley. Estas acciones, como la operación bajista que hizo perder a la sexta entidad financiera española prácticamente todo su valor en bolsa, operación encabezada por Emilio Saracho, Antonio del Valle o Reyes Calderón, pasaron casualmente desapercibidas para las entidades supervisoras españolas que dependen del Ministerio de Economía. Lo mismo con la provisión de activos en perfecto funcionamiento por parte de Emilio Saracho para restar liquidez al Popular y acelerar su venta o su intervención. Lo mismo con la opacidad de los informes que determinaron que el banco tenía un grave problema de liquidez que imposibilitaba, incluso, la apertura de las oficinas el día 7 de junio. Lo mismo con la confesión del subgobernador del Banco de España de que el Popular disponía de una línea de liquidez extraordinaria pero que Saracho presentó garantías muy inferiores de las que realmente disponía la entidad. Lo mismo ocurre con la propia opacidad de la Junta de Resolución al negar el acceso al informe de Deloitte que se tomó como base para intervenir al Popular. Todo es muy oscuro y lleno de sospechas.
Sin embargo, faltaba un actor por pronunciarse: la Justicia. Hasta ahora se ha hablado de demandas de diferentes tipos dirigidas hacia distintas entidades, demandas en proyecto de presentación o ya interpuestas por grupos y asociaciones de víctimas de la operación de compra del Popular por parte del Santander y la pérdida del valor de sus acciones.
Ha sido la Audiencia Nacional la que ha admitido a trámite un recurso presentado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que permitió la intervención del Popular y la posterior venta al Santander. La OCU presentó el recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la Resolución del FROB, por la que se ejecutó la resolución del Banco Popular y por la que la entidad fue vendida al Banco Santander, al considerar que dicha resolución es contraria al Derecho. Lo que pretende OCU es aclarar el procedimiento y depurar responsabilidades por una operación llena de opacidad y, por tanto, plena de sospechas de legalidad.
Judicialmente la operación podía anularse, una solución digna tanto para el propio Santander porque le devolvía a los pequeños accionistas todo lo que habían perdido con la intervención y la anulación del valor de los títulos. Sin embargo, parece ser que es la propia Justicia la que también ha visto irregularidades en todo lo que ocurrió con el Popular. La Audiencia Nacional no es una institución que admita a trámite cualquier cosa, más bien al contrario, es muy cuidadosa a la hora de continuar con los procedimientos derivados de un recurso o de una demanda. Una semana ha tardado en admitir a trámite la reclamación de la OCU. Con los tiempos de la Justicia española, todo un récord. ¿Qué no habrán visto los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo?
Ante esta situación, ¿qué va a hacer el Santander? ¿Va a frenar las acciones comerciales destinadas a los pequeños accionistas? La reacción lógica ante la admisión a trámite de un recurso contra la decisión del FROB sería frenar cualquier acción hasta que se supiese la decisión de la Audiencia Nacional, acciones comerciales destinadas a callar a los pequeños accionistas y a retirarles su derecho a la justicia incluidas. La entidad cántabra, ante las constantes dudas de la legalidad de la operación, tiene la oportunidad de ser ella quien dé el paso y anule la compra, algo que es posible. Un Grupo bancario como el Santander no puede estar inmerso en la sospecha constante porque se estará haciendo daño a sí mismo y a España y, tal y como se afirmó desde el Consejo de Administración, el Santander hace las cosas por el bien de España. Una mancha así, desde luego, no es positivo para nadie.
El Santander deberá en las próximas horas hacer público un comunicado para despejar dudas y dejar claro lo que va a hacer.
Respecto a estos despachos que están captando a los pequeños accionistas con promesas de que van a recuperar toda su inversión, ¿cómo es posible que no hayan planteado un recurso como el de la OCU? ¿Cómo es posible que Cremades, por ejemplo, que ya estaba amenazando con demandas contra el Popular, la CNMV y el Banco de España incluso antes de que se produjera la intervención de la Junta de Resolución, no presentara un recurso como el de la Organización de Consumidores? Un despacho con ese prestigio y con grandes profesionales. ¿No sería que ya conocían que sería admitido a trámite y generaría otro conflicto de intereses? No se puede estar en misa y repicando y estos despachos quieren soplar y sorber al mismo tiempo, cosa que no es posible. Dejar una estrategia de demanda por conflicto de intereses es atentar contra los intereses de sus clientes.
Ahora es el momento de la Justicia, momento en el que debe demostrar su independencia de los poderes del Estado, tanto públicos como privados. Ahora es el momento en que la Justicia no puede dejarse intimidar ni por el Estado español ni por el Santander. Estaremos vigilantes a todo cuanto ocurra, tal y como hemos venido haciendo en todo el proceso del Banco Popular, una vigilancia integral que, de producirse cualquier irregularidad, que no dude nadie que aparecerá en estas páginas.