Según ha podido saber ‘Diario16’, Ana Patricia Botín ha comentado en círculos íntimos que se está empezando a arrepentir de haber comprado Banco Popular, por más que en público haga afirmaciones como que la operación demuestra el compromiso del Santander con España.

Para la señora Botín, ¿qué es España? ¿Es Saracho? ¿Es De Guindos? ¿Es Antonio del Valle? ¿Es Reyes Calderón? ¿O son los accionistas que lo han perdido todo? La presidenta del primer banco español debe saber que España es el pueblo, son los pequeños accionistas que lo han perdido todo por culpa de la mala gestión y de los movimientos provocados por Emilio Saracho obedeciendo a la voz de su amo, o Antonio del Valle para descapitalizar al banco, los pequeños accionistas que no se van a estar quietos y van a luchar por lo que es suyo, en España y en Europa, ante los tribunales ordinarios españoles, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ante los Tribunales de Derechos Humanos, y ante cualquier otro organismo jurídico al que tengan que acudir para defender sus derechos y revertir esta injusticia.

El Santander se va a tener que hacer cargo de todas las demandas que se van a interponer. Va a tener que pagar, a pesar del arrepentimiento de la señora Botín, las consecuencias de la irresponsabilidad del último Consejo de Administración presidido por Saracho y eso va a suponer miles de millones de euros, más de lo que habían calculado.

Si es así, si está arrepentida, no tiene más que deshacer la operación y demostrar ética y compromiso con la España de la ciudadanía, la de verdad, la de los jubilados, la de los trabajadores, en definitiva, la de más de 300.000 españoles y españolas que lo han perdido todo. Por muy difícil que pueda parecer, la compra del Popular puede volverse atrás.

Según el bufete de abogados especializado en derecho bancario Navas&Cusí, la reversión de la operación es muy complicada, pero no imposible, ya que exigiría que el MUR reconociera que su actuación en la noche del 7 de junio de 2017 fue inadecuada, aunque este reconocimiento ya se ha hecho de manera implícita con las explicaciones que ha pedido Daniele Nouy sobre la información privilegiada a instituciones públicas y privadas para que retiraran sus depósitos y la exigencia del BCE de que se investigue por parte de la justicia española. Esta operación jurídica de reversión no se ha dado nunca, aunque tampoco se ha dado una operación de una magnitud tan injusta y burda. La realidad es que al MUR le será difícil crear un precedente con la reversión.

Sin embargo, según este bufete de abogados, lo que sí se podría lograr es la anulación de los efectos de dicha resolución que no son otros que la pérdida total del valor de las acciones, bonos, obligaciones subordinadas y CoCos (bonos convertibles contingentes), ya que las operaciones se hicieron en base a una información que no reflejaba la imagen real y fiel de la situación tanto económica como patrimonial del Banco Popular, por la información falsa que utilizó Saracho para obligar al MUR y al BCE para tomar la decisión de la intervención y, así hacer efectivas sus amenazas de hacer explotar el banco en las puertas del BCE. Hubo un déficit de información, hecho que está más que demostrado desde el momento en que el informe de auditoría sugiere la necesidad de reformular a la baja la cuenta de resultados cuando poco antes el presidente anunciaba que repartiría un 40% de los beneficios en dividendos. El Santander tiene esta responsabilidad porque adquirió la totalidad de los activos del Popular, de sus pasivos, contingencias y deudas.

Ahí está la solución más ética y más digna para los miles de accionistas y empleados del Popular. Ana Patricia Botín tiene en sus manos la posibilidad de devolver el banco a sus accionistas anulando los acuerdos alcanzados. De este modo, el Popular iniciaría un nuevo camino partiendo del valor de la acción del día 6 de junio. A partir de ese momento habría que elegir un nuevo Consejo de Administración, donde estuvieran representados accionistas, BdE, Ministerio de Economía, sindicatos y trabajadores en una primera etapa hasta llevar a efecto el plan de viabilidad de Ángel Ron, un plan que fue aprobado por el Banco de España. Los pequeños accionistas recuperarían el valor de su inversión con el precio del día de autos y decidirían qué hacer con ella, no estaría expropiada como lo está ahora.

