El origen del conflicto es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2014, dictaminó que España había estado incumpliendo la normativa comunitaria para el sector de la estiba,y exigía que las empresas del sector pudiesen contratar libremente a sus trabajadores.

Con la llegada de Íñigo de la Serna al Ministerio De Fomento, se puso en marcha la redacción de un Proyecto De Ley que obligaría a liberalizar el sector.

En respuesta a esta medida, los operarios del puerto convocaron una huelga que retiraron cuando, el Ministerio de Fomento se prestó a crear un registro oficial de estibadores y a retrasar una semana la reforma de la estiba para volver a la mesa de negociación.

Ante la dificultad de las negociaciones y la falta de consenso, los sindicatos presentaron su mejor arma, un nuevo preaviso de huelga, convocada para nueve jornadas alternas durante 3 semanas a partir del próximo día 6 de marzo, en contra de la aprobación del Real Decreto-Ley que tenía programado el Ministerio.

El Gobierno ha aprobado este viernes la reforma del sector, cuando está el ambiente muy caldeado, y asegura tener un plan de contingencia, que se basa en asegurar los servicios mínimos,para subsanar las medidas que, se presupone, llevarán a cabo por los operarios del puerto.

La Comisión Europea se ha negado a incluir varias de las reivindicaciones del colectivo, entre ellas la de contar con un mayor plazo transitorio e incluir la subrogación de trabajadores y la de articular un registro de estibadores, medida que ya había aceptado el gobierno en las negociaciones.

La reforma anulará el actual modelo por el que las Sociedades De Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) monopolizan la contratación de los 6.150 estibadores que trabajan en los puertos españoles y, en cuyo capital se ven obligadas a participar las empresas portuarias. La reforma permitirá a estas sociedades operar en adelante como centros portuarios de empleo, bajo el régimen regulatorio de ETT.

Desde Fomento defienden que la reforma completa se implantará en 3 años, para así acomodar el sector a la normativa comunitaria. Durante el primer año, deberán contratar al 75% de los trabajadores del Sagep, el 50% en el segundo y el 25% al tercero.

Entre tanto y, como a señalado el Ministro Íñigo de la Serna, sigue abierta la negociación colectiva por la que los estibadores puedan incluir las reivindicaciones que considere oportunas.

Esta medida, una vez aprobada por el Consejo de Ministros, debe ser abalada en el plazo de un mes por el Congreso de los diputados (el grupo parlamentario Unidos Podemos se ha posicionado en contra).

El ministro de fomento defiende que “es una obligación del gobierno, que no tiene más salida que reformar la ley”, no es fruto de una decisión política, sino una obligación que impone la normativa europea y que, ante su incumplimiento, será penado con multas de 134.000 euros al día.