La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a Telefónica con 3 millones de euros por discriminar a sus competidores durante la huelga que técnicos-instaladores que hubo en la primavera de 2015. Y no solo durante este periodo, sino las semanas posteriores.

Tras la instrucción del expediente, la CNMC ha acreditado que Telefónica ha incumplido la obligación de no discriminación que tiene impuesta dada su posición como operador con poder significativo de mercado en los mercados mayoristas de banda ancha. En concreto, Telefónica debe prestar “a terceros recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma (…) en las mismas condiciones y plazos”. Las condiciones y plazos están recogidos en las ofertas mayoristas aprobadas por la CNMC.

Lo que viene a significar el regulador es que el operador azul dio prioridad a sus propios clientes, cuando había algún tipo de incidencia técnica, por encima de los competidores, Orange y Vodafone, entre otros.

Se trata de una acción con motivo de sanción, según el regulador, porque Telefónica tiene la obligación de no discriminación en lo que se refiere tanto a la calidad del servicio como a los plazos de entrega y demás condiciones del suministro, con independencia de la ubicación física.

Según expone la CNMC en el informe de la multa, Telefónica priorizó el suministro y la reparación de averías de sus propios clientes, frente a la prestación de estos servicios para operadores alternativos. En concreto, ha quedado demostrado que Telefónica, dada la eventualidad ocasionada por la huelga de sus técnicos-instaladores, decidió voluntariamente priorizar la entrega y mantenimiento de sus servicios minoristas a costa de retrasar la entrega y mantenimiento de los servicios mayoristas que presta a otros operadores.

Esta práctica discriminatoria durante los meses de la huelga, según el regulador, supone una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones.

Una vez presentada esta sanción, Telefónica podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.