Ana Patricia Botín tiene una carta fuerte en su mano: el actual presidente del Popular, Rodrigo Echenique, un hombre que viene del Banco Exterior de España, cuando esa entidad era un maremágnum y él no quiso ser cómplice de la situación y se fue del Exterior al Santander aceptando una oferta de Emilio Botín que, según ha podido saber ‘Diario16’, duplicaba lo que percibía en el Exterior. Fue destinado a la División Internacional del Banco de Santander y a consejos de administración de filiales, y se le encargaron operaciones tan importantes como la venta del Banco de Murcia y de la Banca Jover. Echenique ha demostrado ser un buen banquero, un profesional de la banca comercial, al contrario que Saracho, y podría encabezar, desde una posición independiente, ese nuevo consejo de administración que llevara a efecto el plan de viabilidad de Ángel Ron, cosa que no hizo Saracho, para reflotar a la entidad hasta la convocatoria de una nueva Junta General de Accionistas en la que se eligiera, o no, a un nuevo Consejo que siguiera defendiendo los intereses de quienes son los legítimos propietarios del Banco Popular, los accionistas. La trayectoria profesional avala a Rodrigo Echenique como una persona que, en caso de que Ana Patricia Botín adopte la decisión más digna y justa de anular la operación, es garantía de buen hacer y de profesionalidad. Sería, por tanto, un buen comienzo para esta la etapa legal del Banco Popular desde la llegada de Emilio Saracho.

En este punto es fundamental que la CNMV no mire para otro lado otra vez y controle el funcionamiento del accionariado para evitar más operaciones en corto que rebajen aún más el precio de la acción. Lo único que tendría que hacer es lo que hizo con Liberbank, que, en el momento en que prohibió las estrategias a corto, el precio de la acción subió un 133%.

Respecto a la necesidad de liquidez que pudiera tener la entidad, tendríamos la parte de los créditos de BCE que Emilio Saracho despreció el mismo día 6 aportando unas garantías muy por debajo de las que el Popular podría haber ofrecido. Por otro lado, hemos visto cómo desde las autoridades europeas se ha permitido la inyección de dinero público en dos bancos italianos por una cantidad que cuadruplica a la que necesitaría el Banco Popular, además de que el Banco de España devuelva los 4800 millones que, según fuentes consultadas por Diario16, Saracho provisionó para quitar liquidez en el Popular, incluso provisionando activos regulares, concretamente en varias operaciones importantes en la provincia de Almeria, por ejemplo. ¿Por qué el Banco de España permitió que se provisionaran activos regulares cuando es un movimiento que debería haber despertado todas las alarmas?

Los movimientos de los afectados por la intervención y la posterior expropiación de sus acciones comenzaron incluso antes de la noche del 7 de junio, cuando, tras conocerse algunos aspectos de la operación bajista, distintos grupos de pequeños y medianos accionistas, representados por reconocidos despachos de abogados, empezaron a estudiar la posibilidad de interponer demandas para provocar la intervención de las autoridades supervisoras que estuvieron mirando hacia otro lado durante todo el proceso de descapitalización del Banco Popular. Los diferentes informes que se presentaron ante la CNMV y el silencio de ésta hicieron que los accionistas comenzaran a reunirse con dichos gabinetes jurídicos como, por ejemplo, Cremades y Asociados, Iuris Tantum – Iván Hernández, Iuris Family Office o Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmana, para plantear una estrategia judicial que frenara la operación bajista. Sin embargo, la venta al Santander por un euro hizo que las demandas ya fueran por otro lado. Los grandes accionistas están contratando grandes bufetes, como es el caso de la familia chilena Luksic —sin olvidar que dicha familia presuntamente entró en la operación bajista inducido por Antonio del Valle y que estuvo jugando a corto hasta el último día— al contratar a Miquel Roca, para comenzar sus litigios contra el Banco Santander. Los pequeños accionistas tendrán que conformarse con demandas colectivas, lo que alargará aún más el sufrimiento.

Ana Patricia Botín, el señor Rajoy, su Gobierno, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el BCE, el MUR, los sindicatos nacionales, la CEOE, partidos políticos, Congreso, Senado, Fiscalía, el CGPJ, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, poderes fácticos como la Iglesia o el Opus Dei, los medios de comunicación y la sociedad civil en general, tienen en su mano la solución más digna y más ética para los pequeños accionistas del Popular, para los más de 250.000 pensionistas que lo han perdido todo, para los más de 400.000 accionistas, para las decenas de miles de empleados, directos y de las filiales. Anulando los acuerdos alcanzados en la madrugada del 7 de junio se evitará ese largo camino de demandas que el Santander tiene perdidas de antemano si la justicia actúa con independencia; Ana Patricia Botín evitará más dolor de quienes lo han perdido todo si anula la operación. Será una forma de mirar por España. Ana Patricia Botín evitará que ese dolor se alargue durante el largo tiempo de los procesos judiciales. No tiene más que sacar el monedero de su bolso para guardar una moneda de un euro, y devolver el Popular a sus accionistas de la fatídica y «bochornosa» noche del 6 al 7 de junio.