El Banco Popular ha sido expoliado con la complicidad necesaria de las autoridades supervisoras, expoliado y, por consiguiente, sus accionistas han sido expropiados por la intervención europea y posterior venta al Grupo Santander por un euro.

Había mucha gente en el Consejo del Popular que estaban deseando que fuera adquirida por otra entidad. Varias razones había para ello. La principal, ganar dinero a costa del sufrimiento de más de 200.000 pensionistas, de los pequeños y medianos accionistas, de las PYMES y de los propios trabajadores. Daba igual quien saliera perjudicado mientras ellos cubrieran sus expectativas económicas y profesionales. Y así sucedió.

Antonio del Valle y su grupo de inversores mexicanos fueron los que más hincapié hicieron para llevar al Popular a manos de otra entidad. Sin embargo, se encontraron con la resistencia de Ángel Ron, quien tenía un plan de viabilidad para la entidad que fue aprobado por el propio Banco de España, un plan de viabilidad que, de haberse respetado, los accionistas y los trabajadores no estarían en la situación en que se encuentran hoy. Los primeros en la ruina; los segundos con la incertidumbre de qué va a ser de ellos tras convertirse el Popular en una filial del Grupo Santander. Fuentes sindicales consultadas por Diario16 nos comentan que en muchos casos la tensión ha aumentado respecto a la incertidumbre de la semana anterior a la intervención del Banco Central Europeo.

Antonio del Valle, según fuentes consultadas, tiene un modo de proceder muy mexicano, incluso, cuando las cosas no van cómo él quiere, muy propio de los Estados del norte de México. Hay un episodio, que ya contamos en este medio, que lo delata. En una reunión/comida con los principales responsables del Sabadell y con accionistas colombianos y mexicanos, a Ángel Ron se le hace una oferta de adquisición del Popular, oferta que el anterior presidente rechaza porque dañaba los intereses de empleados y de los accionistas, además de que el negocio no era, al parecer, muy limpio, ni todo lo ético que exige la moral. Del Valle insistió y Ángel Ron se levantó de la mesa porque no quería ser cómplice de una operación poco transparente. Fue entonces cuando Antonio del Valle le amenazó y le sentenció. Un comportamiento muy habitual en Culiacán, Ciudad Juárez y Monterrey. Se acababa de dar cuenta que su operación tenía un muro difícil de romper: la actitud de Ron de defensa de los intereses generales de la entidad por encima de los particulares.

Fue entonces cuando, a través de las complicidades mediáticas —que no le han salido gratis al señor Del Valle y sus amigos/as y de las que hablaremos más adelante—, se inició una campaña de desprestigio de Ángel Ron acompañada de los primeros movimientos de descapitalización promovidos por Antonio Del Valle y por su grupo de accionistas latinoamericanos. Además, para desestabilizar el consejo, incluyó a Reyes Calderón, una persona totalmente inapropiada para ostentar el cargo que se le dio. El objetivo: matar a Ron para tener campo libre.

Por otro lado, se empezó a buscar al sustituto de Ángel Ron, una persona con experiencia en la liquidación de entidades bancarias y con un alto grado de conocimiento del comportamiento de los mercados. Y lo encuentran: Emilio Saracho, uno de los tres vicepresidentes mundiales de JP Morgan Chase. Es el hombre perfecto, un experto en banca de inversión sin ningún tipo de experiencia en banca comercial. Su misión era sólo una: ejecutar la operación de desguace del Popular, bajar el valor de la acción hasta un nivel en que se hiciera atractivo para otra entidad bancaria.

El hombre ya lo tenían. Ahora necesitaban de la «complicidad» de las autoridades supervisoras, complicidad basada en la dejación de funciones, en el mirar hacia otro lado mientras se descapitalizaba el banco, mientras los pequeños accionistas veían cómo sus ahorros se iban perdiendo, mientras los empleados vivían en una incertidumbre que les hacía ir a trabajar, en muchos casos, bajo los efectos de ansiolíticos y calmantes para poder soportar la tensión de ver cómo, día a día, los clientes de toda la vida se llevaban sus depósitos, cómo los grandes clientes vaciaban sus cuentas hasta los 99.999 euros, dado que el Fondo de Garantía de Depósitos sólo cubre hasta los 100.000 euros.

Antonio del Valle es un hombre que en su país está multiprocesado por las autoridades mexicanas, un hombre al que se expulsó de las organizaciones supervisoras del país norteamericano por su tendencia a realizar negocios poco éticos. ¿Cómo el Banco de España permitió que una persona así campara a sus anchas con una operación bajista en la que él y sus amigos nacionales y extranjeros se enriquecían mientras los accionistas y la entidad iban camino de la ruina y la desesperación? No se hizo nada.

Un aspecto para tener en cuenta la personalidad del mexicano lo tenemos en un hecho que ocurrió un mes antes de la noche del 7 de junio: el propio Del Valle ofreció a Emilio Saracho una ampliación de capital en la que él invertiría 1.000 millones de euros, es decir, que se hacía con el control del Popular a un precio que mientras era presidente Ángel Ron era imposible, porque le fue denegada. En ese momento la acción ya se encontraba por debajo del euro, ya había perdido un 30% respecto a como la dejó Ron. El hecho de presentar esa oferta en medio de la operación bajista demuestra cómo Del Valle tenía intereses personales espurios y los anteponía a los de la entidad a la que supuestamente representaba.

