El día que algunos presagiaban y otros se negaban en reconocer llegó este pasado miércoles. Banco Popular ha caído en manos del Santander con la presión mediante, eso sí, de Bruselas y el Gobierno español. Ahora las incertidumbres son casi las mismas que hace una semana, pese al mensaje de tranquilidad que ha querido enviar Ana Botín, a la sazón nueva dueña del Popular.

Entre la cantidad de frentes que ahora mismo hay abiertos en Banco Popular, o mejor dicho, quienes cayeron atrapados en su red, los accionistas han sido los más perjudicado. Su reacción no se ha hecho esperar. Despachos de abogados y asociaciones de consumidores preparan una avalancha de acciones legales contra la entidad presidida hasta ayer por Emilio Saracho.

Por ejemplo, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ya trabaja en la presentación de una querella contra los administradores del Popular a fin de investigar si actuaron “con transparencia y diligencia”. En términos similares se pronuncia, según recoge Efe, Ignacio de Azúa, de Lean Abogados, que matiza que si bien el grueso de inversores no recuperará su capital, los accionistas que acudieron a la ampliación de mayo de 2016 podrán reclamar judicialmente pues “las cuentas utilizadas no eran correctas”.

Coincide al respecto el socio director del bufete de abogados Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, que sostiene que el Popular “aventuró” beneficios y dividendos que se convirtieron en “pérdidas multimillonarias” sin haber efectuado un análisis de riesgo razonable ni una comercialización transparente.

Banco Popular, un nido de desconfianza

Al margen de los “atrapados”, la compra de Banco Popular ha dejado algo de intranquilidad en el seno de los inversores. “El proceso de resolución podría disminuir la confianza de muchos inversores en la Bolsa española”, recoge Europa Press según Selfbank.

Felipe López-Gálvez, analista del banco digital, advierte de que la “forma de proceder” y la pérdida de las inversiones realizadas por parte de inversores minoristas e institucionales podría provocar que la confianza en la Bolsa española disminuya.

Asimismo, el experto explica que “buena parte” de las sinergias que pretende alcanzar Banco Santander -500 millones de euros anuales a partir de 2020- pasan por el cierre de sucursales, la utilización de una sola plataforma tecnológica y la optimización de los servicios centrales. “Los empleados de Banco Popular quedan a expensas de las decisiones que decida tomar Banco Santander en relación a su política de recursos humanos”, agrega López-Gálvez.

En el lado positivo, el analista de Selfbank señala que la absorción de Popular por parte de Banco Santander “elimina un foco de incertidumbre” sobre el sistema bancario español y europeo. Además, incide en que tras las ampliaciones de capital efectuadas por parte de Unicredit y Deutsche Bank, sumadas al rescate de Monte dei Paschi di Siena, parece que la banca europea ha quedado “saneada”.