Las aguas siguen bajando turbias en todo lo relativo a Banco Popular. De hecho, todo hace indicar que el supervisor de los mercados en España tendrá que tomar cartas en el asunto si no cambia la situación.

En concreto, ha sido la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) la última en pronunciarse sobre este asunto. En concreto, a través de un escrito presentado este lunes por su directora ejecutiva, María de las Mercedes Fernández Conradi, se solicita la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “para que investigue sobre los hechos denunciados en México relativos a una presunta manipulación del valor de la acción” del Banco Popular, según consta en el citado documento.

La situación para Aemec no puede tener más dilación, y así lo hace constar en el escrito presentado ante el regulador español de los mercados. “Es un hecho notorio que Banco Popular ha sufrido y continúa sufriendo a día de hoy un inusitado ataque especulativo de cortos, que ha estado castigando severamente el valor de la acción en perjuicio de todos los restantes accionistas”.

Lógicamente, para esta organización el mayor problema es que los accionistas minoritarios son los que están percibiendo de manera más negativa estos hechos, dado que “han visto caer su valor en porcentajes no usuales de mercado. Incluso, una vez celebrada la Junta General Ordinaria de Accionistas “.

Esta situación se remonta al pasado 10 de abril cuando la Asociación de Minoritarios ya anunció lo que estaba pasando en la Junta del Popular. En aquella ocasión el representante de la citada asociación señaló que efectuarían “el requerimiento a la CNMV para que investigue sobre los hechos denunciados en México relativos a una presunta manipulación del valor de la acción de la entidad”.

Así pues, desde Aemec se añadió el pasado 14 de abril que “ante las graves noticias publicadas de una filtración de información confidencial que haya podido dar lugar a una presunta manipulación de la acción del Banco, en beneficio de intereses particulares de un determinado grupo inversor, y en graves perjuicios para los accionistas, la Asociación considera unos hechos graves que deben ser investigados por la CNMV y la Fiscalía, con el fin de que, de ser ciertos, no queden impunes, y los accionistas del Banco puedan reclamar los daños sufridos”.