El que fuera uno de los mayores escándalos de los últimos años, la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a una empresa cordobesa instaladora de alumbrado, propiedad de los hermanos Magdaleno, sale de nuevo a la superficie gracias a la intervención de la magistrada Patricia Fernández, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla.

Los Magdaleno, propietarios de la empresa Magtel, crearon una nueva empresa, Minera Los Frailes, para recibir la mina junto con sus socios mexicanos, Grupo México. Éste último con un expediente bien nutrido de incidencias medioambientales y de seguridad en sus explotaciones en varios países latinoamericanos. Este consorcio se hizo con posterioridad con el grueso de Minera Los Frailes una vez consiguiera la adjudicación, lo que siempre se sospechara entre quienes siguieron el desarrollo de la instrucción.

Anteriormente, ésta misma jueza -noviembre de 2015- decretaba el archivo de la causa al considerar que “hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto teniendo en cuenta, además, que con carácter previo había sido una normativa específica aprobada ad hoc”.

En el curso del procedimiento se ordenó la detención de 13 altos cargos de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, entre ellos la entonces directora general de Minas María José Asensio Coto.

La instrucción el 2 de marzo de 2015 tras la denuncia presentada por Emerita Resources, uno de los grupos mineros más importantes del mundo con matriz en Canadá y por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

En el proceso anterior intervino de forma decidida la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que aportó al juzgado material suficiente para armar el caso.

Reapertura del caso

Esta reapertura del proceso ha sido ordenada por la Audiencia de Sevilla en un acto en el que han intervenido cuatro magistrados entre ellos, y que actuó como ponente, la jueza Mercedes Alaya, bien conocida en la Junta de Andalucía por sus actuaciones en los casos ERE y Formación.

Hubo unanimidad en el fallo por parte de todos los magistrados intervinientes que apreciaron la presunta existencia de “ilegalidades severas y arbitrarias”, y “el elevado número de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración Autonómica, indiciariamente arbitrarios, nos obliga a concluir por tanto que en el actual estado de la causa no se puede descartar en absoluto que los hechos pudieran ser constitutivos entre otros de un delito de prevaricación”.

Por ello, la Audiencia manda al Juzgado nº 3 que centre su investigación en si se han producido presuntas irregularidades administrativas en el proceso de la concesión.

Ahora la jueza Patricia Fernández envió el lunes 23 a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Consejería de Industria para efectuar registros y demandar expedientes. Curiosamente en esa Consejería ocupa el cargo de Viceconsejera del área de Empleo, Empresa y Comercio la que fuera directora general de Minas detenida en el anterior proceso y posteriormente distinguida por la Junta con un notable ascenso.

Pero la magistrado ha pedido más cosas como, por ejemplo, información sobre el IVA generado y gestionado por los adjudicatarios y a la Seguridad Social información sobre empleados de esas compañías.

Además, solicita que se identifique a quienes participaron el mesa de contratación por si “hubieran sido ascendidos inmediatamente después de su participación”, lo que denunció Emerita Resources y que en el caso de la exdirectora general de Minas es un hecho constatable.

Y también información sobre movimientos de sus cuentas en los bancos con los que trabaja,

Finalmente ha ordenado la actuación de la Intervención General del estado para que analice todo el desarrollo de la adjudicación.

Imagen | ‘Ecologistas en Acción