El pasado verano llegaba desde Bruselas una noticia bastante chocante: el 75% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se generan en España no se gestionan de forma adecuada. El impacto social no fue excesivo. Se trata, como la mayoría de cosas verdes, de algo que pasará factura dentro de muchos años. Pero Equo, perteneciente al grupo parlamentario Unidos Podemos, ha llevado este debate al Congreso de los Diputados.

En concreto, a iniciativa del diputado Juan Antonio López de Uralde se han presentado una serie preguntas relativas a la gestión de los residuos electrónicos en España, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

Los argumentos son muy simples. Según la Unión Europea, aproximadamente el 75% de los residuos de aparatos electrónicos no se gestionan de forma adecuada. Esto no solo supone un perjuicio para el medio ambiente y la salud de las personas, sino también un presunto fraude a los consumidores. Y es que cada vez que compran un aparato con interruptor, pagan por adelantado una tasa por el reciclado del producto cuando se convierte en chatarra.

Pero desde Bruselas llegan cifras bastante sonrojantes: los fabricantes destinan poco más del 20% de ese dinero recaudado al correcto tratamiento de los productos.

España encabeza el ranking de países europeos con más fraude en reciclaje de basura electrónica. Así, según un informe de Eurostat, se revela que en nuestro país se recicla uno de cada cuatro aparatos electrónicos, mientras que los países de nuestro entorno procesan de media el 35% de la basura electrónica que producen.

Preguntas muy directas

Ante este panorama, en la exposición de motivos de Uralde se destaca que el consumo de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y todo tipo de aparatos electrónicos es cada vez mayor. Pero su vida es cada vez más corta, debida en parte a la obsolescencia programada. Eso provoca que cada vez sea mayor la generación de basura electrónica en nuestro país.

Así, a pesar de la legislación existente, hay serias dudas de que el reciclaje en condiciones ambientalmente seguras se esté llevando a cabo con la basura electrónica que se genera. En este contexto, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos establece que a partir del 1 de enero de 2017 los productores deberán conseguir un objetivo mínimo de preparación para la reutilización de residuos de aparatos enteros en los siguientes términos:

a) Para los RAEE de Aparatos electrónicos y de consumo y paneles fotovoltaicos y televisores, monitores y pantallas un objetivo mínimo de un 2%.

b) Para los RAEE de Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños un objetivo mínimo de un 3%

Las preguntas son muy directas. En primer lugar, el Gobierno debe ofrecer “la cantidad de basura electrónica que se genera en España”, así como su evolución en los últimos años. Y, quizá la pregunta más importante: “¿Qué cantidad de esa basura electrónica se gestiona de acuerdo con la legislación vigente?”.

Uralde también plantea si “el Gobierno sabe de la existencia de plantas ilegales de tratamiento de estos residuos”. Asimismo, también pregunta si “¿Tiene el gobierno noticias de exportaciones de residuos electrónicos a terceros países para su tratamiento o vertido final?”.

Habrá que esperar a la respuesta del Gobierno, sobre todo porque pondrá en una situación muy comprometida a muchas compañías tecnológicas ante las posibles malas prácticas que estén llevando a cabo.

Imagen | ‘Greenpeace