El día 30 de mayo estaba marcado en rojo para el sector del taxi. Manifestaciones en las principales ciudades españolas para exigir a los distintos gobiernos, nacionales y regionales, que detengan la proliferación de las licencias VTC (vehículos con chofer privado). En realidad es una reivindicación contra Uber y Cabify, principales beneficiados del uso de estas licencias. Pero más allá del ruido, el problema parece enquistado y, además, es el reflejo de una incapacidad política para solucionarlo.

Vayamos por partes. En cuanto a lo formal, los taxistas reclaman a los grupos parlamentarios -entre otras cosas- la creación de una plataforma digital de carácter público que permita a los usuarios pedir taxis en toda España, en línea con las que utilizan Uber o Cabify, pero “a nivel estatal” y “de carácter público”. Además, quieren que haya planes de ayuda para abandonar la profesión de taxista con financiación público-privada.

Asimismo, desde Fedetaxi, la principal asociación gremial del sector, piden una revisión del marco jurídico del servicio público del taxi para posibilitar una mayor competitividad y calidad “respetando la esencia del servicio (licencias y tarifas públicas)”. Todo correcto. Legítimo, aunque algunos no lo compartan.

En cuanto a las formas, perdidas por completo. Desde hace algunas semanas hay una caza directa contra las empresas que ofrecen servicios a través de las licencia VTC, Uber y Cabify como presas predilectas. Solo un coche quemado sirve para invalidar todo lo demás. Y los huevos, petardos y cánticos contra los medios de comunicación en la manifestación de este martes hacen el resto.

¿Quién tiene razón en el conflicto?

Nadie. Y todos. Los taxistas se enrocan en exigir que ellos están sometidos a una regulación que las empresas VTC no soportan. Además, argumentan que sufren una mayor presión fiscal, puesto que Uber y Cabify declaran parte de sus impuestos fuera de España. Mientras, estas dos empresas sugieren que están dentro de la legalidad y que su actividad es lícita.

Y todos tienen razón. ¿Entonces qué falla? Una vez más, por desgracia, la política. El sector del taxi se ha engranado sobre un sistema de licencias y regulación que, ahora mismo, queda completamente obsoleto. Además, no han sido capaz de unificar esfuerzos a nivel tecnológico, como ya ha contado SABEMOS en más de una ocasión; y su innovación se perdió en el siglo XX. ¿Eso legitima a Uber y Cabify? Tampoco. Es cierto que existe una ingeniería fiscal, que hacen triquiñuelas para prestar los servicios, como se ha demostrado públicamente, y que en cierto modo operan por debajo de costes, lo cual no está permitido por la ley.

¿Por qué es un conflicto social?

Por dos motivos. El primero de ellos atiende a los problemas de movilidad que tienen las grandes ciudades. Por lo tanto, no se trata de un conflicto del taxi, debería ser tratado como una oportunidad para poner propuestas sobre la mesa que beneficien a la reducción de la contaminación, el mejor uso del transporte público y la mejora en la fluidez de las carreteras.

Pero no. Todo se torna en una pelea de “buenos” contra “malos” en la que todos creen llevar razón. La hora del taxi ya ha pasado. Al menos, desde Fedetaxi, empiezan a asumirlo en cierto modo cuando hablan de esas ayudas para abordar la transición a la hora de dejar el sector del taxi. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo y la tecnología, parece lógico que es hora de afrontar la situación: el transporte ha cambiado.

Y, sobre esta situación, surge el segundo punto de conflicto. Extensible a otros sectores, como la problemática del turismo, donde otra plataforma que nació supuestamente como colaborativa, Airbnb, también genera suspicacias en un sector.

No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí están dentro de un engranaje legal que está actuando mal, lento y sin unidad territorial. Como sucede con el transporte y las licencias VTC, otorgadas por la justicia en vez de por las leyes, hay un desmadre legislativo que no puede continuar. De ahí que el conflicto sea social, porque afecta a trabajadores, empresas y sociedad en general.