El juzgado de instrucción nº 31 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Manuel Domínguez Moreno, socio minoritario del grupo EIG Multimedia, que edita y comercializa la revista ‘Cambio 16’, contra los accionistas mayoritarios agrupados en torno al grupo EIG Multimedia S.A.R.L. radicado en Luxemburgo, y, en concreto, los empresarios venezolanos Jorge Neri y Francisco Neri; y los administradores Rocío Gala Pérez, y Daniel Mijic.

A todos ellos les hace responsables de delitos societarios, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Los hermanos Neri estuvieron relacionados con la petrolera PDVSA y con su presidente, Rafael Ramírez Carreño, que también llegó a ser ministro del Poder Popular de Petróleo y Energía y actualmente ocupa el cargo de embajador del gobierno bolivariano ante las Naciones Unidas. Ramírez está acusado de ser el responsable de un posible desfalco de 11 millones de dólares en PDSVA.

Manuel Domínguez ha presentado esta querella no sólo en su nombre, sino también en el del grupo CI&TBP, SRL, antiguo Coastland Investiments, propietario del 10% de las acciones. En el texto de dicha querella se relata cómo Domínguez, propietario de EIG Multimedia, la editora de la histórica revista ‘Cambio 16’, recibe una oferta de “colaboración” con la sociedad AXON, que muestra su interés en llegar a un “acuerdo para coinvertir en una empresa de medios de comunicación en Venezuela”. Entre los proyectos que se mencionan inicialmente está la adquisición de ‘El Universal’, uno de los periódicos con mayor tirada del país cuya redacción se encuentra ubicada en Caracas.

Poco a poco, y tras una serie de maniobras societarias, AXON se va haciendo con el control de EIG Multimedia en España. Paralelamente, la familia Neri explica al resto del accionariado que se va a constituir la sociedad EIG Multimedia Luxemburgo, radicada en el Ducado para “desarrollar los proyectos de EIG Multimedia España”. Las explicaciones que dan los accionistas mayoritarios para trasladar la matriz son “de tipo fiscal, en relación con los fondos que tenían que aportar a la sociedad”. El trasvase de esos fondos se haría a través de una sociedad radicada en Hong Kong. Además de las ventajas fiscales que ofrece Luxemburgo, este país no suele poner inconveniente alguno a este tipo de transacciones.

Lo cierto es que EIG Multimedia pasa a ser controlada por EIG Luxemburgo. A 31 de diciembre de 2013 tenía un capital social de 2.099.812 euros, unos fondos propios de 2.104.545 euros, una cifra de negocios que en 2012 era de 317.884 euros, y de 193.879 en 2013, y unos gastos de personal de 17.035, y de explotación de 77.049 euros.

En 2014, el nuevo gestor declaró unas pérdidas de 513.104 euros, una cifra de negocios de 150.857 euros,  y un aumento de los gastos de 292.820 euros además de un fuerte incremento de la partida dedicada a personal: 370.113 euros.

El cambio de situación provocó que Manuel Domínguez requiriera información sobre las cuentas del grupo. Lo único que pudo conocer esos años fueron las ampliaciones de capital llevadas a cabo en septiembre y noviembre de 2014 y en febrero y abril de 2015. Pero desconociendo el origen, características e identidad de las personas físicas o jurídicas que llevaron a cabo las aportaciones en estas ampliaciones. En éstas y en ninguna de las que se hayan podido llevar a cabo y que no constan para el socio minoritario.

Este escribió una carta a los accionistas mayoritarios, que se ha incorporado a la querella, en la que dice “tengo fundadas sospechas de que Usted me haya utilizado a mí y a la propia compraventa través de los cuales Usted decidió construir la operación. Usted haya tratado de colocar en España capitales ilícitamente obtenidos en Venezuela”.

Al mismo tiempo que enviaba esta carta, Manuel Domínguez rompió las negociaciones que llevaba a cabo con los accionistas mayoritarios y empezó a poner en marcha las acciones pertinentes para informar a las autoridades de la situación que atraviesa la sociedad editora de ‘Cambio 16’ y poner este asunto en manos de la Justicia, tal y como ha hecho.

El único problema de la admisión a trámite es que el Juez Serrano-Arnal, titular del juzgado 31 de Madrid, requiere la opinión del Fiscal sobre “la competencia territorial por cuanto en realidad lo que se denuncia es la falta y negativa de información y no extiende su solicitud a una sociedad luxemburguesa domiciliada allí”.

En este sentido, la acusación recuerda que en la querella se expresa un dato revelador. EIG Multimedia de España ha declarado, en el registro mercantil, “pérdidas por valor superior a los cuatro millones de euros, en una actividad con nada más que tres trabajadores”. Por lo tanto, hay que suponer que se está gastando por encima de cualquier posibilidad empresarial mientras, se repite, los trasvases de dinero mediante el sistema de “ampliaciones de capital” se siguen produciendo, desde Hong Kong, vía Luxemburgo, hasta España. De esta manera se hace necesaria la investigación aquí de un presunto delito de blanqueo de capitales al que hay que añadir el fiscal porque el propio Jorge Neri ha manifestado, en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación, que la utilización de la sociedad luxemburguesa se lleva a cabo para “ahorrar los impuestos de España”.

De todas maneras, es el Fiscal el que tiene la última palabra.

Imagen | Jorge Neri