Uno de los mantras de la revolución bolivariana que se desarrolla en Latinoamérica tiene como objetivo la nacionalización de empresas. Muchas compañías españolas lo saben perfectamente. El último ejemplo lo ha vivido en sus carnes Telefónica. Y es que hincar el diente en Movistar de Venezuela es parte del sueño del presidente Nicolás Maduro. Para aspirar a ello -históricamente- le ha valido un tuit equivocado, una subida de tarifas o cualquier excusa. Todo, con un regular público que sirve a las órdenes del Gobierno.

El penúltimo capítulo que ha escrito Maduro en su particular cruzada contra el capitalismo se produjo la semana pasada. El líder venezolano, sin ningún tipo de remordimiento, acusó a Movistar de ser parte implicada del supuesto golpe de estado que llevan contra su persona y su régimen.

“La empresa Movistar de Venezuela, así lo denuncio, he pedido una investigación, porque se sumó a la convocatoria golpista contra el país, y no es su función, la empresa Movistar debe de saberlo, no es su función”. “He pedido una investigación para establecer los hechos”. Argumenta que “cada dos horas mandaba millones de mensajes a los usuarios de Movistar, de teléfono, internet, más de cien millones de dólares”. “Nunca, nunca antes se había hecho esto en Venezuela, ni para una campaña electoral”.

Todo esto se podría calificar de tradicional salida del tiesto del presidente venezolano, pero Telefónica se juega un buen puñado de euros en el país latinoamericano. En concreto, sus más de 11 millones de clientes, donde la mitad son del segmento móvil, dejan a la compañía una facturación en torno a los 430 millones de euros; eso sí, muy inferior a la de años precedentes.

Para la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete no es algo nuevo (ni aislado). De hecho, en el informe de cuentas del pasado ejercicio, ya advierte de “la posibilidad de que se establezcan limitaciones al porcentaje máximo de ganancia, o a los precios de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costes (en Venezuela se ha establecido un margen máximo de ganancia que se fija anualmente por la Superintendencia para la defensa de los derechos socio económicos)”.

Arremetidas contra Movistar y las telecos

Esta situación no es nueva. Ni contra Telefónica, ni contra el sector telecos. Ya el pasado verano de 2016, Nicolás Maduro sugería sin ningún tipo de prevenda que las compañías de telefonía cedieran su control al Estado.

El conflicto surgió a raíz de una subida de precios que iban a llevar a cabo los principales operadores del país, entre ellos Movistar. De esta forma, Movilnet, Cantv, la propia Movistar, Digitel, Inter, NetUno, Supercable y DirecTV tenían previsto un incremento en el precio de sus servicios. El motivo, entre otros, se debía a la pérdida de valor de sus divisas de origen frente a la venezolana y, por lo tanto, debían ajustar márgenes. Además, hace un par de años muchas de estas compañías gastaron importantes sumas de dinero en la compra de espectro radioeléctrico para el uso de 4G y por ello deben amortizar costes de inversión. Nada que no suceda en cualquier otro país.

La reacción de Maduro fue, de nuevo, la esperada:

Finalmente, y apoyado en el regulador del país la subida de precios fue tumbada. El imperativo del presidente no dejaba margen de elección.

Un regulador privado

Al margen de los que ocurre, por ejemplo en España, con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es donde se regula a los operadores de telefonía de una manera independiente (o eso quiere conseguir), en Venezuela la película es algo distinta.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela (Conatel) está al servicio y las prestaciones del país. Así, en el mandato para cargarse la subida de precios de los operadores, se dejaba constancia de quién disponía.

“La Comisión Nacional de Telecomunicaciones informa a los operadores de servicios de telecomunicaciones, suscriptores y suscriptoras, y a la colectividad en general que, por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, queda suspendida a partir de la presente fecha la aplicación de los incrementos de precios y tarifas”.

Pero nada de esto debe suponer una sorpresa. Al observar la cuenta oficial de Twitter del regulador, se trata de un canal más de información por parte del Gobierno. Las consignas oficiales y la agenda del presidente tienen más importancia que cualquier aspecto relacionado con el sector de las telecomunicaciones.

Las eternas dudas sobre Movistar

Sobre ese canal de comunicación, Twitter, el presidente Maduro también estrecha el cerco contra Movistar para, siempre que puede, verter acusaciones golpistas.

Un ejemplo se produjo en febrero de 2014, cuando -todo hay que decirlo- una serie de retuits desafortunados volvió a poner al operador azul en el punto de mira. En concreto, desde la cuenta de @MovistarVE se hicieron varios RTs a algunos tuits que alimentaban las revueltas contra Maduro.

Seguramente el dedo inquiero de algún editor de redes llevó a esta situación que fue aprovechada de inmediato para las acusaciones de golpistas, y de relaciones con el poder político español. Esto escribió Maduro en su web: “Esto no es una acción de extrañar por parte de la telefónica, debido a su fuerte vínculo en España con el derechista Partido Popular, que ha tenido a varios de sus dirigentes en la directiva de Movistar, y que además, ha prestado apoyo político y lobby internacional a la ultraderecha venezolana”.

Estos son algunos de los grandes capítulos que ha escrito Maduro contra Movistar en Venezuela. Y no serán los últimos. De ahí que Telefónica siempre tenga presente en sus informes de riesgos la posibilidad de “expropiaciones o nacionalizaciones públicas de activos, o que se incremente  la participación  de los  gobiernos; así como la  posibilidad de que se produzcan crisis económico- financieras o situaciones de inestabilidad política o de disturbios públicos”.