Banco Popular terminó el año con un batacazo en forma de pérdidas de 3.485 millones de euros, lo que se tradujo en una caída del 16% del valor de sus acciones, con lo que pasaron de los 16 euros por acción de hace 10 años, a los actuales 0,85 euros de cotización.

Para equilibrar el balance se destinaron más de 5.000 millones de euros- previendo una inminente ampliación o la entrada de un nuevo socio- a cubrir créditos fallidos e inmuebles adquiridos, cubrir el desastre financiero de las cláusulas suelo, el deterioro del fondo de comercio en el que participaba y casi malograda, TargoBank o 370 millones para dotar el plan de ajuste.

Por si fuera poco, unas 302 oficinas están por echar el cierre, con las que se va el 20% de la plantilla del banco en España, unos 2.592 trabajadores, siendo la mayoría de ellos mayores de 55 años, a los que se les ofreció el 70% de su sueldo (dependiendo de la edad) y una serie de excedencias e indemnizaciones generosas.

Barclays, Goldman, JP Morgan y UBS han avisado de que no se va a poder retribuir al inversor con reparto de dividendos, por lo menos, hasta 2019 y JP Morgan ve difícil la fusión del banco Popular con otro banco y señala que el precio de una oferta pública de adquisición sobre el Popular se situaría en torno a los 7.400 millones de euros, una cifra a la que se le han sumado una ampliación de capital previa a la compra para sanear el banco con 1.800 millones, un aumento de las provisiones por morosidad de 2.300 millones y 400 millones por los posibles ahorros que surgirían de una fusión.

JP Morgan también concluye que la entidad que mayor rentabilidad obtendría sería CaixaBank, con un beneficio neto por acción de 6%, pero que este resultado no parece justificar una operación de este calibre. Otro posible candidato para hacerse con el control del Popular es Bankia que, de acuerdo con un informe de UBS, a pesar de estar participada todavía por el Estado, el beneficio por acción de Bankiapodría subir un 58%, aunque tras una ampliación de capital de 12.600 millones y con un coste adicional de un 8% de caída del valor de sus acciones en 2018, tras integrar al Popular.

Emilio Saracho,que tiene su llegada efectiva el próximo 20 de febrero a la presidencia del Banco Popular, probablemente tendrá- según la agenciaFitch- que revisar el plan estratégico de su antecesor, Ángel Ron.

Fitch ha hundidola calificación de la deuda a largo plazo del Banco Popular en el bono basura hasta B+ y ha situado su perspectiva “en evolución” y añade que “la calidad de los activos y métricas de capitalización del banco se han deteriorado significativamente”, dejando sólo un “modesto margen para absorber las pérdidas inesperadas”.

Según Saracho, la situación actual del banco “representa un reto estratégico sustancial”.