La presencia de Reyes Calderón en el Consejo para desestabilizar a Ron tenía otra función: garantizarse la anuencia de los poderes fácticos del país respecto a la operación bajista. Amiga del ministro De Guindos y algunos sectores del Opus Dei. Calderón cubría esa cuota. Lo mismo que con Del Valle, ¿cómo se ha permitido que esta señora se pusiera al frente de la operación bajista? ¿La CNMV no tenía nada que decir? Una persona que también está en el Consejo de Administración de OHL, una de las constructoras investigadas en multitud de casos de corrupción —tanto en España como en el propio México—, en la financiación ilegal del PP o del PRI, con directivos imputados, ¿cómo se ha permitido que sea presunta cómplice de la manipulación del mercado para la descapitalización del Popular? Ahí tendría que haber actuado el Banco de España, pero, al parecer, estaban instruidos para un cómplice silencio.

De Emilio Saracho ya hemos hablado largo y tendido en ‘Diario16’, pero su responsabilidad es fundamental para lo que ha ocurrido.

Uno de los principales cómplices es el mundo de los medios de comunicación. Ciertas cabeceras se han inclinado de forma interesada para que la línea de operar en corto surtiera el efecto de descapitalizar la acción del Popular. Su misión estaba en lanzar rumores, escribir titulares y contenidos al dictado del ex presidente Emilio Saracho, de Reyes Calderón y de Antonio del Valle, contenidos que indujeran a una venta masiva de acciones que rebajara su precio hasta el objetivo marcado por Saracho y Del Valle y poder venderlo a otra entidad.

Aunque no estuvieran relacionados directamente con la «banda», hay otros responsables. Uno de ellos es el propio ministro Luis de Guindos. Uno no se cree que se enterara de la noticia de la venta por un euro del Popular al Santander después que la agencia Bloomberg lo anunciara.

Luis de Guindos llevaba moviendo la venta del Popular a otra de las grandes entidades españolas desde los tiempos en que Ángel Ron era el presidente. Primero lo intentó con el BBVA, con un plan que incluía incluso el reordenamiento de los órganos directivos de la entidad vizcaína tras la jubilación de Francisco González: en primer lugar, la Presidencia sería ocupada por un alto directivo de una de las grandes empresas españolas con las que ha compartido Consejo de Administración. En segundo lugar, para que Ángel Ron no pusiera muchos obstáculos le tenía preparada la Presidencia de la Fundación BBVA. Después intentó que fuera Bankia, pero José Ignacio Goirigolzarri dudó de la operación y actuó como un banquero responsable que cuida de los intereses de los accionistas, de los bonistas, de los empleados y de los depositantes. La operación tenía demasiados riesgos y él no estaba dispuesto a asumirlos. Después puso sobre la mesa a CaixaBank y, finalmente, al Santander que sonó en un primer momento pero que se desmarcó de forma voluntaria o estratégica —o no— de las intenciones del ministro. Con CaixaBank, además, tenía un problema político porque, en medio del desafío secesionista, el Gobierno no iba a permitir la adquisición de la sexta entidad financiera del país por un banco catalán.

Además de estos movimientos del ministro, la falta de control de los órganos supervisores que están bajo su responsabilidad, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, propiciaron el expolio del Popular. Las entidades supervisoras, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, que están bajo su responsabilidad, miraron hacia otro lado, como ya hemos indicado, a diferencia de lo ocurrido una semana después de la compra del Popular con otra entidad, Liberbank, que estaba sufriendo las consecuencias de operaciones poco claras por parte de los mercados. Apenas tardaron unas horas en prohibir los movimientos a corto, lo que provocó que el precio de la acción subiera un 133%. ¿Por qué no se hizo con el Popular? Porque había intereses políticos, además de los económicos. En toda la operación que ha llevado a la compra por parte del Santander por un euro hubo un muñidor, una mente perversa que ha sido la que diseñó una operación que tenía como fin descapitalizar al Popular hasta llevarlo a un valor que fuera interesante para que otra entidad lo comprara.

En lo que se refiere al Popular, la «banda venenosa» que lo ha llevado a ser adquirido por el Santander por un euro dejando en la ruina a miles de pequeños accionistas, entre los que hay miles de empleados a los que ahora se les está exigiendo la devolución del adelanto que se les concedió para adquirir unas pocas acciones en la ampliación de capital de 2016, hay muchos más responsables que han sabido mantenerse fuera de los focos mientras sus carteras iban engordando. Sin embargo, lo que está claro es que se ha producido una estafa, una operación presuntamente corrupta que requiere que la administración judicial intervenga, desde la Fiscalía Anticorrupción hasta la propia Audiencia Nacional.

Finalmente, este es el testimonio de un pequeño accionista que lo ha perdido todo que nos hizo llegar a la redacción de Diario16, un testimonio que muestra la cruda realidad de lo que estos que estos irreposponsables han provocado:

«Es una vergüenza cómo se pueden actuar con esta impunidad este atajo de sinvergüenzas. Si quieren quedarse con Telefónica o con el BBVA lo pueden hacer exactamente igual mañana y se van todos de rositas cargados de dinero. Es una vergüenza y aquí nadie sabe nada, ni el Gobernador del Banco de España, el presidente de la CNMV, el ministro de Economía, los auditores que no entregan su trabajo y en base a ellos hurtan un banco para dárselo a otro como compensación de favores políticos y económicos, el propio Draghi… nadie sabe nada. Los ingenuos del MUR incautan/regalan un banco sin saber nada de nada mientras los corruptos hacen su agosto e influyen para que las instituciones retiren sus depósitos y generen un ambiente de caos. Los fiscales anticorrupción tampoco saben nada. Me pregunto, ¿qué se puede hacer con estos 270.000 jubilados que han perdido los ahorros que les completaban su paga para poder seguir viviendo con dignidad?» Se puede hablar más alto, pero no más claro. Este testimonio adelanta, en parte, el hecho de que ya se están produciendo movimientos entre los afectados para enfrentarse tanto a las autoridades europeas como a las españolas. El ambiente social está caldeado y, finalmente, estallará si no se ponen soluciones.