Tal y como venimos informando en Sabemos desde los días 6-7 de junio del presente año, la fecha en la que la Junta Única de Resolución (JUR) tomó la decisión de entregar a la sexta entidad financiera de España al Santander por un euro y arruinar a más de 300.000 pequeños y medianos accionistas, se preveían millones de demandas, por un lado, hacia las instituciones españolas y europeas y hacia los responsables de la operación bajista y, en consecuencia, de quienes llevaron al Popular a la «presunta» insolvencia, por otro.
Según informa el diario ABC, Bruselas ya ha reconocido que tendrán que ser las instituciones europeas las que hagan frente a las millonarias indemnizaciones a las que se exponen en el caso de las demandas planteadas contra el FROB o la propia Junta de Resolución. Evidentemente, no se tendrán que hacer cargo a las presentadas contra el Santander o las individuales que presumiblemente se interpondrán contra Emilio Saracho, Antonio Del Valle o Reyes Calderón como responsables directos de los movimientos a corto que llevaron la acción del Popular a perder su valor en 6 meses.

Tal y como hemos venido informando en Sabemos las primeras previsiones respecto al valor de las demandas estaría por encima de los 2.000 millones de euros, razón por la cual el Santander amplió esa cantidad en la ampliación de capital que, en un primer momento, calcularon en 5.000 millones para hacer frente a la absorción del Popular. Sin embargo, los últimos cálculos ya llevan esa cifra por encima de los 15.000 millones puesto que las víctimas se están asociando para presentar demandas colectivas que serán llevadas por despachos tan prestigiosos o tan especializados en estafas bancarias como Cremades&Calvo Sotelo, Iuris Tantum – Iván Hernández, Arriaga, Rosales, Durán&Durán, Navas&Cusí o Elpidio Silva, por citar algunos. Los grandes accionistas, recurrirán a los grandes bufetes. Tal y como informaron nuestros compañeros de Diario16 Mediterráneo nos confirman que el bufete Cremades&Calvo Sotelo ha reconocido a un grupo de afectados que se habían unido a su demanda colectiva que no van a ir contra el Santander por un conflicto de intereses ya que la entidad cántabra es uno de sus clientes y que la estrategia la establecerán a través de ir contra la Junta de Resolución, contra el Banco de España y contra la CNMV. Este comportamiento es cruel puesto que la gran mayoría de quienes habían confiado en este despacho de abogados son jubilados y una batalla legal contra las instituciones europeas es muy larga, lo que provocará que muchos mueran antes de ver recuperada su inversión y su dignidad, la dignidad que se les arrebató una madrugada del mes de junio.
El reconocimiento de Europa de que tendrá que hacer frente a las demandas de las víctimas de la expropiación del Popular es un modo de desentrañar la añagaza dicha por Luis de Guindos al afirmar que la operación no iba a costar un solo euro público. El dinero de Europa es público y, una parte, le corresponderá aportarlo a España.
Porque el dinero de Europa es dinero de todos los ciudadanos de la UE, la adopción de una medida de este calibre es un insulto a todos los europeos. Bruselas no tiene que hacerse cargo de las indemnizaciones, aunque las demandas vayan dirigidas al FROB o a la JUR, por mucho que así lo diga el reglamento. Europa sólo tiene una salida digna y ética a toda esta situación que ha creado con la expropiación del Popular: anular la operación, devolverle el euro al Santander y restaurar a los pequeños y medianos accionistas el valor de sus acciones para que sean los verdaderos dueños del banco los que puedan poner en ejecución el plan de viabilidad de la entidad que presentó Ángel Ron y que fue aprobado por el Banco de España y el Ministerio de Economía.
La operación de intervenir el Popular es mucho más escandalosa que el propio rescate bancario español a las antiguas Cajas de Ahorro porque, en primer lugar, no se dejó en la ruina a cientos de miles de ciudadanos españoles y, en segundo lugar, no se utilizó para pagar favores a otras entidades. Si Europa quería rescatar al Santander por su entrada en el mercado británico y por las pérdidas que está teniendo tras el Brexit lo podían haber hecho de otro modo sin generar tanto dolor como están creando, por ejemplo, que los fondos europeos se gestionen a través de la entidad cántabra.
