En España se aplica de forma muy alegre la expresión “nunca es tarde si la dicha es buena”. Aunque para una empresa no es lo mismo cobrar una deuda en un mes, que en dos. El problema es que desde Hacienda no se castiga con la debida dureza este tipo de prácticas.

De este modo, las pérdidas económicas derivadas de los retrasos en la gestión de cobros por parte de las compañías a sus proveedores sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrenta el tejido empresarial español, que se materializa en una pérdida directa del 3% en sus ingresos anuales totales.

Así se desprende del último ‘Informe Europeo de Pagos’ emitido por Intrum Justitia, que en su desglose nacional pone el acento en el largo periodo que las empresas acreedoras tardan en reclamar sus deudas: el 43% de ellas tarda más de 30 días; seguidas por el 30% que lo hace entre 31 y 60 días; el 17% de 61 a 90 días; y un 11% de 91 a 180 días. De estos datos se deduce que muchas compañías aceptan plazos de pago más largos, algo que puede derivar en retrasos, impagos y otras cargas.

A la espera de que se haga efectiva por parte del Ministerio de Hacienda la puesta en marcha de un régimen sancionador que endurezca las consecuencias fiscales para aquellas empresas que superen los periodos legales de morosidad –siendo de 60 días el máximo entre el sector privado, y de 30 en el caso de provenir de la administración–, el informe pone de manifiesto las consecuencias derivadas de los mismos.

Así, los empresarios registran con un impacto medio-alto los problemas de liquidez, la pérdida de beneficios y los costes adicionales que les supone no cobrar dentro de los plazos que establece la ley. Además, identifican otras consecuencias igualmente preocupantes, como los despidos o la imposibilidad de nuevas contrataciones. De hecho, el 32% de los preguntados sostiene que podrían incorporar nuevos empleados a sus plantillas en caso de que sus proveedores le pagasen a tiempo.

Causas del retraso en los pagos

Entre las causas del retraso en los pagos identificadas por los empresarios españoles destaca el hecho de que el 65% de los preguntados apunta hacia la intencionalidad, aunque vinculada con una carga financiera no muy severa. No obstante, no se trata de la más señalada: el 89% es consciente de que sus clientes atraviesan por dificultades económicas que les impiden saldar sus deudas a tiempo. Otros motivos identificados son los problemas con los productos y/o servicios (10%) o la ineficiencia en el área administrativa (33%).

Por otro lado, con el horizonte de un endurecimiento fiscal aún por definir, los datos prevén una continuidad en cuanto a la percepción de la deuda por parte de los empresarios. De este modo, el 66% de los encuestados consideran que ésta permanecerá estable. En posiciones encontradas, se halla que el 13% creen que aumentará frente al 27% que opina que se reducirá.