¿Por qué tienen que pagar todos los ciudadanos europeos las consecuencias de una operación que tenía como fin potenciar a una entidad bancaria? ¿Por qué tienen que pagar todos los ciudadanos europeos la opacidad de la intervención del Popular? ¿Tantos fueron los favores del Santander como para que la propia Unión Europea anteponga los intereses de una entidad privada a los de sus ciudadanos?
Por otro lado, la propia JUR y el Banco Central Europeo están exigiendo al Gobierno español que defienda al Santander de los cientos de miles de demandas que va a recibir por parte de quienes han sido expropiados por una decisión tomada al margen de su voluntad. ¿Acaso está pidiendo Europa que sea el Estado español el que se haga cargo de las decenas de miles de millones que le va a suponer al Santander el volumen total de las demandas que, por la propia opacidad de la operación, están ganadas de antemano por los demandantes? Esto es un escándalo, un verdadero escándalo. El Gobierno español lo que tiene que hacer es defender los intereses de sus ciudadanos y no bajarse los pantalones una vez más ante los deseos de Europa.
La operación de expropiación del Banco Popular se hizo de un modo tan opaco que sigue generando incógnitas más de un mes después de la noche de autos. Tal y como afirma el abogado José Luis Losada Pescador, socio del bufete Navas&Cusí, «Según el informe de la Junta Única de Resolución (JUR) El 2 de junio -4 días antes de que el BCE lo declarara insolvente- la JUR solicitó al Banco Popular información sobre su proceso de venta. La JUR señala en su informe que dos entidades se mostraron interesadas en comprar la entidad una vez liquidada. La JUR no menciona a las dos postulantes, pero Luis de Guindos, sí: BBVA y Santander.
» El 5 de junio el Popular reclamó una línea de liquidez de emergencia (denominada ELA) que fue autorizada por el BCE. Pero al día siguiente, 6 de junio a las 15:00 Saracho informó que ya no disponía de más liquidez. ¿Por qué entonces el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, reconoce que “sospecha” que el Popular tenía más garantías que las que presentó?, ¿por qué Saracho no trató de defender el banco que presidía hasta el último minuto?, ¿qué hay de cierto en lo que afirman los antiguos gestores de que presentaron 40.000 millones de garantías y sólo obtuvieron 3.800 millones de liquidez?
» A última hora de la tarde de ese 6 de junio, el BCE declaró al Popular insolvente porque su crisis de liquidez impedía atender la tesorería del día siguiente. Esa noche del 6 al 7 la JUR decidió la resolución y la venta al Santander por un euro. La JUR informa que el Santander fue la única oferta vinculante.
» ¿Por qué el BBVA que se había postulado dos días antes se retira de la competición?, ¿por qué la JUR se niega a hacer público el informe de Deloitte que establece un valor negativo del banco de entre -2.000 y 8.200 millones?, ¿por qué la JUR toma una decisión tan drástica como la resolución de un banco basado en un informe tan poco preciso que establece una horquilla tan generosa?, ¿qué hay de cierto en que Deloitte habría hecho una tercera valoración positiva de 1.500 millones de euros?, ¿por qué ese empeño de la JUR en no hacer público el informe de Deloitte? La falta de transparencia dispara conjeturas innecesarias.
» Por otra parte, el informe elaborado por el JUR vincula la fuga de depósitos con la exposición mediática del banco: “La continua cobertura negativa en la prensa sobre los resultados financieros de la institución y sobre el posible riesgo inminente de quiebra o falta de liquidez ha resultado en un incremento de las salidas de depósitos”. ¿El pensamiento antecede a la acción y los malos augurios se convierten en profecías autocumplidas?, ¿había alguien con interés en que el banco fuera resuelto?
» El resumen es que la JUR trata de exculpar al Santander y a Deloitte y culpabiliza vaporosamente a los medios. El Santander responsabiliza a Bruselas; Saracho y su equipo, responsabilizan al Banco de España… y entre todos se murió. ¿La clave? Cherchez l´argent. O si lo prefieren: qui prodest?».
Cada día que pasa los acontecimientos van dando una idea de opacidad y de oscuridad en toda la operación que las sospechas de que había una mano perversa moviéndolo todo son más grandes. El problema es que no se trata de una conspiración en las alturas, sino que cientos de miles de seres humanos los que han sido perjudicados por la irresponsabilidad de unos cuantos, tanto personas físicas como entidades públicas.